Desde que se hizo con el poder de forma violenta, Alassane Ouattara está obsesionado con que vengan a Costa de Marfil cuantos más inversores mejor. De la cumbre del G8 en Deauville a la reciente estancia en Camerún, pasando por el encuentro con la patronal francesa (MEDEF), la visita de François Fillon a Costa de Marfil y la reunión de la comisión consultiva para la financiación del Programa nacional de desarrollo (PND), nuestro “Magallanes” –como él mismo dice que lo llaman– no ha parado de repartir invitaciones para invertir en Costa de Marfil. Y, más por curiosidad que por una cuestión de educación, los hombres de negocios hacen las maletas y se presentan a orillas del lago Ebrié.
Según la información facilitada por la red de hosteleros de Costa de Marfil, más de 1500 hombres de negocios, registrados como tales en las fichas de información correspondientes, llegaron al aeropuerto Félix Houphouët-Boigny entre septiembre de 2012 y abril de 2013. Eso sin contar los que ya residían en el país para velar por los intereses de Francia, antes de la llegada al poder de Alassane Ouattara, Los ejecutivos estaban esperando el momento adecuado para invertir, pero según las encuestas realizadas por empresas independientes, la mayoría de ellos se fueron, mientras que el resto sigue esperando antes de dar el paso definitivo. En el entorno del Centro de fomento de la inversión en Costa de Marfil (CEPICI), se respira confianza en que la situación mejore, aunque se hagan notar algunos recelos acerca del clima de seguridad. “Cumplimos con nuestra obligación de hacer que vengan los inversores. Los convencemos para que inviertan, exponiéndoles todas las oportunidades. Lo demás es decisión personal suya”, dice un agente. ¿Se puede invertir sin miedo en Costa de Marfil? No hemos olvidado aquello que dijo con contundencia el vicepresidente de la MEDEF internacional, Michel Roussin, con motivo de la apertura del simposio de la Agencia francesa para el desarrollo internacional de las empresas (UBIFRANCE). “No vamos a pronunciar los típicos discursos de siempre. Haremos las observaciones oportunas a los ministros que tengan a bien reunirse con nosotros y, cuando volvamos a nuestros respectivos lugares de origen, elaboraremos un informe en que detallaremos las conversaciones que hemos mantenido”, aseguró como portavoz de una delegación de 70 responsables de empresas francesas. Resulta evidente que esas palabras traslucen el temor que tienen los inversores franceses –y también todos los demás– a la hora de plantearse hacer negocios en Costa de Marfil, donde el clima de inseguridad se ha generalizado y, cuando Michel Roussin alude a una nueva consulta, lo hace más que nada por prudencia. Lo que quiere sobre todo es alertar a sus compatriotas de los riesgos que correrían sus empresas si invirtieran masivamente en un país donde la corrupción determina el funcionamiento del mundo de los negocios, donde la justicia no es independiente, sino que está al servicio de los vencedores. “El país tiene necesidades imperiosas, pero antes hay que resolver los problemas que se dan en el ámbito fiscal y judicial y en materia de seguridad”, aseguró el presidente de los responsables de las empresas France-Afrique de l’Ouest, Marc Rennard.
Inseguridad, corrupción y dictadura
Efectivamente, la decisión de invertir en un país depende de distintos factores y entre los más importantes están la seguridad y el Estado de derecho, en el sentido que se le da a este en la siguiente declaración de la ONU: “En el sistema de las Naciones Unidas, el concepto de Estado de derecho designa un principio fundamental de gobierno, en virtud del cual el conjunto de los individuos, de las instituciones y de las entidades públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sujetos a las leyes promulgadas, que se aplicarán a todos sin distinción y con objetividad y que serán compatibles con la reglamentación y la normativa internacional en materia de derechos humanos”. Pero el caso es que todos los observadores del ámbito social y político en Costa de Marfil coinciden en que, desde que el presidente Laurent Gbagbo fue derrocado, se detiene arbitrariamente y se tortura, por el mero hecho de formar parte de la mayoría que votó al presidente o por razones identitarias. Son numerosos los presos que permanecen en las cárceles sin juicio desde hace más de dos años: 135 detenidos militares y 176 detenidos civiles se pudren en las mazmorras del régimen, sin que hayan tenido derecho a juicio.
