Atentado contra el avión presidencial en Ruanda : análisis del informe definitivo del fiscal

El ministerio fiscal de París acaba de requerir el sobreseimiento para los sospechosos investigados con relación al atentado cometido el 6 de abril de 1994 en Kigali contra el avión del presidente ruandés Habyarimana. El informe de fiscalía plantea numerosos interrogantes y, tras una instrucción que ha durado veinte años, abre la perspectiva de un crimen sin autor y, por ende, una perspectiva de impunidad.

El 10 de octubre de 2018, El Fiscal de la República ante el Tribunal de Gran Instancia de París ha requerido el sobreseimiento para los sospechosos investigados en el asunto del atentado, el 6 de abril de 1994, contra el avión del Presidente ruandés Juvénal Habyarimana. El atentado fue si no la causa sí el elemento desencadenante del genocidio y de otros crímenes masivos. Como consecuencia de una querella, con constitución de parte civil, el 27 de marzo de 1998, se había abierto una investigación judicial contra X por asesinato y terrorismo.

Durante los 20 años que ha durado, esta instrucción ha conocido numerosas vicisitudes y, sobre todo, ha provocado una gran hostilidad del régimen ruandés hacia Francia. No evocaré aquí los numerosos incidentes que han salpicado este procedimiento judicial. Si bien hay que recordar que en Francia la fiscalía depende del poder ejecutivo, y más precisamente del ministro de Justicia, mi análisis se basará exclusivamente sobre el texto de la requisitoria de sobreseimiento. Contrariamente a otros que han emitido comentarios, yo no sugeriré que han sido motivos políticos los que han inspirado la decisión de la fiscalía. La buena fe se da por supuesta y no quiero dudar de la profesionalidad ni de la independencia del fiscal. No obstante, en dos ocasiones, al comienzo y al final de la requisitoria, se siente su incomodidad: “esta información judicial, evidentemente, estaba llevada a desarrollarse en condiciones atípicas que no facilitaban la manifestación de la verdad” (p.7); el procedimiento ”no sería capaz de tener en cuenta demasiado ampliamente un contexto ruandés fluctuante, caótico y finalmente difícil de aprehender” (p.91).

El informe fiscal aborda numerosos puntos, pero son tres los elementos que sobresalen: el lugar desde donde fueron disparados los misiles, la naturaleza de los misiles y su camino seguido (hasta llegar al lugar) y, por fin, la identidad de los que dispararon. Hago un recorrido del informe en este orden.

El lugar del disparo

Esta cuestión es considerada como crucial desde hace tiempo. Grosso modo hay dos posiciones: una sitúa el lugar desde donde se lanzaron los misiles en el valle de Masaka, la otra, en el terreno militar de Kanombe (1). Entre los 12 testigos citados para elucidar esta cuestión, ocho designan el entorno de Masaka, mientras que cuatro citan diversos lugares en la zona de Kanombe. Es interesante señalar que incluso cinco de los testimonios retomados del informe de la comisión ruandesa llamada “Mutsinzi”, sobre la que volveré posteriormente, retienen Masaka. Dos testimonios son especialmente importantes. En efecto, los oficiales belgas Massimo Pasuch y Daniel Daubresse, oídos por la auditoría militar belga menos de un mes después del atentado, tenían una buena perspectiva de vista sobre el valle gracias al ventanal acristalado de la casa de Pasuch. Los dos sitúan la salida de los disparos en la zona de Masaka. Otras dos fuentes citadas en la requisitoria, el informe Hourigan del TPIR y Amadou Deme, investigador en su equipo, ponen de relieve que dos oficiales del FPR afirman que los misiles fueron disparados desde Masaka. Señalemos igualmente que los lanzadores de los misiles utilizados en el ataque fueron encontrados por campesinos en el valle de Masaka.

