La Comisión General de Justicia y Paz muestra su indignación ante los hechos del pasado 30 de enero, cuando el Ayuntamiento de Níjar ejecutó el desalojo y el derribo del asentamiento chabolista de El Walili. Allí malvivían entre 300 y 400 personas en chabolas de madera, de plástico o de cartón. No tenían agua potable ni alcantarillado. La electricidad la pinchaban. Si bien el Ayuntamiento les ofreció una estancia temporal en un almacén que habilitó con literas alineadas una junto a otra sin apenas separación y sin intimidad alguna, solamente una minoría de las personas desalojadas se acogieron a este arreglo transitorio. La mayoría se mudó a otros asentamientos o buscó refugio en locales o viviendas realquiladas y hacinadas.

El Walili es la punta de un gran iceberg en la soleada Almería. Este asentamiento es uno de los cerca de ochenta que se calcula que hay diseminados entre los invernaderos del Campo de Níjar. En ellos malviven hombres y mujeres que han emigrado a España en busca de un futuro mejor. La mayoría provienen de Marruecos y de países del África subsahariana y una minoría tiene papeles. Subsisten de lo que puedan ganar trabajando por unos pocos euros por hora, recogiendo frutas o verduras en los invernaderos. Si su situación ya es precaria de por sí, además, a menudo son víctimas de estafas de quienes les ofrecen un contrato ficticio o un empadronamiento inexistente a cambio de grandes sumas de dinero.

Son víctimas de la pobreza y de la marginación extrema. Olvidadas entre las olvidadas. En este sentido nos hacemos eco de las declaraciones del Relator de las Naciones Unidas para los derechos humanos y la extrema pobreza que en su visita a España en 2020 declaró cómo algunos de los lugares que visitó (refiriéndose a los asentamientos chabolistas) no serían reconocidos por parte de la ciudadanía española como parte de su país por tener condiciones mucho peores que las de un campamento de personas refugiadas (A/HRC/44/40/Add.2, página 4). También nos hacemos eco de las repetidas ocasiones en las que desde el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos se afirma que la pobreza, «más que un tema económico es una privación profunda de las libertades fundamentales y un ataque a la dignidad humana». Y por tanto su erradicación concierne muy principalmente a los Gobiernos competentes.

Si nos detenemos a pensar un poco, nos daremos cuenta de que las frutas y verduras provenientes de Almería que comemos han pasado por sus manos. La llamada «huerta de Europa» no sería posible sin estas personas. Ahora bien, su supervivencia no es de interés para muchas otras. Hay quienes callan ante esta injusticia y se lavan las manos con indiferencia por esta dramática existencia.

Desde Justicia y Paz denunciamos la situación en que se encuentran estas personas. Son seres humanos con la misma dignidad y derechos que el resto de habitantes del país, en cuanto a emigrar, trabajar, la salud y tener una vivienda digna. El desalojo y demolición de las chabolas no sirve para resolver el problema de la falta de vivienda y de oportunidades laborales de estas personas. La solución no es fácil, pero empieza por reconocer su dignidad y facilitarles el acceso a la residencia y a un trabajo digno. La reciente recogida de firmas de la iniciativa legislativa popular de regularización de personas extranjeras es un paso en esta dirección. Ahora falta que quienes legislan y las administraciones la sigan.

El Walili antes del desalojo:

El Walili después del desalojo

Fuente: Comisión General Justicia y Paz

[CIDAF-UCM]