Difícil, por no decir imposible, lo tiene más del 90 % de los burundeses para acceder a la justicia, demasiado cara para ellos, todavía menos ganar un proceso ellos solos y hacer ejecutar una sentencia. Estos últimos años, algunas asociaciones los han ayudado a constituir su dosier y, a veces, a pagar a los abogados.
Sentada en la hierba, ante el Tribunal de Apelaciones de Buyumbura, espera Marianne Bucumi, una viuda originaria de Musigati, al oeste de Burundi. A mediados de junio vino a una cita para la celebración de su juicio, previsto desde principios de año. “Una buena mañana de enero de 2012, vi a gente acercarse para impedirme trabajar en mi campo, argumentando que era una decisión de la Justicia, aunque yo había adquirido el terreno con toda legalidad”, explica ella. Marianne acude al tribunal regularmente para ver cómo sigue su caso, con la esperanza de recuperar por fin su campo. Pero ella tendrá que luchar sola para ganar el caso. “Hay una gran necesidad de ayuda legal, tanto de asistencia judicial como ayuda jurídica entre los litigantes”, según un estudio publicado el pasado mes de abril, por Abogados Sin Fronteras. Más del 99 % del millar de encuestas en cuatro de las 17 provincias del país, han expresado la necesidad de demandar consejo a una persona conocedora de las reglas aplicadas en los tribunales, si tuvieran un problema legal. Pero son muy pocos los que efectivamente tienen acceso a la justicia.
Pagar los costes y los abogados
El estudio muestra también que la asistencia de un abogado cuesta como mínimo 240.000 francos burundeses (240 dólares) y que los abogados se concentran en los centros urbanos y casi exclusivamente en Buyumbura. Con unos ingresos medios de 190.000 francos burundeses (unos 190 dólares estadounidenses) al año, según cifras oficiales, de la CSLP, o Marco Estratégico de Lucha Contra la Pobreza), menos del 6 % de la población burundesa tiene acceso a un abogado. De modo que muchos litigantes, si tienen un proceso judicial, y las asociaciones de la sociedad civil nos les asisten, ver sus casos arrastrarse durante años, y terminan por abandonar.
Frente a la demanda creciente, por ejemplo la Asociación para la Protección de los Derechos Humanos y Personas Detenidas, APRODH, recibe de media una veintena de demandas de asistencia al día, estas asociaciones a menudo ayudan a los más vulnerables, los que no tienen absolutamente ningún medio de pagarse un abogado, pero que lo necesitan, sobre todo para los casos penales o políticos.
No siempre pueden pagar los honorarios de un abogado, estas organizaciones pagan entonces los gastos anexos: desplazamientos, gastos judiciales, gastos de comunicación, etc. “Estamos en contacto con abogados que no piden mucho dinero”, afirma también Pierre-Claver Mbonimpa, presidente de APRODH. Un dosier llega a costar unos 300.000 francos burundeses, (300 dólares) por causa de los retrasos. Si se hace de una sola vez, el mismo caso puede costar 100.000 francos burundeses, (unos 100dólares).
“A menudo, los detenidos que todavía no han sido juzgados, no saben cómo seguir sus casos; no saben dónde ir, pasan de una jurisdicción a otra, y pierden mucho tiempo y energía”, deplora Claver Niyimpa, secretario del ministerio Fiscal de Makamba, al sur del país. Para orientarlos, las organizaciones de la sociedad civil, tienen observadores provinciales y regionales que explican a los litigantes el funcionamiento del sistema judicial, los ayudan jurídicamente o los ayudan a presentar sus alegatos. Se implican también en la formación, por ejemplo por que los litigantes sepan presentar las apelaciones en los plazos reglamentarios, también ponen a disposición de la gente acompañantes jurídicos en las comunidades.
Sin la preciosa ayuda de estas organizaciones, sería imposible salir de ahí. Ese es el caso de una madre de familia, que vive en Muramvya, en el centro del país, y cuyo marido vendió a un precio irrisorio la propiedad familiar, para pagarse cerveza. Teniendo a sus hijos todavía menores de edad, ella obtuvo justicia, y rápidamente, en un año, y gracias al apoyo del APRODH, le fue devuelta su propiedad, volviéndola a comprar a los compradores.
Fuente original: Syfia Grands Lacs.
(Burundi Réalités, 24-06-12)
