Los pescadores locales los llaman the blackfaces, los caras negras, porque su proa es oscura como la noche. Una docena de barcos surcoreanos lleva unos 15 años pescando ilegalmente en aguas de Sierra Leona, tanto porque actúan sin licencia o con artes prohibidas como porque entran en zonas reservadas para la pesca artesanal. Desde que llegaron, las capturas de los pescadores locales han disminuido y cada vez tienen que ir más lejos para faenar, lo que incrementa los costes de esta actividad y la inseguridad alimentaria. Representan una amenaza para el medio ambiente y para la supervivencia del sector artesanal, mientras el Gobierno admite que no tiene medios suficientes para controlarlos. Esta es la historia de un expolio a la vista de todos.
Es de noche. El arrastrero está a unas 10 millas de la costa con los motores apagados, no muy lejos de la Isla Banana, esperando el momento propicio para echar las redes. James Koroma, un veterano pescador, conoce bien este barco. “Llegó a haber muchísimos, 30 o 40, ahora quedan menos de 15”, asegura. En el puerto de Tombo la confusión es total. Las pequeñas piraguas regresan de faenar mientras los hombres que se quedaron en tierra reparan las redes entre el intenso olor del pescado frito que preparan las mujeres aquí y allá. Los pescadores vuelven con cara de pocos amigos. Desde que los grandes barcos se acercan a la costa, las capturas se reducen y son cada vez más pequeñas. Además, está el problema de “encontrarse” con los arrastreros. Ya ha habido choques y las pequeñas piraguas artesanales salen siempre peor paradas. El pasado mes de marzo uno de los caras negras destrozó una red. “Y nos cuesta mucho esfuerzo repararlas”, añade.
Pese a las tasas de crecimiento económico de los últimos años de hasta un 15% anual, Sierra Leona sigue siendo un país subdesarrollado (el 70% de su población malvive bajo el umbral de la pobreza) que depende de su mar para sobrevivir. Sí, la extracción de mineral de hierro está siendo capaz de aportar grandes cifras a una economía en franco despegue, pero las actividades que siguen manteniendo el sustento básico son la agricultura y, sobre todo, la pesca, que emplea a unas 300.000 personas en todo el país y que supone el 64% de la proteína animal consumida. El problema es que el pescado no es un recurso infinito. El arrastre que llevan a cabo estos grandes barcos es indiscriminado y en sus redes quedan atrapados todo tipo de tallas y de especies, algunas de ellas protegidas. Se calcula que el 75% de sus capturas son de nuevo arrojadas al mar, el descarte, peces ya muertos o agonizantes que representan una baja rentabilidad desde el punto de vista económico, pero que las comunidades locales sí aprovechan.
Pero, ¿por qué la actividad de los blackfaces es ilegal? En primer lugar porque se introducen dentro de la zona reservada para la pesca artesanal, que en Sierra Leona es de unas cinco millas a partir de la costa. En otras ocasiones porque actúan sin licencia, porque utilizan redes muy pequeñas que no respetan las tallas mínimas o porque llevan a cabo transbordos en alta mar, a 50 o 60 millas de la costa, cuando le ley sierraleonesa obliga a que las capturas tengan que pasar por tierra para poder llevar un control. De hecho, nadie sabe a ciencia cierta cuánto pescado sale cada año de las aguas de Sierra Leona, aunque se calcula que las pérdidas para el país (pesca sin licencia, valor de las capturas que pierden los artesanales e impuestos) ronda los 29 millones de dólares anuales.
El problema viene de atrás. Flotas chinas, europeas y de países de la región han pescado siempre en estas aguas, y no siempre dentro de la legalidad, aunque en la actualidad la actividad de los surcoreanos es la más intensa y muy visible. Se trata de una docena de barcos construidos en Japón en los años setenta que tras ser comprados por empresas de Corea del Sur y operar en el Mar de Barents (Rusia), a finales de los años noventa empezaron a faenar en aguas de África occidental. Su principal objetivo es un tipo de corvina propio de esta cornisa atlántica, la pseudotolithus elongatus. Desde épocas remotas los coreanos han apreciado la corvina, que consideran un plato exquisito. De hecho, la conocen como jong-eo, que significa “el mejor pescado”, y es muy utilizada en bodas, bautizos y ritos de veneración de los antepasados.
Los barcos de la flota surcoreana, como el Medra, el Marcia 707, el Seta 70, el 515 Amapola o el Marampa 803, tienen un largo historial de pesca pirata (han sido sancionados en numerosas ocasiones), se mueven de un país a otro y cambian su apariencia e incluso su pabellón (adoptando banderas de conveniencia) o su nombre para burlar la vigilancia. Es como el juego del ratón y el gato. Un día están en aguas de Liberia, al día siguiente en Sierra Leona y una semana más tarde en las de Guinea Conakry o Guinea Bissau, países que no tienen los medios suficientes para hacer frente a este problema. Su sede es Corea del Sur, pero muchos tienen base en el puerto de Las Palmas de Gran Canaria, porque una parte del pescado (preferentemente especies diferentes a la corvina que mandan a Corea del Sur) la exportan a Europa pasando por Canarias.
No es que no existan los filtros, es que no funcionan como deberían. Aprovechan los agujeros negros del sistema de control y la debilidad de los gobiernos costeros, cuyos funcionarios o incluso cargos políticos pueden ser más fácilmente corruptibles. De entrada, Sierra Leona ha concedido licencias a muchos barcos que ya habían protagonizado incidentes de pesca ilegal en el pasado, lo cual presentaba un riesgo claro de que se volvieran a producir. El Gobierno obliga a llevar a bordo un transmisor que permite saber en todo momento dónde se encuentra, pero algunos barcos lo apagan cuando van a penetrar en la zona prohibida, que es donde se encuentra la corvina. También es obligatorio contar con observadores gubernamentales a bordo, pero su labor no es fácil.
