Las escenas de horror vuelven a repetirse día tras día. Miles de personas están perdiendo su vida en el intento de llegar a Europa en los últimos años. “No son emigrantes económicos”, repite desesperadamente ACNUR a una Unión Europea miope e indolente a lo que está aconteciendo. Se trata de personas que huyen de la guerra, de la violación sistemática de sus derechos más fundamentales. Se trata de personas que huyen de la muerte. En estas últimas semanas, son esencialmente personas procedentes de Siria que buscan dejar atrás la pesadilla que tiene lugar en su país desde hace cuatro años.
No obstante, la crisis migratoria que en los últimos tiempos está teniendo al Mediterráneo como una de las principales vías de huida ha tenido otro gran protagonista: Eritrea. Según ACNUR, unos 417.000 refugiados y solicitantes de asilo eritreos (esto es casi el 9% del total del país) se encuentran repartidos en diferentes campos de refugiados de países vecinos (Sudán y Etiopía, principalmente) o han llegado a Israel o a Europa en los últimos años. De hecho, los eritreos fueron el segundo grupo más numeroso de migrantes en llegar el año pasado a Europa por detrás de las personas procedentes de Siria. En 2014, los eritreos supusieron el 23% de los 170.100 migrantes que llegaron a Italia por mar. Y es que la situación en esta ex colonia italiana es tal que la organización de Naciones Unidas para los refugiados estima en una media de 5.000 los eritreos que abandonan cada mes su país. ¿Qué es exactamente lo que está sucediendo en este rincón de África? ¿Qué motivos existen para que cientos de miles de eritreos hayan decidido huir de su tierra en los últimos años?
Eritrea, ¿la Corea del Norte africana?
Eritrea ha sido etiquetada en numerosos informes y artículos que analizan la situación política y de los derechos humanos en el país como la “Corea del Norte africana”. ¿Es exagerada o pertinente esta analogía? Tras su relativamente reciente independencia de Etiopía en 1993, el gobierno eritreo de Isaias Afewerki acumula numerosas denuncias de Naciones Unidas o de organizaciones como Amnistía Internacional o Human Rights Watch por arrestos arbitrarios, detenciones y desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y tortura, restricciones en la libertad de expresión, conciencia y movimiento, represión de libertad religiosa (especialmente de aquellas minorías que no profesan las cuatro principales: el islam suní y las ramas cristianas ortodoxa, católica y luterana) y de prensa (Reporteros Sin Fronteras lo ha catalogado en numerosas ocasiones como el “peor país del mundo para ser periodista”), o entre otras cosas, expropiaciones de tierras y discriminación de minorías étnicas como los Afar o los Kunama.
La situación política y social es, mire por donde se mire, irrespirable, tal y como alegan todos los informes hechos a partir de miles de entrevistas con opositores o ciudadanos que han huido del régimen eritreo. Desde su independencia, el país ha postergado de manera sistemática la posibilidad de celebrar elecciones multipartidistas, a la vez que la elite que rodea al régimen liderado por Afewerki ha ido encerrándose en sí misma creando un verdadero clima de terror. Un informe reciente de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas consideraba que las violaciones de derechos humanos -algunas incluso constitutivas de crímenes contra la humanidad- son de “un alcance y una escalada raras veces presenciadas”. Lo que parece claro, y más allá de la analogía con la situación norcoreana, es que las personas que huyen lo hacen por ser víctimas de una brutal dictadura.
Un ejército, ¿para qué amenaza?
Una de las características de dicho régimen es su militarización, basada en la consolidación de un ejército descomunal: 322.000 soldados para un país de 4,7 millones de habitantes, lo que supone 32 soldados en activo por cada mil habitantes, el segundo mayor índice del mundo, precisamente, después de Corea del Norte, que ostenta el récord con 48 soldados por mil habitantes. Todos estos números sitúan también al ejército eritreo como el de mayor extensión de toda África Subsahariana, sólo superado –si tenemos en cuenta todo el continente africano- por Argelia (423.000 soldados) y Marruecos (396.000).
Pero lo más preocupante de este asunto es la forma en que este ejército se configura. El gobierno eritreo utiliza el reclutamiento forzado para hombres y mujeres mayores de 18 años. Un reclutamiento que tiene además un carácter indefinido desde 1998, pudiendo durar el servicio militar períodos incluso de más de 10 años, según lo decidan los mandos del ejército en cada caso. Las condiciones que padecen los soldados son extremas (el salario medio no supera los 30 dólares al mes), los abusos sexuales hacia las mujeres son sistemáticos y en muchas ocasiones estar en el ejército es sinónimo de convertirse en mano de obra casi esclava para construir carreteras u otras infraestructuras. Toda esta dinámica también supone la destinación de enormes cantidades de recursos al ámbito militar en detrimento de otras necesidades mucho más básicas, a la vez que implica la escasez de mano de obra para la agricultura en un país en el que el 80% depende de la agricultura de subsistencia.
El reclutamiento forzado e indefinido es uno de los principales motivos por los que muchos jóvenes alegan haber huido del país, además de la situación de violación de derechos humanos generalizada que existe. Para el gobierno de Afewerki, el principal motivo que justifica el volumen del ejército y las prácticas utilizadas es la amenaza que, según éste, todavía supone la vecina Etiopía, con quien Eritrea libró una guerra durante los ochenta que finalizó en 1993 con la independencia eritrea. Entre 1998 y 2000, las hostilidades volvieron a reproducirse tras nuevas tensiones por la delimitación de la frontera entre ambos países. La intervención de Naciones Unidas y el establecimiento definitivo de fronteras en abril de 2002, por resolución del Tribunal Internacional de Justicia, detuvo temporalmente el enfrentamiento armado. No obstante, el gobierno eritreo continúa abanderando la amenaza etíope como la principal justificación para su política militar.