Conviene añadir que otros testigos, que no fueron oídos cuando se realizó la instrucción, indican igualmente el valle de Masaka como el lugar de partida de los misiles. Así es como la periodista belga Colette Braeckman escribió inmediatamente después de los hechos: “Aparece también – y lo hemos constatado sobre el terreno – que el disparo partió del lugar llamado Massaka(sic)“(2). Yo mismo me vi en octubre de 1994 con varios testigos oculares en Masaka; me afirmaron que los misiles partieron del valle de Masaka. Un informe, permanecido secreto, del equipo de “investigaciones especiales” de la oficina de la Fiscalía del TPIR (Tribunal Penal Internacional para Ruanda), pero divulgado recientemente da fe del transporte de misiles hacia Masaka y de su almacenamiento en la casa de la familia del cabo del FPR Bosco Ndayisaba con vistas a la operación (3). Sobre la base de documentos del TPIR y de entrevistas a antiguos miembros del FPR, Judi Rever confirma que los misiles fueron almacenados en una casa cerca del valle de Masaka. Sus informaciones confirman igualmente que los misiles fueron lanzados partiendo de Masaka (4).

¿Por qué los testigos de Masaka no han sido oídos? En el informe del “comité independiente” Mutsinzi sobre el atentado, los testimonios de la “población de las colinas cercanas al lugar del atentado” son despejados en unas pocas líneas: “Sus relatos, por falta de mínimos conocimientos técnicos, son poco claros sobre la naturaleza de los fenómenos observados y a veces son inverosímiles. Algunos de esos testigos confunden lo que se han enterado por lo oído a otros con lo que ellos mismos han visto, de manera que sus testimonios no presentan gran interés” (5). Ahora bien, lo que el informe Mutsinzi quiere es mostrar que los misiles partieron del campo militar de Kanombe y, en consecuencia, toda información contraria debe ser excluida. Más tarde evocaré el valor que puede atribuirse a este informe y el uso de se ha hecho de él en la requisitoria. Los magistrados instructores, lo mismo que el comité Mutsinzi, no interrogaron a testigos de Masaka.

Mientras la mayoría de los testigos oculares sitúan el punto de partida de los misiles en la zona de Masaka, un peritaje balístico realizado a petición de los jueces de instrucción desecha esta posibilidad. Los expertos peritos partieron de la hipótesis de un acercamiento (del avión) directo, “normal”, pero no excluyen una alteración que una alteración de la trayectoria habría podido efectuarse tras el primer disparo. El informe del peritaje dice sobre ello lo siguiente: “Esta inclinación hacia la izquierda podría indicar que, al ver el primer trazo luminoso, la tripulación hubiera intentado una maniobra para evitar, algo que parece lógico desde el punto de vista de un piloto, consistente en cortar sus iluminaciones con fines furtivos y cambiar bruscamente su trayectoria” (6). Igualmente, “una alteración de la trayectoria ha podido efectuarse por parte de los pilotos si se apercibieron del primer disparo, el que falló el objetivo. Está dentro de la lógica de un piloto militar desviar lateralmente su trayectoria y efectuar eventualmente un cambio brusco de altitud” (7). La posibilidad de una maniobra de evitación fue objeto de un complemento de peritaje que concluyó que no se dio y que incluso en el supuesto de evitación, los misiles no podían ser disparados desde Masaka. Sin embargo, el informe (o al menos la requisitoria) no dice desde donde habrían partido los misiles si hubiera existido la evitación (8). Conclusión del peritaje: aunque las dos posiciones de tiro situadas en Masaka ofrecían “la probabilidad de alcanzar la más elevada de todas las posiciones de tiro estudiadas”, los expertos señalan dos lugares en el terreno militar de Kanombe donde “la probabilidad de alcanzar (el objetivo) parecía suficiente para que, de los dos misiles lanzados, uno de ellos pudiera dar en el blanco (avión)”. Estas dos posiciones se encuentran cerca del cementerio, en el linde del terreno. “Los misiles podían no obstante haber sido disparados desde una zona más extensa, del orden de un centenar de metros o incluso más”, lo cual situaría la salida de los disparos al exterior del terreno y, en cualquier caso, en un sitio muy alejado del campo militar. La requisitoria añade que estas conclusiones “resultarían coherentes con las declaraciones de Massimo Pasuch y Daniel Daubresse”, cuando como hemos visto que ellos sitúan la partida de los misiles en la zona de Masaka.