La oposición ha sido ignorada y no se le reconoce el derecho a la libertad de reunión. Así lo prueba la detención del presidente interino de las juventudes del FPI –el Front Populaire Ivoirien de Laurent Gbagbo–, Koua Justin, por parte de un destacamento cuya misión era supuestamente la lucha contra la delincuencia organizada, y que se produjo en el trascurso de una reunión de altos cargos que se estaba celebrando en la sede provisional de ese partido. Asimismo, la libertad de prensa se ve constantemente amenazada e incluso se han prohibido los periódicos afines a la oposición. Los domicilios particulares de los miembros del partido de Laurent Gbagbo han sido saqueados y, posteriormente, los militares del régimen se han apoderado de ellos para convertirlos en cuarteles con cámaras de tortura o en residencias privadas. Todo ello con el beneplácito de las nuevas autoridades del país que se limitan a emitir simples protestas formales. Pero lo malo no acaba ahí, como lo prueba la inseguridad protagonizada por las unidades de apoyo de las fuerzas armadas (FRCI) y los cazadores tradicionales dozo que se han extendido por todo el territorio del país imponiendo su ley: establecen puestos de control para extorsionar, atracan a personas, atracan domicilios con armas suministradas por los potentados del régimen para que combatan… Atacan también los puestos de control de las FRCI para vengarse del poder de Ouattara, que los ha dejado tirados después de haberlos utilizado en su lucha por llegar al poder. La situación es “delicada”, como la califica el analista independiente de la ONU, Doudou Diène. “La situación es delicada porque esas instituciones que el Estado intenta instaurar, y que de hecho lo están formalmente, carecen de medios para el ejercicio de sus responsabilidades. En bastantes sitios, no hay ni cárceles. Las fuerzas de seguridad del Estado no tienen vehículos. Cuando hay un aviso de que en alguna parte se ha producido una violación u otro acto con violencia, no pueden desplazarse hasta el lugar de los hechos y además, lo que es aún más grave, no tienen armas”, indica en un informe remitido a la ONU. Incluso hay algo peor: todos los informes de las organizaciones comprometidas con los derechos humanos insisten en la existencia de una justicia impuesta por los vencedores. Recordemos que el 21 de mayo de 2011, en su acto de investidura en Yamoussoukro, Alassane Ouattata aseguraba ante los ojos del mundo: “Se acabó la impunidad en Costa de Marfil; todos los culpables de crímenes será ajusticiados, independientemente de su color, su orientación política o su graduación militar”. Los que daban crédito a esas palabras aplaudieron efusivamente; los demás, escépticos, preferían ver para creer y, al final, a pesar de las múltiples declaraciones que renovaban ese compromiso de Ouattara, tanto los optimistas como los escépticos vieron… que el mandatario no había dicho la verdad. En Costa de Marfil, no se puede negar que existe una justicia impuesta por los vencedores y se ven pocos indicios concretos de aquella prometida justicia imparcial. En palabras de Philippe Bolopian, representante de Human Rights Watch ante las Naciones Unidas, “la justicia impuesta por los vencedores no hará posible la reconciliación, ni tranquilizará a los miembros del clan Gbagbo y a sus simpatizantes.
Ya es hora de pasar esa página oscura de la historia de Costa de Marfil, lo cual sólo se conseguirá con una justicia auténticamente imparcial y no con una justicia impuesta por los vencedores”. Y para impulsar este planteamiento “Human Rights Watch anima a la comunidad internacional a presionar a las autoridades marfileñas, para que las palabras de estas últimas se conviertan en hechos”. Según la ONG americana, los socios europeos de Costa de Marfil, Francia y Estados Unidos deberían aumentar la presión diplomática y condicionar su apoyo financiero a los esfuerzos que se lleven a cabo para la consecución de una justicia imparcial, lo cual supone una velada invitación a someter al embargo económico a Costa de Marfil. Y es que para Human Rights Watch, “la intensa recuperación económica” de Costa de Marfil no debe hacernos olvidar que “la ausencia de una justicia imparcial y la falta de interés por otros problemas podrían poner en peligro las perspectivas de estabilidad y de desarrollo a largo plazo”. En otras palabras, la ausencia de una justicia imparcial amenaza la estabilidad del país a largo plazo.
Costa de Marfil, un país con riesgos
¿Cómo un inversor, nacional o extranjero, va a poner en circulación su dinero en un sistema en que la justicia no cumple con la equidad? La creación de un tribunal de comercio, que tanto se utiliza como excusa, no soluciona el problema de la falta de imparcialidad de la justicia. Un operador comercial es antes que nada un ciudadano, nacional o extranjero, y, como tal, está sometido a la justicia. ¿Cómo un operador económico marfileño va a tener valor para invertir, si sabe que las unidades de apoyo de las fuerzas armadas le pueden arrebatar su negocio con total impunidad? En la actualidad hay cientos de ejemplos de empresas que han recibido la “visita” de hombres armados que después han desaparecido tranquilamente con su botín, aunque se sepa perfectamente quiénes son. El estado actual del mundo de los negocios en Costa de Marfil no es propicio para hacer inversiones seguras y rentables en el tiempo. “No hay que perder de vista que el desarrollo es imposible en un entorno conflictivo como el actual, en que se está atentando contra la unidad nacional. Ningún inversor se arriesgará a traer su dinero a un país en el que al menos una vez al mes se produce alguna agresión contra las fuerzas del orden que se supone deberían garantizar la seguridad de las personas y las propiedades. Hoy en día, con las cárceles convertidas en objetivo de grupos sin identificar, Costa de Marfil no es destino seguro para las inversiones, pues nadie sabe cómo van a empeorar las cosas en el país”, afirma Doumbia Major, ex-portavoz de la coalición política Forces nouvelles y que sabe de lo que habla.
Publicado en Notre Voie de Abidjan
Traducido por Javier de Agustín