El infierno continúa en el Sinaí
La huída que muchos refugiados emprenden, bien directamente desde Eritrea o bien desde los campos de refugiados de Sudán o Etiopía en los que se han establecido previamente, es solo el principio de un durísimo periplo. Las redes de tráfico de personas en la región ha encontrado en los eritreos una espeluznante forma de negocio. En plena huída e incluso engañados o forzados a abandonar los campos de refugiados en la región, miles de eritreos son secuestrados por estas mafias para posteriormente hacer chantaje a sus familiares, mientras son torturados y extorsionados.
Según las organizaciones de derechos humanos, la Península del Sinaí se ha convertido de manera especial en uno de los lugares a los que estas redes criminales llevan a miles de eritreos. Los testimonios de los que logran escapar o bien pagar las cantidades solicitadas para emprender el viaje a Europa explican verdaderas aberraciones que algunos reportajes como este de el periódico El País explica. Según datos del Parlamento Europeo, entre 25.000 y 30.000 personas han sido víctimas del tráfico de personas a través del Sinaí entre 2009 y 2013, de los cuales el 95% eran procedentes de Eritrea.
El doble rasero internacional
El papel de la comunidad internacional ante la dramática situación que padece la población eritrea ha sido más bien mediocre. Naciones Unidas ha mantenido una actitud más activa, a través de la elaboración de informes bastante contundentes sobre la situación de los derechos humanos en el país o bien impulsando un embargo de armas desde hace un tiempo o aprobando sanciones al régimen eritreo (respaldadas por la Unión Africana), en este caso por su supuesto apoyo al grupo yihadista Al-Shabab y a organizaciones similares. La UE también ha aprobado un embargo de armas sobre el país, así como la congelación de bienes y la prohibición de viajar a una lista determinada de individuos.
No obstante, el doble rasero internacional se evidencia con el papel desempeñado por algunas empresas internacionales y la pasividad de los países de origen. El caso más flagrante es sin duda el de Canadá. La empresa canadiense Nevsun pagará 14.000 millones de dólares a Eritrea en los próximos 10 años por la explotación de algunas de sus minas. En 2013, Human Rights Watch denunció que centenares de reclutas forzados eritreos habían sido utilizados por la empresa estatal Segen Construction Co. para construir infraestructuras en la mina de Bisha, la única mina de minerales en funcionamiento en el país. El caso es que Bisha es esencialmente propiedad de la canadiense Nevsun. Si bien dicha empresa declaró desconocer la situación en la que se encontraban los centenares de trabajadores eritreos, lo cierto es que las presiones diplomáticas tanto de Canadá como del conjunto de la comunidad internacional han sido más bien escasas. China o Australia son otros de los países que tienen una importante presencia inversora en el país y donde cabría analizar –en el caso de China es evidente que no existe– la presión de sus respectivos gobiernos para velar por el respeto de los derechos humanos.
El despropósito europeo ante la crisis eritrea
Es un titular mil veces repetido en estos días: ante la mayor crisis de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial, la Unión Europea navega, otra vez más, a la deriva. En lugar de plantear un acuerdo histórico para afrontar las causas y consecuencias de esta dramática coyuntura, las respuestas están siendo parciales, securitizadas y claramente insuficientes. Si alguna vez Europa pretendió ser un referente en materia de derechos humanos, está claro que atraviesa el momento más bajo de su corta historia.
Esta incapacidad es todavía más aberrante si nos hacemos eco de lo que algunas fuentes como The Guardian han puesto en circulación en las últimas semanas. Según el rotativo británico, Naciones Unidas y organizaciones de derechos humanos estarían cada vez más preocupadas por los rumores de que la Unión Europea esté dispuesta a llegar a un acuerdo con el gobierno eritreo sobre esta cuestión. Dicho acuerdo contemplaría la posibilidad de que Europa enviara dinero a Eritrea o levantara las sanciones a cambio de que el país africano controle más férreamente sus fronteras, evitando así un mayor éxodo que pueda agudizar la crisis migratoria. Esta deleznable medida va en la línea de otras propuestas que la UE está analizando y que pretenden fomentar el establecimiento de campos de refugiados en África Subsahariana como tapón para evitar que dichos refugiados acaben suponiendo un problema para Europa. Esta última no goza de buenos precedentes. El Gobierno australiano hace unos años tomó una medida similar concentrando a los solicitantes de asilo en campos de Papúa. ACNUR manifestó en su momento su preocupación tanto por las condiciones de los refugiados internados en Papúa como por la falta de derechos y garantías legales en esos.
Lo que está claro es que Europa, lejos de basar sus respuestas en los derechos fundamentales de las personas, está optando desde hace años por externalizar y securitizar su “Frontera Sur” como estrategia para gestionar el fenómeno migratorio. Pactar con el brutal régimen eritreo, teniendo en cuenta todo lo anteriormente descrito, supondría participar de forma explícita en la violación de los derechos humanos de millones de personas.
Oscar Mateos
Original en Africaye.org