Mientras el informe del peritaje es muy detallado y parece, al menos para un lego como yo, profesional, la desviación entre sus conclusiones y la mayoría de los testigos oculares en chocante. Recordemos que algunos de estos testimonios fueron recogidos rápidamente después de lo sucedido. Por ende, es extraño que la requisitoria no aborde esta aparente contradicción ni se plantee la cuestión de saber cómo esos dos elementos de prueba, los testimonios de una parte y el peritaje balístico por otra, pueden ser conciliados. Tampoco evoca la distancia entre el campo militar de Kanombe y las posiciones de tiro retenidas por los expertos. En fin, el fiscal no dice cómo explicar el hecho de que las lanzaderas de misiles disparados desde la zona de Kanombe fueron encontradas en el valle de Masaka.

La naturaleza de los misiles y el camino que recorrieron

La requisitoria recuerda que dos lanzaderas de misiles fueron encontradas en el valle de Masaca por unos campesinos más o menos después de dos semanas tras el atentado. Este descubrimiento fue confirmado por diversas fuentes citadas en la requisitoria, así como por un testigo con el que me encontré en Masaka en octubre de 1994 (9). Las lanzaderas fueron remitidas al ejército y el 25 de abril de 1994 el teniente Munyaneza transcribió a mano los números de serie:

Según el teniente Munyaneza, las lanzaderas están vacías y por lo tanto han sido utilizadas. Según la requisitoria, un representante de la fiscalía de Moscú confirmó que “los lanza-misiles que llevan los números de serie 04814 y 04835 habían sido fabricados efectivamente en la exURSS en 1987 y que habían formado parte de un lote de 40 unidades vendidas al gobierno ugandés en el marco de un mercado entre Estados”. Extrañamente, bajo el título “Las incertidumbres relativas al descubrimiento de estos lanza-misiles”, la requisitoria emite dudas sobre el descubrimiento en Masaka, basándose exclusivamente en “constataciones” del informe Mutsinzi.

Dado que este informe es evocado igualmente en otras partes de la requisitoria, es preciso, en consecuencia, decir una palabra sobre los trabajos del comité Mutsinzi, que se presenta cono “independiente”, pero que no lo es en absoluto. El informe tiene con objetivo demostrar que el avión del presidente Habyarimana no fue derribado por el FPR, tal y como había concluido la instrucción del juez Bruguière, sino por radicales hutu en desacuerdo con la política presidencial. El informe plantea un buen número de interrogantes importantes. El comité Mutsinzi alardea de su imparcialidad, pero el caso es que todos los comisarios son miembros del FPR, lo que le convierte en juez y parte. Ello es muy evidente desde las primeras páginas y se confirma a través del conjunto del informe, ya que la investigación solo va en una única dirección, la de los extremistas hutu, mientras que los datos que encausan al FPR son sistemáticamente ignorados. El comité afirma haber interrogado a centenares de testigos, pero la credibilidad de sus declaraciones debe ponerse en duda. Entre los que aparecen identificados, decenas son miembros del antiguo ejército gubernamental (FAR); oídos en un contexto de temor a ser detenidos o peor sabedores de lo que los representantes del poder FPR deseaban que dijeran; sus testimonios no apenas probatorios. Numerosos ejemplos en el informe muestran que el método empleado por el comité no deja de suscitar serias reservas: se presentan en primer lugar hipótesis no probadas, incluso contra-verdades, como si fueran hechos y la acumulación de esos “hechos” permite luego terminar en la “verdad”. La conclusión a la que llega el comité no encuentra una fundamentación creíble en los datos que no se derivan de la investigación (10). En esas condiciones, es sorprendente que el fiscal acorde la más mínima prueba probatoria al informe Mutsinzi. No emite reserva alguna, mientras que lo hace para otros elementos del dosier, a menudo justamente.

