Si algo sale mal con el pago de los subsidios sociales, como así parece probable, la responsabilidad debe recaer enteramente en la ministra de Desarrollo Social, Bathabile Dlamini, y en el Parlamento, que no cumplió con su tarea de supervisión.
Gracias a la costumbre de Dlamini de saltarse las reuniones en el Parlamento, y no celebrar conferencias de prensa, quien contesta a las preguntas es el departamento que la informa a ella y a la Agencia Social de Seguridad de Sudáfrica (SASSA, por sus siglas en inglés). Y estas organizaciones han estado contradiciéndose a sí mismas y entre ellas, adulterando los hechos, disimulando, eventualmente hasta mintiendo y decir que no lo han hecho.
Estos son sus grandes éxitos:
Vamos/no vamos a ir o hemos ido/ya no vamos a ir a la Corte Constitucional
A la Sassa se le aconsejó, al menos desde hace ya cuatro meses, que llevara su situación con urgencia a la Corte Constitucional. Se le dijo que admitiera ante la corte que se enfrentaba a la perspectiva, altamente irregular, de contratar otro año más con Cash Paymaster Services (CPS), a pesar de que ese mismo tribunal había declarado que el contrato con la CPS por cinco años era ilegal, en primer lugar.
Ni se acercó a la corte. En febrero comenzó a decir que podría ir. Luego comenzó a posponer fechas: 15 de febrero, 16 de febrero, 17 de febrero, antes de finales de marzo. El 28 de febrero finalmente presentó un alegato ante el tribunal. Al día siguiente, usando una carta fechada del día anterior, retiró el documento.
No pudimos hacerlo en un año
Esta semana SASSA le dijo otra vez al Parlamento que, debido a complejidades legales fuera de su control, no tenía tiempo para despachar a la empresa a la que debía el pago de los subsidios sociales.
«Sólo tuvimos un año, desde septiembre de 2015, para prepararnos para ser acreedores«, declaró Zodwa Mvulane, ejecutiva de Sassa en una reunión del comité.
Pero SASSA sólo empezó a prepararse para una solución post CPS en diciembre, haciendo poco o nada hasta entonces. El comité que lo aconsejó fue ignorado durante años, hasta que de repente «las corrientes de trabajo» se pusieron en marcha.
Sólo necesitamos un año para hacerlo
Casi al mismo tiempo en el que SASSA le decía al Parlamento que no había tenido tiempo suficiente, le decía formalmente al Tribunal Constitucional que sería capaz de prescindir de la CPS en cuestión de un año, que no tendría que hacer negocios con la CPS a partir de que transcurriera ese año, a pesar de estar ya empezando con los preparativos para hacerlo.
Esto contradice a una carta, enviada el 2 de febrero, en la que Dlamini dijo que CPS estaría fuera de escena para finales de 2019. En otra carta, una semana después, el Presidente Ejecutivo de SASSA, Thokozani Magwaza, decía que el contrato con la CPS duraría sólo hasta noviembre de 2018. Más de un año en los dos casos.
No es (del todo) nuestra culpa
«Siendo franca y honesta con nuestros miembros, la mitad de ello, sí, es culpa de SASSA; la otra mitad, no, no podemos culpar a SASSA«, dijo Mvulane al Parlamento la semana pasada. La fuente de la culpa, que no era de SASSA, podría venir «de otro sitio», como de la lentitud con la que se aconsejó a la organización.
En los 16 meses entre que SASSA dijo que empezaría a manejar los pagos de subsidios en abril y el reconocimiento, en febrero, de que no podía hacerlo, no ha habido ninguna señal de que su trabajo fuera interrumpido: ni cambios en la política, ni en la dirección, ni en la regulación. Ni casos relacionados con quién debe pagar los subsidios.
CPS está dispuesto a ayudarnos
En el documento que entregó a la Corte y que luego retiró, Magwaza daba buenas y esperanzadoras noticias: «CPS ha indicado en una carta, fechada a 9 de febrero de 2017, que es susceptible de ayudar a SASSA en este periodo de transición, con la premisa de que es lo mejor para las partes, en particular para los beneficiarios de los subsidios«, decía bajo juramento.
En la carta que adjuntaba como prueba usaba la palabra «susceptible». Decía que el CPS era susceptible de una reunión para discutir «la transición de las operaciones del CPS a un nuevo modelo». La carta también se refería a los intereses de los beneficiarios, que sería en su beneficio que SASSA y el CPS se reunieran antes del 17 de febrero. Sólo se reunieron el 1 de marzo.
CPS ha evitado escrupulosamente asumir compromisos sólidos en torno a los pagos de los subsidios sociales, más allá del compromiso de negociar para el interés de los accionistas.
En abril, la inflación interanual será del 14,4%
En una carta adjunta a los documentos judiciales, SASSA advertía a la tesorería de que podría tener que pagar al CPS hasta 3.5 mil millones en el año fiscal de 2017 para hacer frente a los pagos de subsidios, por encima de los 2.2 de cuota anual establecida. Mvulane dijo al Parlamento esta semana que el número era un mero valor ilustrativo que ella misma había creado aplicando el Indice de Precios al Consumo (IPC) al precio del contrato acordado hace cinco años.
«No es la cantidad real que el proveedor de servicios podría estar cobrando de nosotros«, dijo, refiriéndose a este «coste estimado». «Podría ser menos, podría ser más. Son sólo las cifras relacionados con el IPC que manejamos, si hubiera estado creciendo sobre la base anuall».
En los cinco años del contrato, el IPC anual se ha mantenido en torno a un 6%. Para que la cifra de 5.5 mil millones esté relacionada con el IPC, la inflación de abril tendría que ser del 14,4%. Y se espera que sea inferior al 7%.
Esa cifra de 3.500 millones no existe
Esa cifra de 3.500 millones al CPS se basa en una escalada de precios entre el 52% y el 59%, según el punto de partida que se use. El 16 de febrero, después de haber visto la carta a la tesorería, el Mail & Guardian le preguntó a SASSA si esperaba pagar al CPS hasta un 50% más para seguir administrando los pagos de los subsidios.
«No podemos escribir una carta a ninguna institución diciendo que un nuevo contrato costaría un 50% más sin haber empezado a negociar con el proveedor de servicios«, declaró el portavoz Kgomoco Diseko.
Cuando esa carta se hizo pública oficialmente esta semana, el Mail & Guardian preguntó a Diseko de qué manera no suponía esto una mentira. Primero pidió una copia de la carta. Luego dijo que «la cifra que se ve en esos documentos es una estimación, no la oferta final del proveedor de servicios«. Cuando se le dijo que esto era un sinsentido, se negó a decir más por «usar ese lenguaje».
Todo será revelado pronto/mañana/en cualquier momento
Los partidos de la oposición, un comité parlamentario y los medios de comunicación llevan haciéndole preguntas difíciles a SASSA muchos meses. Siempre ha estado demorando sus respuestas para el futuro. Dijo que el Parlamento obtendría respuestas durante la próxima sesión (no lo hizo). Dijo que habría una conferencia para los medios antes de finales de enero (no la hubo). La ministra comparecerá ante el comité (no lo hizo). Todas las preguntas serán contestadas después de una aparición en el Parlamento (no lo fueron).
Y, por último, esta semana la ministra dará una rueda de prensa. No la dio.
Phillip de Wet
Fuente: Mail&Guardian
[Traducción y edición, Mario Villalba]
[Fundación Sur]
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