A las 16 horas del miércoles 11 de febrero, los jóvenes detenidos a raíz de los incidentes del 5 de febrero, han sido conducidos a la cárcel pública de Black Beach por orden del Juez de Instrucción número 2 de Malabo, Joaquín Cristian Nguá, quien actuaba siguiendo las instrucciones del Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Martín Ndong Nsue.
Entre los conducidos a Black Beach, además de varias decenas de menores, algunos de ellos de doce años, está un tal Santiago, de unos 55 años, detenido en su casa en la noche de los hechos; la policía quería detener a su hijo menor de edad, a lo que el padre se opuso ya que, según él, su hijo no había salido de casa aquella tarde. Ante su resistencia, la policía dejó al menor y, en su lugar, se llevaron a Santiago.
Los detenidos están acusados de “lucha tumultuosa”, según una fuente que ha tenido acceso a la orden de encarcelamiento contra ellos. Entre llantos y desesperación de las madres, algunas de ellas con bebés en sus brazos, los detenidos, 311 aproximadamente, han sido trasladados en unos ocho autobuses blindados de la policía. El número representa la mitad de las estimaciones iniciales, pues varias decenas de jóvenes han sido liberados oficiosamente después de que sus familias hubiesen sobornado a los policías encargados de su custodia en la comisaría de Guantánamo. El resto de detenidos en dicha comisaría, son delincuentes comunes, extranjeros documentados o indocumentados, ciudadanos con causas diferentes que llevan ahí semanas y hasta meses sin que hayan sido conducidos al juez.
Los detenidos serán nuevamente conducidos al Juzgado de Instrucción número 2 de Malabo mañana, con el fin de que sean oídos en declaración por el Juez.
CPDS sigue condenando la actuación inmisericorde del Gobierno, que viola el ordenamiento jurídico nacional al detener ilegalmente a la gente, así como la Convención de los Derechos del Niño, ratificada por el Estado ecuatoguineano.
CPDS exige la inmediata liberación de los detenidos y un trato humano para ellos mientras dure su permanencia ilegal en la cárcel.
Fuente Diario Rombe