Cierro este paréntesis para volver al asunto de los misiles. En la requisitoria, todo apunta en dirección del FPR: los temores de la tripulación del Falcon 50 en el sentido de que el avión pueda ser derribado por misiles suelo-aire en posesión del FPR; el hecho de que un SA-16 (nº04924) abandonado en el frente por el FPR en mayo de 1991 “proveniente, según las autoridades rusas, del mismo lote que los lanza-misiles descubiertos después del atentado” (una duda sobre esta constatación es sacada del informe Mutsinzi); la confirmación por otros testimonios “a la vez que se muestran a veces imprecisos sobre las circunstancias de la utilización de estos misiles”. En cuanto a las fuerzas armadas ruandesas (FAR), la requisitoria no sugiere en ningún momento que estuvieran en posesión de misiles suelo-aire, incluso hay indicaciones de que hubieran deseado, en vano, adquirirlos, algo que era conocido. Otras informaciones vinieron a confirmar las indicaciones de que el FPR poseía misiles suelo-aire. Un informe de la MONUSCO (11) da fe de un misil SA-16 (nº4860) tomado en septiembre de 1998 por ALIR (12) del RCD (13)/APR (14) en Goma y recuperado en agosto de 2016 por las FARDC (15) de las FDLR (16) (antigua ALIR) en Mubirubiru (RDC). La MONUSCO “subraya convergencias estrechas con otros misiles documentados en 1991 y 1994” (17). La comparación de los cuatro misiles cuyos números de serie son conocidos (04814, 04835, 04860 y 04924) con inventarios ugandeses muestra que provienen de stocks ugandeses. Un solo ejemplo: el inventario ugandés incluye los números 04831, 04832, 04833, y 04834; el número 04835 utilizado en el atentado falta (18). Por lo tanto, no hay duda de que los misiles en posesión del FPR, entre ellos los utilizados en el atentado, fueron entregados por ejército ugandés al FPR, algo que, por otro lado, fuentes bien situadas en Kampala confirman.

Numerosos testimonios mencionados en la requisitoria evocan el camino o recorrido seguido por los misiles. Varios testigos afirman que los convoy de avituallamiento entre Mulindi y CND (19) en Kigali (acantonamiento de las tropas del FPR) contenían igualmente armas y militares. El coronel Luc Marchal, comandante del sector de Kigali de las fuerza onusiana MINUAR se quejó en diversas ocasiones del insuficiente control de los convoy del FPR, evocando “extraños transportes de leña” (20). Le requisitoria evoca también a Gérard Ntashamaje, antiguo cuadro del FPR, que dice haberse enterado que los militares del APR se servían de los convoy de leña para calefacción para lograr introducir en el CND material pesado. Las dificultades para transportar hombres y armas evocadas en la requisitoria son, una vez más, tomadas esencialmente del informe Mutsinzi. Tres testigos citados por la requisitoria relatan que los misiles fueron depositados antes del atentado en la casa de la familia Munyankindi en Ndera, no lejos de Masaka. La salida del CND del comando no era difícil. Marchal relata cómo, a pesar de las consignas, los hombres del FPR entraban y salían son real control y da fe de “diferentes brechas en el cercado del CND” (21).

Los autores del atentado

En la requisitoria, siete testigos que ofrecieron precisiones sobre la identidad de los miembros del comando citan los siguientes nombres: Franck Nziza, Eric Hakizimana, Karegeya, Didier (Mazimpaka), Patiano (Ntmambara) y Bosco Ndayisaba. Franc Nziza es citado por todos los testigos como uno de los que dispararon; Eric Hakizimana lo es por tres testigos; cuatro testigos citan a Didier Mazimpaka como chófer; Patiano no es mencionado más que dos veces. Del mismo modo, dos testigos oídos tardíamente en el procedimiento mencionan a Nziza y Hakizimana; otro no cita más que a Nziza. Por otra parte, el informe secreto del equipo de investigaciones especiales del TPIR citado anteriormente menciona a Nziza como el que disparó y a Didier Hakizimana como el chófer y a Bosco Ndayisaba como el que ocultó los misiles en la casa de un miembro de su familia. Por lo tanto, la acumulación de estos datos designa incontestablemente al menos a Franck Nziza como uno de los disparadores, lo cual queda confirma por una anécdota mencionada en la requisitoria: con ocasión de una celebración en Matimba el 1 de octubre de 2.000, fueron entonados cánticos para agradecer al presidente Kagame por haber promocionado a uno de los soldados que derribaron el avión. Se sabe, por otras fuentes, que los cánticos fueron interrumpidos cuando se iba a pronunciar el nombre de Nziza.

