La respuesta del presidente Jacob Zuma respecto al Reporte Marikana es bastante decepcionante, por decir lo menos. Se le permitió evitar ser obligado a actuar de una mejor manera después de los que sucedió en Marikana porque las recomendaciones del juez Ian Farlam son legal y socialmente conservadoras, y moralmente débiles. Las recomendaciones que esencialmente le pasan la carga a otras agencias estatales para que investiguen nuevamente dejarán a las víctimas y sus familiares de la matanza en agosto del 2012 sintiéndose engañados.
Las declaraciones del presidente sobre el reporte de la Comisión sobre Marikana están sujetas a una completa falta de compasión. El presidente no se fijo en lo negativo sino que decidió seguir un camino más blando que se concentró en los aspectos técnicos del reporte de Farlam. Mucho de esto fueron llamadas del equipo de enjuiciamiento para investigar mineros y ciertos policías, y consultas que se le harán a los comisionados provinciales. Y contrario a la especulación, el diputado presidente Cyril Ramaphosa no es el investigador de la masacre.
Las recomendaciones del reporte son una gran decepción para las familias de las víctimas, y para todos los que crean que la responsabilidad va de la mano con aquellos en el poder. No hay, sorprendentemente, ningún claro hallazgo en el reporte.
La aparente falta de poder encontrar más individuos directamente responsables fue frustrante para un abogado de uno de los equipos legales de comisión. De acuerdo a este abogado, la comisión “parece que piensa que no es su trabajo decidir sobre la culpabilidad de los individuos, pero en su lugar pasarle la responsabilidad a otras agencias. Si ese es el caso, ¿por qué pasar dos años considerando todos los hechos y detalles?”
El director del Centro de Estudios de Aplicación Legal de Wits, Profesor Bonita Meyersfield, dijo, “el reporte no le hace justicia al dolor y el miedo que es la legalidad de Marikana. Farlam pudo y debió haber ido más allá. Desperdició la oportunidad de dejar un legado de justicia respecto a Marikana”.
Tan secos como son los hallazgos, los detalles y los evidentes descubrimientos del reporte no están ni cerca de ser tan blandos como aparentan. Trescientos días de audiencias en dos años y medio pintan un claro escenario de muchos de los eventos, y de las actitudes de aquellos involucrados.
Es claro que dentro de los miles de los mineros en huelga, había un pequeño grupo preparado para quitar vidas para lograr mejores y más grandes salarios, incluyendo algunos de los líderes. Algunos se enfrentan a cargos por asesinato.
Es claro que los ejecutivos de Lonmin no tenían interés en encontrar acuerdos con sus trabajadores, a quienes sabían no se les pagaba suficiente. Los únicos intereses de la administración eran las ganancias de la compañía y del bien de los accionistas, por lo que muchos trabajadores estaban expuestos a peligro: “Las peligrosas acciones de Lonmin para hacer volver a trabajar a los trabajadores en circunstancias en las que estaban conscientes del peligro y sabiendo que no los podían proteger, debería de ser condenada de la manera más severa. Lonmin debe de aceptar la responsabilidad de los perjuicios y muertes de sus empleados y de sus sub contratistas”.
Es claro que Lonmin ha fallado en abarcar su completa obligación legal hacia el gobierno para darles hogares decentes y servicios sanitarios dignos a las comunidades alrededor de sus operaciones. Deberán hacerlo o perderán sus licencias.
Es evidente que Cyril Ramaphosa utilizó su poder político para intimidar a ministros del gobierno en actuar a favor de Lonmin, en donde tenía el 9% de sus acciones. A pesar de esto Farlam encontró muy poca culpa dentro de su comportamiento.
Claro está que los órganos del Estado favorecieron los intereses de los capitalistas en lugar de los de los trabajadores.
Es claro que NUM no tenía interés en promover los intereses de los operadores de Lonmin; prefirieron mantener su buena relación con la administración intacta: “muy parecido a lo de Lonmin, NUM alentó a los trabajadores a trabajar bajo el completo conocimiento de la intimidación y violencia que prevalecía durante ese periodo… Sus acciones, estaban, dentro de las circunstancias, peligrosas y mal entendidas”.
El AMCU estaba desesperado por destituir a NUM como la unión minera dominante, Joseph Mathunjwa, actor en intentar salvar vidas en la última hora antes de la masacre, cínicamente explotó la oportunidad que le ofreció la huelga para poner a los trabajadores en contra de NUM, y poner el pie de su unión en la puerta de Lonmin.
Es irrefutablemente demostrado por varios partidos de la Comisión, que un hubo ningún ataque por los mineros hacia la policías antes de que los disparos dejaran los primeros 17 hombres muertos. No había necesidad de la policía para que comenzaran a disparar con rifles.
Se sabe que los rifles R5 no deberían ser de uso normal para los policías. “Uno de los que murió fue disparado cientos de metros de donde la policía comenzó los disparos hacia los mineros. El señor Gwelani, quien estaba desempleado, no estaba en huelga… entró en la disputa para llevarle comida a su tío, que sí estaba en la huelga. Su cuerpo fue encontrado en el camino hacia Nkaneng, al norte de la contienda, más de 250 metros alejado de la línea del TRT, pero dentro de los disparos… fue disparado en la parte derecha de la cabeza y debió de haber muerto casi inmediatamente después del disparo… su caso es el claro ejemplo por lo que el uso militar de rifles debería de ser prohibido en situaciones de orden público”.
La policía no tenía ninguna intención de realizar su obligación constitucional de proteger las vidas de los ciudadanos sobre todo cuando se embarcaron en un ridículo e improbable “plan”.
