La municipalidad de Ciudad del Cabo ha sido sorprendida in fraganti utilizando pretextos de legales fraudulentos para justificar los desalojos de los habitantes de chabolas que habían ocupado un segmento de tierra vacío, propiedad del ayuntamiento, citando una ley que no existe, que según las autoridades se llama “Acta de Protección de la Posesión de Propiedad” (Protection of the Possession of Property Act). Después de hablar con expertos legales en el campo de la propiedad y los desahucios, se me dijo que las expulsiones de los habitantes de los asentamientos de “Marikana” en Philippi Este, de Ciudad del Cabo no solo fueron ilegales, según el acta de PIE, sino que los funcionarios de la ciudad mintieron sobre las condiciones de vida de los habitantes de los asentamientos.
Lo más preocupante es que el ayuntamiento ha llegado a inventarse un acta del parlamento para presentar leyes de tradición común como autentico contrapunto al Acta de PIE, para justificar las expulsiones.
El reciente desalojo de cientos de personas que vivían en chabolas, que se auto denominaban a sí mismos la tierra ocupada de Marikana, en honor a sus “hermanos que murieron allí, porque nosotros también nos estamos organizando pacíficamente, y estamos dispuestos a morir por nuestra lucha”, ha llegado a los grandes medios de comunicación con imágenes que parten el corazón, de una madre con su hijo de un mes siendo expulsada de su casa.
Desde la ocupación el “día de la No libertad”, he seguido de cerca los acontecimientos, visitando el lugar casi a diario y, en mi propio papel periférico de activista y defensor de la comunidad, ayudando al movimiento a lograr acceso a una representación legal y organizando las donaciones de comida y ropa para las más vulnerables de las familias afectadas.
Después de haber visto muchas expulsiones similares durante años, y hablando con una serie de especialistas en la materia, ha quedado claro que los gobiernos municipales de todo el país se aprovechan de la incapacidad de las comunidades pobres para representarse a sí mismas de forma efectiva en los medios y para acceder a una representación legal. Las autoridades utilizan esta vulnerabilidad para burlar varias garantías constitucionales cuando expulsan a los habitantes de las chabolas y surafricanos sin hogar. Entonces, con frecuencia, la municipalidad afirma públicamente que las expulsiones que hace son legales, tergiversando las leyes y mintiendo con respecto a los hechos sobre el terreno.
El día 3 de mayo, la directora de medios de Ciudad del Cabo, Kylie Hatton, emitió un comunicado sobre las expulsiones de “Marikana” en el que decía:
El miércoles, día 1 de mayo de 2013, la Unidad Anti Invasión de la Tierra de la ciudad demolió 125 estructuras en Philippi, y el martes, día 2 de mayo, derribó otras 11 estructuras. El viernes, día 3 de mayo, se eliminaron otras cuatro estructuras.
Esto se hizo de acuerdo con el Acta de Protección de la Posesión de Propiedad, que no necesita una orden judicial. Sin embargo, los residentes fueron advertidos verbalmente, antes de la eliminación de las estructuras.
La alcaldía de Ciudad del Cabo seguirá controlando y tomando acciones en términos de combatir la expoliación (según la ley mencionada) para proteger sus tierras de la ocupación ilegal.
Por favor, debe observarse que la municipalidad no eliminó las casas con gente dentro. La Unidad Anti Invasión de la Tierra eliminó estructuras ilegales no ocupadas y los materiales que se estaban utilizando para construirlas.
Sin embargo, al consultar con una serie de reconocidos expertos en materia de propiedad y expulsiones destacan varios problemas y contradicciones en el comunicado.
Sheldon Magardie, experimentado abogado y director de la oficina de Ciudad del Cabo del Centro de Recursos Legales, fue contundente cuando le pregunté sobre el Acta que cita Kylie Hatton: “No existe una ley llamada así”. El abogado Stuart Wilson, director del Instituto de Derechos Socioeconómicos y profesor de Derecho de la Propiedad en Wits, está de acuerdo en que no existe un Acta semejante en Suráfrica.
No solo esta ley ha sido inventada por las autoridades o quien quiera que les asesora, sino que en realidad la municipalidad ha ignorado dos documentos legales surafricanos, que explican exactamente lo que el gobierno debe hacer cuando un terreno ha sido ocupado: la Constitución de Suráfrica y el Acta sobre la Prevención de Expulsiones Ilegales de una tierra ocupada ilegalmente, el Acta PIE, (Prevention of Illegal Eviction from and Unlawful Occupation of Land Act) de 1998. La sección 26(3) de la Constitución establece que “nadie puede ser expulsado de su casa, o su casa demolida, sin una orden judicial emitida después de tener en consideración todas las circunstancias relevantes. Ninguna legislación puede permitir las expulsiones arbitrarias”. El Acta PIE legisla el procedimiento del tribunal para una expulsión legal.