Si bien ciertos testigos precisan los nombres de los miembros del comando, diversas fuentes citadas en la requisitoria mencionan generalmente al FPR como el autor del ataque. Así, Sixbert Musangamfura (22) afirma que varias fuentes en el seno del FPR le dijeron que el FPR había cometido el atentado; Emmanuel Habyarimana (23) relata que “varios oficiales del DMI (Directorate of Military Intelligence) habían expresado abiertamente su orgullo por haber derribado el avión”; Balthazar Ndengeyinka (24) dice que algunos militares del APR no ocultaban estar en el origen del atentado. Considerando las posiciones que estos tres testigos han ocupado en el régimen del FPR después del genocidio, no es extraño que hayan podido beneficiarse de este tipo de confidencias. Otro elemento que encausa al FPR, mencionado brevemente en la requisitoria, es la rapidez con la que inició su ofensiva general después del atentado. En efecto, sabemos que la ofensiva comenzó temprano en la mañana del 7 de abril (25), lo que sugiere que el APR estaba preparado para atacar.

No me detendré más que someramente sobre la cuestión de la decisión tomada en las altas instancia del APR de cometer el atentado. Varios testigos evocan reuniones en el cuartel general del FPR en Mulindi, en el transcurso de las cuales fue adoptada la decisión de derriban el avión. La decisión final parece haber sido tomada en una reunión en febrero o marzo (dos testigos citan el 30 o 31 de marzo de 1994). La lista de los presentes difiere de un testigo a otro, pero hay tres nombres que aparecen en cuatro testimonios: Paul Kagame, Faustin Kayumba Nyamwasa y James Kabarebe. Dos testigos dicen que Hubert Kamugisha les informó de la puesta en práctica del proyecto. Puede ser que las diferencias relativas a los nombres de las personas presentes se deban al hecho de que hubo varias reuniones, y de hecho la lista de las presencias es relativamente poco importante. Efectivamente, conociendo el funcionamiento del FPR/APR, una decisión de semejante gravedad no habría podido ser tomada por un subalterno; lo fue en el más alto nivel, estos es, por el mismo Paul Kagame.

Las dudas del fiscal

Hasta la página 64 de la requisitoria, las constataciones con claras: a pesar de la incertidumbre sobre algunos puntos, el FPR es designado como el autor del atentado. Luego, las dudas se instalan. Que los investigados nieguen todo en bloque sin la más mínima concesión (pp.65-77) no es extraño, pero luego el fiscal examina “el debilitamiento de los cargos reunidos contra las personas investigadas y las últimas investigaciones”.

El fiscal evoca en primer lugar el informe del peritaje balístico del que anteriormente he hablado. Pasa revista luego a la fiabilidad de los principales testigos. Hay por parte de Emmanuel Ruzigana una retractación total formulada el 30 de noviembre de 2006, unos días después de la emisión de la orden lanzada por el juez Bruguière de nueve mandatos de arresto. Sin embargo, la retractación es ella misma dudosa. Ruzigana miente sobre varios puntos, concretamente sobre su “interpelación” en el aeropuerto, que parece que no tuvo lugar y por el hecho de que según él su audición el 29 de marzo de 2004 fue “falsificada”, cuando un peritaje muestra que la firma al final del documento es ciertamente suya. El fiscal no se plantea la cuestión no de las razones ni de la honestidad de esta retractación, cuando otro testigo que en su momento se retractó explica por qué lo hizo.

En efecto, Abdul Ruzibiza, oído en julio de 2003, afirma el 13 de noviembre de 2008, días después de la detención de Rose Kabuye, que “inventó todo” sobre el tema del atentado. Nuevamente oído el 15 de junio de 2010, vuelve sobre ciertas declaraciones y admite concretamente que no siempre fue testigo ocular, pero que confirma los hechos relatados, que dice tenerlos de testigos directos o de fuentes indirectas. Con relación a su retractación, dice haber querido proteger su seguridad personal y la de los otros testigos. Nuevamente, el fiscal no saca conclusiones y concretamente no plantea la cuestión de la fuerza probatoria o no de las declaraciones del testigo.

