El Observatorio para la Protección de la Defensa de los Derechos Humanos, un proyecto conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional de Ligas Defensa de los Derechos Humanos, publicó el 7 de abril un informe sobre el procedimiento judicial abierto tras el asesinato de Ernest Manirumva, vice-presidente del Observatorio de Lucha contra la Corrupción y las Malversaciones Económicas (OLUCOME), acaecido en la noche del 8 al 9 de abril de 2009. El Observatorio apela una vez más a que la justicia burundesa descubra la verdad sobre las circunstancias exactas de este asesinato y establezca las responsabilidades de todos aquellos que participaron en el crimen.
Alarmados por la lentitud del proceso judicial y por el hecho de que varias personas implicadas en la planificación y/o la realización de la operación que condujo al asesinato del defensor de los derechos humanos Ernest Manirumva no han sido nunca interrogadas ni molestadas a pesar de sus testimonios o de las evidencias que les vinculan con el caso, el Observatorio decidió contratar a Damien Chervaz, abogado de un gabinete de Ginebra (Suiza), para la vista que tuvo lugar en Buyumbura entre los días 16 y 21 de enero de 2010, con el fin de observar el proceso del ministerio público contra Hilaire Ndayizamba y otros dieciséis acusados por su presunta participación en el asesinato del vicepresidente de OLUCOME.
Sobre la base de las evidencias recogidas durante la investigación, el informe del Observatorio analiza la cronología de los acontecimientos que condujeron al asesinato de Manirumva, poniendo en entredicho las zonas de sombra del procedimiento judicial y las deficiencias en la búsqueda de responsabilidades. Se estableció que durante los meses anteriores a su asesinato, Manirumva descubrió un asunto de corrupción en el seno del Ejército y la Policía Nacional. Todo el conjunto de la información obtenida tiende a demostrar que su asesinato está directamente relacionado con las investigaciones de este asunto. El Observatorio teme que las implicaciones políticas del caso interfieran en el buen desarrollo del proceso judicial.
En el fallo de fecha 26 de enero de 2011, la Sala de lo Criminal del Tribunal de Apelación de Buyumbura se declaró incompetente para llevar el caso en todo su conjunto, a causa de la involucración de uno de los acusados, cuya denuncia no estaba directamente relacionada con el asesinato. Dicha Sala por tanto ha remitido a quince de los dieciséis acusados ante la Sala de lo Criminal del Tribunal Superior de Buyumbura, que aún no ha fijado el juicio.
De este modo, casi dos años después de los hechos, a pesar de la presión constante de la sociedad civil burundesa y de la comunidad internacional, el fondo de la cuestión aún no ha sido abordado por la justicia de Burundi.
En su informe, el Observatorio formula una serie de alegaciones a las autoridades burundesas, a los procedimientos especiales del Consejo de derechos humanos de la ONU y la Comisión Africana de derechos humanos y de los pueblos, así como a las representaciones diplomáticas en Burundi para que finalmente se haga justicia.
Por otra parte, el Observatorio insta a las autoridades burundesas a garantizar, en todas las circunstancias, la protección de la Defensa de los derechos humanos, conforme a la Declaración de Naciones Unidas sobre derechos humanos y de otras convenciones internacionales ratificadas por Burundi, especialmente el Pacto Internacional relativo a los derechos civiles y políticos.
Publicado en ARIB, Burundi, 7 de abril de 2011.
Traducido por Juan Carlos Solís Santander.
