Bujumbura – Para el superpoblado y gravemente empobrecido país de Burundi, que se esfuerza por reconstruirse después de décadas de conflictos y guerra, la tierra es uno de los asuntos más emotivos.
Ahora, cuando los refugiados vuelven a su país, para aumentar el ya sobrepoblado país centroafricano, la cuestión de quién es el dueño de las propiedades que cambiaron de manos a lo largo de años de guerra está acrecentando las tensiones entre los grupos eternos rivales hutus y tutsis.
Ambos tienen caso entre manos, pero algunos ven a la gubernamental Comisión Nacional para la Tierra y la Propiedad (CNTB -en sus siglas en inglés) como favoreciendo a una de las partes sobre la otra, dice Pacifique Ninahazwe, una figura prominente de la sociedad civil.
“La CNTB cada vez más está tomando decisiones en favor a los retornados y al pueblo hutu en general, en lugar de reconocer que ambos; retornados y residentes enfrentan problemas”, dice a la AFP Ninahazwe. “Si esto continúa, llevará a otros conflictos potencialmente devastadores”.
En un caso reciente en la capital de Burundi, Bujumbura, estallaron disturbios cuando la policía intentaba desalojar a una familia tutsi de su casa, para devolvérsela a una familia hutu, después de 40 años. “Estamos aquí para oponernos a la injusticia, para oponernos al CNTB que está socavando la reconciliación de la sociedad burundesa”, gritó un miembro de los miles de jóvenes y no tan jóvenes reunidos en la protesta.
En este caso, los disturbios duraron seis horas, dejando más de una docena de heridos y con el resultado de 20 jóvenes detenidos.
La comisión de la tierra acostumbraba favorecer la división de la tierra disputada entre los recientes propietarios y los antiguos propietarios repatriados que habían perdido sus posesiones en los sucesivos conflictos que llevaron a cientos de miles de personas a huir, de ambos grupos étnicos. Sin embargo, el gobierno del presidente Pierre Nkurunziza, un hutu, tomó a la comisión bajo su tutela al final del 2010 y el jefe de Estado nombró un nuevo presidente de la CNTB, Serapion Bambonaire, en abril de 2011.
Hoy, la comisión cada vez decide más en favor de los repatriados, más que de los actuales. Bambonanire persevera con esta política. Bajo su liderazgo, la comisión incluso ha vuelto atrás y revisado casos previamente cerrados. “Cómo puede uno justificar que alguien tenga que repartir la tierra con alguien que se la robó?”, se pregunta.
Las disputas por la tierra tienen sus raíces en las más amargas rivalidades étnicas.
En 1972, después de bastantes años de tensiones que algunas veces degeneraron en matanzas, una rebelión hutu estalló en Burundi.
Esta rebelión tuvo como resultado una masacre de tutsis, un grupo que actualmente representa el 14 por ciento de la población. Los asesinatos en represalia degeneraron en masacres a gran escala de la élite educada de etnia hutu, dejando al menos 100.000 personas muertas. Cientos de miles de hutus huyeron al exilio.
Más refugiados siguieron después de la reanudación de las matanzas en 1988 y luego se produjo otra oleada masiva de aquellos huyeron de la guerra civil de 1993 a 2006. El proceso de paz que siguió tuvo como resultado la vuelta de más de 500.000 refugiados, la mayoría de los cuales han recuperado sus tierras. Pero decenas de miles de refugiados repatriados de la oleada que huyó del país en 1972 han vuelto a casa para nada.
“Cuando la gente que huyó en 1972 regresó, se encontraron sus propiedades ocupadas por otra gente”, dijo Samuel Nkengurukiyimana, que lidera un grupo de la sociedad civil que respalda la comisión. “La única solución es devolver aquello que fue arrebatado, de otra manera no podemos hablar de reconciliación”, añade.
En la década de los setenta, el entonces gobierno tutsi reasignó propiedades abandonadas a ambos grupos. Pero el actual gobierno hutu no reconoce la legitimidad del anterior gobierno y la comisión es acusada de favorecer a los hutus retornados, creando tensiones en el país.
La comisión afirma que ha alcanzado acuerdos fuera de los tribunales en unos 23.000 casos.
Muchos se quejan de que la comisión está ordenando la devolución de las tierras a sus propietarios originales sin pagar indemnizaciones a los desalojados propietarios de los últimos años, quienes a menudo se apropiaron de las tierras de buena fe.
Sin embargo, los repatriados están cada vez más impacientes y algunos ya han montado protestas para quejarse de que están “cansados de esperar justicia”. Tampoco el problema afecta solamente a Buyumbura, las disputas por las tierras suceden por todo Burundi.
En una nación donde el 90 por ciento de la población depende de la agricultura de subsistencia, la tierra es fundamental para sobrevivir. En algunas zonas la densidad de población es hasta de 400 habitantes por kilómetro cuadrado.
Esto pone a la comisión en un verdadero aprieto, advierten los diplomáticos.
“La CNTB fue encargada de resolver el problema de la tierra mientras fomenta la reconciliación,” dice un diplomático occidental. “La cuestión hoy es: ¿está consiguiendo esto, dado que están estallando de nuevo las tensiones étnicas?”.
De manera oficial, el gobierno de Nkurunziza ha felicitado a la comisión por su “extraordinario trabajo”.
Pero los detractores del presidente le acusan de intentar explotar las divisiones étnicas en la carrera electoral de 2015. Sapa – AFP.
Por Esdras Ndikumana
(IOL, 07-06-13)
Traducido para Fundación Sur por Miguel Obregón Tomé.