El 6 de julio de 2011, la defensa presenta cuatro testimonios redactados en marzo de 2011 afirmando que Innocent Marara y Evariste Musoni todavía no eran miembros del APR en abril de 1994 y que, consecuentemente, no habían podido ser testigos de los hechos que decían haber constatado. Sin embargo, esto cuatro testigos no parece que fueron oídos por la instrucción y que por lo tanto el fiscal toma en cuenta su testimonio basado únicamente en la buena fe de la defensa. Incluso admitiendo los testimonios producidos por la defensa, Marara y Musoni relatan igualmente hechos que se produjeron después de su supuesto ingreso en el APR. Marara afirma que a finales de diciembre de 1994 o comienzos de enero de 1995 recibió confidencia de Franck Nziza que había reconocido su participación en el atentado, precisando que el primer disparo marró el objetivo y que personalmente había logrado alcanzar el avión con un segundo misil. En cuanto a Musoni, éste declara que “mucho más tarde, Mutayega Nyakarundi le había confiado que tres militares del alto mando habían participado en el atentado y que se trataba de Franck Nziza, Bosco Ndayisaba y del ‘sargento Didier’. Aquí, como en los casos precedentes, el fiscal parece estimar que estos testimonios están viciados en su conjunto.

Pongamos de relieve por fin que otros dos testigos llamados “directos”, Albert Mudenge y Aloys Ruyenzi, no son cuestionados en modo alguno, pero el fiscal parece que los elimina como a otros, cuando a primera vista sus testimonios deben ser considerados (26).

Conclusión

La requisitoria concluye que “las incertidumbres siguen siendo numerosas”. El fiscal dice que “el descubrimiento de dos lanza-misiles SA-16 que transitaron por el ejército ugandés no constituye más que un indicio tendente a señalar al FPR como responsable de este atentado”, y que “incluso resulta imposible decir si estos dispositivos eran funcionales o si ya habían sido utilizados antes”(p.91). La manera como el fiscal evacúa esta pista es sorprendente, cuando se trata de un dato material de gran importancia. El fiscal parece admitir que los misiles provenían de stocks ugandeses. Considerando los lazos de unión del APR con el ejército ugandés y las pruebas de que este ejército suministró misiles suelo-aire de tipo SA-16, no puede decirse que “no es más que un indicio”, sino que se trata de una prueba. Por otra parte, los misiles fueron de verdad utilizados, ya que fueron encontradas las lanzaderas vacías. La constatación del fiscal de que “todas las personas investigadas o encausadas rechazan la posesión (por parte del APR) de misiles anti-aéreos”(p.92), no puede valer como argumento, ya que es evidente los investigados niegan los hechos que se les reprochan.

La requisitoria conduce a una situación paradójica. Si tal y como el fiscal sugiere, no está probado que los misiles en posesión del APR y disparados desde un lugar inaccesible al APR, ¿quién ha cometido el atentado? No explota en ninguna parte la pista de las FAR o de los extremistas hutu, sin duda porque ningún indicio los señala. Sobre este punto no sigue lo que afirma el informe Mutsinzi que había concluido en su culpabilidad. Estamos por lo tanto confrontados a un crimen sin autores, conclusión desoladora tras veinte años de investigaciones.

El fiscal concluye, justamente, que la duda debe aplicarse en provecho de los investigados. Pero la duda respecto de uno no lo es respecto del otro, y la manera apropiada para resolver esta contradicción es el debate contradictorio ante el tribunal de justicia. Si, por razones que pueden comprenderse, el fiscal no deseaba inculpar a los que estaban detrás del atentado, habría podido adoptar un trámite razonable para llevar a cabo este debate ante la Audiencia por medio de la acusación del cargo de asesinato y organización terrorista al menos de Franck Nziza, sobre el que convergen todos los elementos del dosier.

