Hasta ahora, más del 20% de las tierras cultivables de Sierra Leona han sido arrendadas o están por ser adquiridas por grandes inversores extranjeros, en general contra la voluntad de los pobladores.
Al sudeste de Sierra Leona, distrito de Pujehun, el gobierno “ha cedido” 65 km2 al grupo belga Socfin para la plantación industrial de palmas, obligando a los pobladores a abandonar cultivos tradicionales de subsistencia, para favorecer productos industriales que suponen un gran negocio. Estos monocultivos industriales obligan a reducir tierras para la agricultura tradicional en beneficio del aceite de palma y agrocombustibles (biocombustibles), a cambio de casi nada para las poblaciones de origen.

A las personas que viven en el campo y del campo nadie les ha preguntado si están de acuerdo, sino que se ven obligados a ceder sus tierras por lo menos durante 50 años a esa empresa.

Las 24 comunidades afectadas por el proyecto fundaron la Asociación de Propietarios de Malen (MALOA) para defender sus derechos. Pero quien se defiende del robo de tierras resulta amenazado. En octubre fueron encarcelados cinco miembros de la Asociación acusados de haber arrancado palmas aceiteras de una plantación de Socfin.

El principal accionista de Socfin es el grupo francés Bolloré, actor clave del negocio, entre otros, de la palma aceitera, que está presente en muchos países africanos y es conocido, en Camerún por ejemplo, por sus prácticas abusivas.

Fuente: salvalaselva.org