El gobierno de Burkina Faso ha aprobado recientemente un proyecto de ley que modificará la Constitución, convirtiendo las lenguas nacionales en lenguas oficiales en lugar del francés, que a partir de ahora se clasificará como «lengua de trabajo». El objetivo de este proyecto de ley es, según fuentes gubernamentales “iniciar reformas políticas, administrativas e institucionales para fortalecer la democracia y defender el Estado de derecho durante el periodo de transición del país”. A principios de año se introdujeron cambios similares en Malí, donde el francés también pasó a ser lengua de trabajo.

Además de las revisiones lingüísticas, el proyecto de ley incluye otras modificaciones significativas. La norma introduce mecanismos tradicionales y alternativos de resolución de conflictos y amplía las competencias del Consejo Constitucional, al tiempo que suprime instituciones como el Tribunal Superior de Justicia o el «Mediador de Faso». Además, la Agencia Nacional de Inteligencia (ANR) contará a partir de ahora con protección constitucional.

Burkina Faso ha sido testigo en los últimos meses de numerosas manifestaciones en demanda de una nueva Constitución. El capitán Ibrahim Traoré, que asumió el poder en septiembre de 2022, había prometido previamente algunas enmiendas a la Constitución.

El primer ministro, Apollinaire Joachimson Kyelem, subrayó la importancia de redactar una nueva Constitución para la soberanía política, económica y cultural. Afirmó que depender de conceptos extranjeros obstaculiza el verdadero progreso y desarrollo. Este alejamiento de Francia marca un cambio en la relación de Burkina Faso con su antigua potencia colonial y socio histórico, ya que busca estrechar lazos con Moscú.

Desde 2015, Burkina Faso se enfrenta a una escalada de violencia provocada por grupos yihadistas. Estos ataques han causado más de 17.000 muertos y también han afectado a países vecinos como Malí y Níger.

Fuente: Jeune Afrique

[Traducción y edición, Gabriel Castro]

[CIDAF-UCM]