Filip Reyntjens

Fuente: The Rwandan

[Traducción, Ramón Arozarena]

Notas:

(1) Hay que insistir en el término “dominio/terreno militar”, porque se ha creado y mantenido intencionalmente por algunos una confusión entre campo y terreno. Ahora bien, el dominio cubre un espacio de un centenar de hectáreas; no estaba cercado ni vigilado. El campo militar se sitúa en una de las extremidades del terreno mientras que los lugares privilegiados para la investigación balística (sobre la que volveré) se sitúan en el otro extremo. Es evidente que el FPR no habría podido ser el autor del atentado si los disparos hubieran partido del campo militar, pero esta hipótesis no ha sido mantenida por nadie.

[2]C. Braeckman, “L’avion rwandais abattu par deux Français?”, Le Soir, 17 juin 1994.

[3]International Criminal Tribunal for Rwanda, General report on the Special Investigations concerning the crimes committed by the Rwandan Patriotic Army (RPA) during 1994, rapport marqué “Top Secret” du 1er octobre 2003, pp. 20-21.

[4]J. Rever, In Praise of Blood. The Crimes of the Rwandan Patriotic Front, Toronto, Random House Canada, 2018, pp. 188-189.

[5]République du Rwanda, Comité indépendant chargé de l’enquête sur le crash du 06/04/1994 de l’avion Falcon 50, immatriculé 9XR-NN, Rapport d’enquête sur les causes, les circonstances et les responsabilités de l’attentat du 06/04/1994 contre l’avion présidentiel rwandais Falcon 50 no. 9XR-NN, Kigali, 20 avril 2009, p. 56.

[6]Cour d’appel de Paris, Tribunal de grande instance de Paris, Rapport d’expertise. Destruction en vol du Falcon 50 Kigali (Rwanda), 5 janvier 2012, p. 183.

[7]Idem, p. C2.

[8]El complemento del peritaje no está disponible públicamente y no sabemos si ha sido realizado por los mismos expertos que los que hicieron el informe inicial.

[9]F. Reyntjens, Rwanda. Trois jours qui ont fait basculer l’histoire, Paris, L’Harmattan, 1995, p. 44.

[10]Pour une analyse détaillée du rapport Mutsinzi, voir F. Reyntjens, Analyse du rapport Mutsinzi sur l’attentat du 6 avril 1994 contre l’avion présidentiel rwandais, Anvers, IOB Working Paper 2010.01, 28 pp.

[11]Mision de las Naciones Unidas para la estabiliación en Repúblca Democrática del Congo

[12]Ejército para la Liberación de Ruanda.
[13]Reagrupamiento cogoleño para la democracia, movimiento rebelde apoyado por Ruanda.

[14]Ejército patriótico ruandés, ala militar del FPR.

[15]Fuerzas armadas de la República democrática del Congo.

[16]Fuerzas democráticas para la liberación de Ruanda.

[17]MONUSCO, captura por parte de las FARDC de un SAM-16 en posesión de las FDLR, 20 de septiembre de 2016.

[18]Ver “New information supports claims Kagame forces were involved in assassination that sparked Rwandan genocide”, The Globe and Mail, 9 octobre 2018.

[19]Consejo nacional de desarrollo, nombre del Parlamento bajo la 2ª República.

[20]L. Marchal, Rwanda: la descente aux enfers, Bruxelles, éditions Labor, 2001, pp. 97-112.

[21]Idem, p. 111.

[22]Jefe del Servicio central de informaciones (inteligencia) hasta agosto de 1995.

[23]Ministro de Defensa entre 2.000 y 2002.

[24]Antiguo oficial de las FAR, coronel en el seno del APR hasta 2003.

[25]F. Reyntjens, Rwanda. Trois jours…, op. cit., p. 43.

[26]Señalemos que varios testigos (potenciales) (Théoneste Lizinde, Seth Sendashonga, Patrick Karegeya y Emile Gafirita) fueron asesinados o « desaparecieron. Serias sospechas pesan sobre los servicios ruandeses a causa de estos crímenes.

[Fundación Sur]

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