Según las conclusiones del informe publicado por Amnistía Internacional el día 2 de julio, en Mauritania se está arrestando, sometiendo a malos tratos y expulsando colectivamente -no siempre a sus países de origen- y sin darles la oportunidad de impugnar la decisión a migrantes en situación administrativa irregular que intentan llegar a Europa. «Esta política de arrestos y expulsiones colectivas aplicada por las autoridades mauritanas es el resultado de la intensa presión que la Unión Europea (UE), en particular España, ejerce sobre Mauritania en su intento de hacer participar a diversos países africanos en sus esfuerzos por combatir la migración irregular a Europa», ha manifestado Salvatore Saguès, investigador de Amnistía Internacional sobre África Occidental.
Desde 2006 se ha arrestado a millares de migrantes sospechosos de intentar partir desde Mauritania hacia las Islas Canarias (España) con intención de entrar en Europa. Miembros de las fuerzas de seguridad mauritanas han recluido a muchos de ellos en un centro de detención de Nouadhibou, en el norte de Mauritania, conocido informalmente como «Guantanamito» por los habitantes del lugar y los migrantes.
El centro de detención de Nouadhibou es una vieja escuela, cuyas antiguas clases se han llenado de literas para acoger hasta 300 personas al mes, pero sin control judicial alguno. Los migrantes soportan condiciones de hacinamiento y, a veces, malos tratos. Según el Servicio de Seguridad Nacional, en 2007 fueron recluidas en el centro 3.257 personas, a las que se envió luego a Senegal y a Malí, sin tener en cuenta su nacionalidad ni su país de origen. Se las dejó en la frontera, a menudo sin apenas alimentos ni medio de transporte.
En su informe, titulado Mauritania: “Nadie quiere tener nada que ver con nosotros” Arrestos y expulsiones colectivas de migrantes a quienes se ha negado la entrada en Europa, Amnistía Internacional expresa también preocupación por el hecho de que, en nombre de la lucha contra la migración irregular, las autoridades mauritanas hayan arrestado a ciudadanos de países de África Occidental que vivían en Mauritania y no parecía que tuvieran intención de marcharse del país. Algunas de estas personas han sido arrestadas en la calle o en sus casas, y a muchas, las fuerzas de seguridad mauritanas les han robado además sus posesiones.
Amnistía Internacional pide a las autoridades mauritanas que garanticen que sus fuerzas de seguridad respetan el derecho internacional. Asimismo, la organización pide a la UE y a sus Estados miembros, especialmente a España, que asuman la responsabilidad de garantizar que las personas migrantes son tratadas de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos. «Los Estados de la UE se están sirviendo de países como Mauritania para gestionar los flujos de migrantes que intentan entrar en Europa desde sus territorios. Los han convertido, de hecho, en los ‘policías de Europa'», ha manifestado Salvatore Saguès.
Información complementaria
El extenso informe Mauritania: «Nadie quiere tener nada que ver con nosotros». Arrestos y expulsiones colectivas de migrantes a quienes se ha negado la entrada en Europa (AFR 38/001/2008), publicado el día 2 de julio, es el resultado de una visita de investigación que delegados de Amnistía Internacional realizaron a Mauritania en marzo de 2008, cuando entrevistaron a personas recluidas en el centro de detención de Nouadhibou, migrantes que habían sido acusados de intentar llegar a Europa a través de las Islas Canarias. Los delegados se reunieron también con altos cargos del gobierno mauritano y con representantes diplomáticos de España y Mauritania.
Mauritania, que ha mostrado siempre una actitud acogedora hacia gran número de ciudadanos de los países vecinos, firmó en 2003 un acuerdo con España que le obliga a readmitir en su territorio no sólo a ciudadanos mauritanos, sino también a los de terceros países si se verifica o se sospecha que intentaban viajar a España desde la costa mauritana. Asimismo, Mauritania ha accedido a la presencia en su suelo de un avión y un helicóptero, desplegados en el contexto de una operación emprendida por la UE con objeto de controlar sus fronteras exteriores.
(Amnistía Internacional. Londres, 02-07-08)
