Burkina Faso ha rechazado firmemente las acusaciones presentadas en un informe de Human Rights Watch (HRW) que ha señalado la ejecución de al menos 223 aldeanos en dos ataques el pasado 25 de febrero, describiéndolas como «acusaciones infundadas«. El documento, publicado la semana pasada, acusó a los militares burkineses de ejecutar a residentes de Nodin y Soro, incluyendo a 56 niños, como parte de una supuesta campaña contra civiles acusados de colaborar con los rebeldes.
Desde el Gobierno, el ministro de Comunicaciones de Burkina Faso, Rimtalba Jean Emmanuel Ouedraogo, emitió una declaración rechazando y condenando enérgicamente las afirmaciones de Human Rights Watch. Afirmó que se ha iniciado una investigación legal sobre los eventos en Nodin y Soro y expresó su sorpresa ante la rapidez con la que HRW identificó a los presuntos culpables mientras la investigación oficial seguía en curso.
Human Rights Watch calificó la masacre como uno de los peores abusos del ejército en Burkina Faso desde 2015 y señaló que estos actos podrían constituir crímenes de lesa humanidad. La organización instó a las autoridades de Burkina Faso a llevar a cabo una investigación exhaustiva con el apoyo de la Unión Africana y las Naciones Unidas.
Burkina Faso afirmó que todas las acusaciones de violaciones de derechos humanos en el contexto de la lucha contra el terrorismo están siendo investigadas por el gobierno y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Además, el país de África occidental suspendió la transmisión de las redes de radio de la BBC y Voice of America después de que emitieran el informe acusando al ejército de ataques contra civiles en la batalla contra los rebeldes.
La violencia en la región del Sahel, alimentada por una década de lucha con grupos armados vinculados a Al-Qaeda y el ISIS, ha empeorado desde la serie de golpes de Estado que afectaron a Burkina Faso, Malí y Níger de 2020 a 2023. En 2023, Burkina Faso experimentó una grave escalada de ataques mortales, con más de 8.000 supuestos fallecidos, según el Proyecto de Datos de Ubicación y Eventos de Conflictos Armados (ACLED), con sede en Estados Unidos.
Fuente Al Jazeera
[Traducción y edición, Bruno Rodríguez]
[CIDAF-UCM]