Stuart Wilson además explica que lo que la alcaldía está intentando hacer con su argumento “es reivindicar la contra-expoliación… una ley tradicional del derecho común que data de la época de los romanos”. La ley común afirma que las autoridades legales siempre deben forzar al poseedor de la propiedad a deshacerse de la propiedad (independientemente de si esa persona tiene derecho o no a esa propiedad). La contra expoliación, una excepción a esta regla, “permite a una persona que está en proceso de que se le arrebate la tierra, retomar inmediatamente esa propiedad sin una orden judicial… [Es decir] que nunca se hicieron con la propiedad en primer lugar, a lo sumo, estaban en proceso de intentar quitársela. Lo que la alcaldía parece estar diciendo, aunque de forma bastante torpe, es que tenía derecho a recuperar su tierra inmediatamente, sin una orden judicial, porque los “invasores” estaban, como mucho, en proceso de quitarle a la ciudad la posesión de la tierra”.
Sin embargo, al igual que Wilson, Magardie y otros han explicado que la contra-expoliación no es aplicable a la expulsión de personas de sus casa, no importa si esas personas son consideradas “ocupas” o incluso “acaparadores ilegales de tierra”, como en el caso de Rudolf contra la municipalidad de Ciudad del Cabo, en 2004.
Es más, bajo esas circunstancias, Wilson dice que “siempre será necesario seguir el procedimiento establecido por el Acta PIE”. Por lo tanto, el Acta PIE es aplicable a todos los casos de gente que ocupa tierra o estructuras de cualquier tipo, incluso cuando las autoridades consideran que esas casas están “parcialmente construidas” o “sin terminar”.
Aún así, la municipalidad afirma que esas chabolas no eran “casas” sino “estructuras vacías” que no estaban ocupadas. Esto es una mentira flagrante. Las directrices oficiales de la ciudad para la Unidad de Anti Invasión de la Tierra, ALI, define una “casa” con bastante claridad: “una estructura no es una “casa” hasta que haya sido habitada por una persona o varias que residan en dicha estructura con sus pertenencias y que pretendan seguir haciéndolo continuadamente”. Y después añade que “cuando el acto de ocupar ilegalmente ha sido completado, la contra expoliación no será permitida”.
En referencia a todas menos unas pocas, las chabolas estaban ocupadas con camas, muebles, ropa, alimentos, y sí, con personas que vivían y dormían en ellas. Si este no hubiera sido el caso, entonces ¿por qué las fuerzas de seguridad sacaron a la gente y sus pertenencias por la fuerza de sus casas? Casi en cada una de las casas fue necesaria la expulsión física de la gente y sus posesiones por parte de las fuerzas de seguridad, antes de la destrucción por parte de la Unidad de Anti Invasión de la Tierra. Esta forma de Contra-expoliación requiere explícitamente una orden judicial, de lo contrario es ilegal.
Como testigo que ha visto las chabolas ocupadas y siendo viviendas durante muchos días antes de las expulsiones (Desde el 25 de abril), que también ha visto las expulsiones del 28 de abril y el 1 de mayo, sé que esto es cierto. Aunque, y lo que es más importante, hay más que suficientes fotos y grabaciones de vídeo de un montón de gente (vecinos, periodistas, incluso funcionarios municipales) que demuestran que las familias y sus haberes fueron sacados de sus casas por la fuerza.
Estas casas estaban claramente ocupadas y por tanto las expulsiones fueron claramente ilegales. La alcaldía debe explicar: 1 ¿Por qué está llevando a cabo desahucios ilegales? 2. ¿por qué está mintiendo sobre las expulsiones afirmando que las casas no estaban ocupadas? Y 3. ¿Por qué se inventa leyes para justificar estas expulsiones?
Es más, los representantes municipales deben explicar por qué confiscaron las propiedades de los residentes y se niegan a devolverles esas propiedades. Según las propias directrices de la ALI, no puede confiscarse material/propiedad, y si es confiscado, debe ser inmediatamente devuelto, al ser reclamado, al legítimo propietario.
Finalmente, y lo más preocupante, la municipalidad de Ciudad del Cabo debe justificar por qué ha destinado 8 millones de rands del presupuesto de Vivienda para la creación de la ALI, en 2008, y sigue gastando el dinero de la Vivienda en una Unidad que no tiene por misión construir, sino destruir las casas de la gente. Esta enorme suma de dinero podría haber sido más efectiva si se hubiera utilizado para reducir el enorme retraso en materia de Vivienda.
En una ciudad tan desigual y segregada como esta, es un crimen que nuestro gobierno esté reforzando los legados del apartheid y siga despojando a su pueblo de la tierra. Mientras tanto, se gastan millones en expulsar ilegalmente de la tierra a los pobres sin hogar, que simplemente intentan proporcionar una vida decente a sus familias cuando construyen sobre un terreno público vacío y en desuso.
Jared Sacks
Daily Maverick, Suráfrica, 06 de mayo de 2013.