Estamos en Freetown. M., uno de esos observadores, acepta hablar con nosotros, aunque prefiere no revelar su identidad. “Desde 2006 estoy contratado por el Gobierno para realizar esta tarea y la conozco muy bien”, explica con rotundidad. “El primer problema que tenemos es que son los propios armadores quienes pagan nuestros sueldos, unos 200 dólares al mes. Estamos sujetos a todo tipo de presiones, amenazan con no pagarnos si comunicamos las ilegalidades. Además, para hacerlo necesitamos su GPS, su radio. Estás todo el tiempo subordinado a lo que ellos quieran. Una vez me llamó el director de la compañía para que cambiara el informe. Un compañero estuvo tres días retenido en un camarote. Cosas así”.
M. lo tiene muy claro. “Ellos quieren la corvina que vive cerca de la costa y si su pesca no fuera ilegal no la conseguirían: entran en la zona restringida, usan redes más pequeñas, trasbordan en alta mar. Y el Gobierno de Sierra Leona quiere evitarlo, pero no puede, no tiene los recursos”. Para la vigilancia pesquera, el país cuenta con una embarcación cedida por el Gobierno de la Isla de Man que no se está usando por sus elevados costes y con dos lanchas de servicio marítimo del Ejército. O sea, dos fuera borda con base en Freetown para una línea de costa de 510 kilómetros.
El ministro de Pesca, Allieu Pat-Sowe, está muy enfadado. Medios internacionales como Al Jazeera o la BBC se han hecho eco en los últimos meses de la intensa actividad ilegal que despliegan los grandes arrastreros en Sierra Leona. Sin embargo, acepta recibirnos en su despacho del Ministerio, en Freetown. “Sí, es cierto, perdemos casi 30 millones de dólares al año por la pesca pirata, pero nadie dice todo lo que estamos haciendo. Hemos puesto en marcha un sistema de monitoreo que funciona y nos permite detectar muchas de las ilegalidades. ¿Por qué no dicen esto? Los armadores vienen, se registran, pagan sus licencias y pescan; pero si no vienen a inscribirse no podemos cogerlos a todos. Somos un país soberano, pero no podemos controlar toda nuestra costa. Esto es una realidad, no tenemos medios suficientes. En lugar de hablar tanto, lo que deberían hacer nuestros aliados internacionales es darnos helicópteros y ayudarnos a mantenerlos”, explica con vehemencia.
Desde un despacho próximo, el director general de Pesca, Alpha Abdou Bangura, muestra con orgullo la pantalla de su ordenador en la que se ven decenas de puntitos rojos, cada uno de ellos un barco, sobre un mapa del litoral costero. “Estamos combatiendo la pesca ilegal con mucha más intensidad que en el pasado”, asegura, mientras nos explica cómo funciona el Sistema de Monitoreo de Embarcaciones, que obliga a que todos los barcos lleven un transmisor a bordo que, en el caso de que alguno decida apagarlo, envía una notificación automática al centro de control. Pero, ¿es esto suficiente? Parece que no. El pasado mes de enero dos barcos surcoreanos fueron detenidos dentro de las cinco millas restringidas y se les impuso una multa de 380.000 dólares a cada uno. El problema es que, incluso pagando esta sanción, les sigue saliendo rentable pescar allí. Un buen día de pesca, cada barco puede capturar hasta 40.000 dólares de pescado. En un mes, un millón de dólares.
Vamos a la zona portuaria. Allí se encuentra la oficina del capitán Saliu Kano, que está al frente del servicio de vigilancia marítima de Sierra Leona, y que confirma las palabras del ministro. “Nuestra labor es la vigilancia marítima, no solo para la pesca ilegal, sino para impedir todas las actividades ilícitas que se puedan producir en nuestras aguas, como tráfico de drogas o de seres humanos. Y los recursos de que disponemos son insuficientes. Tenemos 41.000 millas náuticas cuadradas [algo más que la suma de Andalucía y Murcia] que vigilar, si lo comparas con la superficie terrestre, los hombres de que disponemos y los desafíos que se nos presentan, sólo podemos decir que nuestros medios son inapropiados. La seguridad marítima es la más cara de todas, los medios son los más costosos. Incluso si tienes recursos donados, hay que asumir su mantenimiento. Nuestro gobierno tiene muchos retos en tierra, está comprometido en el desarrollo de infraestructuras, en mejorar la Educación, la Salud… Tenemos la esperanza de que un día, cuando la economía de este país crezca, se llevarán a cabo las inversiones que permitan dedicar una atención adecuada a la seguridad marítima”.
En el sur de Sierra Leona, la pesca pirata encuentra caladeros propicios. Alejada de los escasos recursos gubernamentales de vigilancia marítima, aguas ricas, mayor impunidad. “Antes pescábamos más cerca de la costa, pero desde que están los coreanos nos tenemos que ir mucho más lejos y eso nos supone un gasto enorme en gasolina. El pescado que cogemos es cada vez más pequeño”, explica Usmane Kpanabum, jefe local de Bohoi, una aldea situada cerca de Bonthé, en la isla Sherbro. Aquí se vive con lo justo. Y el mar es la base de la vida. Como gran paradoja, los pescadores recuerdan con añoranza los tiempos de la guerra, que terminó hace ya 12 años, porque entonces los grandes barcos se esfumaron como por arte de magia. Había pescado en abundancia.
La organización británica Environmental Justice Foundation (EJFoundation) lleva años recogiendo denuncias y monitorizando la actividad ilegal de los grandes pesqueros en África Occidental.
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Original : El País Planeta Futuro