El abogado anteriormente mencionado como miembro de uno de los equipos legales, comentó, “muchos de los hallazgos son positivos y apoyan la clara conclusión de que la policía es culpable de las 34 muertes del 16 de agosto del 2012. El reporte le da la responsabilidad a aquellos a cargo de las decisiones en los niveles más altos del SAPS. Y contrario con las declaraciones del presidente – concluyó que poder ejecutivo debió de haber estado implicado en las decisiones elementales”.
Para muchos otros, que obviamente hubo pero no explícitamente, la interferencia fue del miembros del Gabinete quienes procedieron a las decisiones. El defensor Dali Mpofu, representante de más de 300 mineros sobrevivientes, dice, “aunque acepto algunos de los hallazgos que propusimos tales como los de la sección 9 en contra del General Phiyega, compartimos la vista inicial de nuestros clientes en que la comisión no fue lo suficientemente efectiva a la hora de encontrar culpables. El mayor problema con Phiyega y Mbombo es su evidente rendimiento a la presión política y sus consideraciones para la operación tan precipitada. Si es que es cierto que los políticos están absueltos, entonces se supondría que Phiyega y Mbimbo no hicieron nada malo. Estos hallazgos son incongruentes”.
Más allá de la jerarquía policial, es claro que todos los comandantes responsables, y en especial Adriaan Calitz de la brigada, quien era el comandante en el campo, estaban conscientemente cegados y sordos hacia los asesinatos mientras sucedían. ¿Qué significa esto? Ya sea que conspiraron que muchos de los mineros fuesen asesinados, o estaban contentos de seguir en pie con la operación, sabiendo que los policías estaban disparando sin control.
Mientras que el decepcionante reporte de la comisión no va tan lejos, sí le quita culpa al general Ganasen Naidoo, quier “preparó un caótico ataque que le costó la vida a 16 personas sin ejercer ningún comando y control y sin tomar medidas para dar fin a los disparos y aislar los problemas”. En particular, Farlam estaba de acuerdo con la evidencia de que los líderes fueron los responsables de la matanza.
Entre estos estaba Henry Mvuyisi Pato, un minero apoyado por el Daily Maverick quien fue ejecutado por la policía. La evidencia de la policía decía que Pato estaba entre los varios hombres que la policía asesinó, probablemente “de manera horrible”. Les llamamos asesinos, aún lo hacemos. La comisión recomendó que Naidoo fuese investigado por el Director de Enjuiciamiento Público. El completo número de policías que dispararon sus armas significa que más allá de Naidoo nadie más sospechaba que disparar a un minero iba a ser algo interrogado.
Se sabe que casi todas, sino es que todas las declaraciones escritas de los policías son falsas o con faltantes respecto a su papel en la matanza.
Hubo tensos y consistentes esfuerzos por la administración superior de la policía para eliminar cualquier huella que llevara a encontrar que el liderazgo de la masacre fuera del presidente o sus ministros. Eso comenzó el día después de los disparos, cuando la policía sacó una declaración engañosa al propio, “la comisión está de acuerdo con la evidencia la aceptación de los líderes de que la conclusión más razonable era que el reporte que había sido preparado para el presidente y el ministro estaba arreglado al propio cuando fue reformulado a una declaración para los medios para poder oscurecer el hecho de que hubieron dos incidentes de disparos, separados en tiempo y espacio. Esto resultó en un engaño para el público, quienes estaban bajo la impresión de que todas las muertes habían sido provocadas en la confrontación de la primer escena que habían visto en televisión”.
Sin importar lo que el trabajo de la comisión reveló, Bonita Meyersfeld dice, “el reporte es decepcionante en su falta de descubrimientos. Que se refieran a esto como una “investigación” es una mofa de los últimos dos años de investigación. Parece ser una posición firme cara a cara con la policía, pero parece que los policías principales y los oficiales políticos – de los que se requiere investigar sus acciones – permanecerán libres de cualquier cuestionamiento, con la excepción de Phiyega.
La comisión, bajo el mando de Farlam, ha sido tímidamente negligente en su hallazgo más importante, mientras que el abogado intimida con los estados de la comisión. “Los comisionados evitaron la mayoría de las preguntas difíciles que les fueron preguntadas. La comisión parece pensar que no es relevante decidir si los manifestantes de la escena 1 pretendían atacar a la policía. Dado esto toda la evidencia sugiere que los manifestantes no pretendían atacar. Parece que pensaron que no era su trabajo decidir sobre la culpabilidad de los individuos, pero en su lugar pasarle la pregunta a otras agencias. Si era este el caso, ¿por qué gastar dos años en hechos y detalles? Y decidió que no estaba dentro de su trabajo realizar recomendaciones respecto a compensaciones, forzando a las familias de las víctimas a seguir muchos años más en procesos legales para asegurar la justicia que se merece”.
Mientras que muchos de los partidos interesados sintonizaban el reporte del presidente, aquellos con más que perder – las viudas y familias de los mineros muertos – se les dio solamente algunas horas de aviso antes del lanzamiento. En Marikana, la electricidad se cortó después de las 7pm mientras el discurso estaba siendo transmitido. Thapelo Lekgova, un investigador y activista, estaba con ellos. “Terminamos escuchando al presidente en el radio de un móvil. Las viudas y mineros ahí presentes se perdieron casi que todo y hablaron muy poco durante el discurso del presidente”, dijo.
Que no se olvide que poco ha cambiado en la actitud de la comisionada nacional Riah Phiyega se dirigió a una marcha policial el 17 de agosto, diciendo a aquellos que tan solo el día anterior habían asesinado a 34 hombres:
Lo que sea que haya ocurrido representa lo mejor de la responsabilidad policial. Ustedes hicieron lo que hicieron porque estaban siendo responsables.
Fuentes: Daily Maverick. / Por: Greg Marinovich. / Traducción: Carolina Ruiz.
