La coordinadora de la Misión General de Observación del Consejo General de Abogacía en España para el Sahara Occidental, Inés Miranda ha denunciado la ilegalidad del juicio celebrado en febrero pasado por un tribunal militar marroquí contra los presos políticos saharauis del Grupo de Gdeim Izik.
En declaraciones a Radio Argelia Internacional, la abogada española, que asiste a los juicios contra presos políticos saharauis desde el 2002, señaló que «el juicio es contrario al derecho, a la legalidad, no solo internacionales, sino también a la marroquí porque se trata de civiles que fueron juzgados ante un tribunal militar y extraterritorial».
«Los juicios de civiles ante tribunales castrenses están prohibidos por los convenios internacionales y por la constitución marroquí aprobada hace dos años», añadió.
Inés Miranda recordó que el juicio viene a raíz del desmantelamiento por la fuerza del Campamento de Gdeim Izik. «Fueron las fuerzas marroquíes las que utilizaron la violencia contra los saharauis sin darles ninguna oportunidad para defenderse», afirmó.
En este sentido, Inés Miranda precisó que el juicio no solo es nulo, ilegal, sino una absoluta incongruencia desde sus inicios. «Como ejemplo muchos se reclamaban por una serie de víctimas y muertos militares marroquíes que en ningún momento se procedió a la identificación de los muertos», explicó.
Los presos políticos saharauis sufren violaciones y son obligados a firmar declaraciones que se obtienen bajo tortura.
«La condena a cadena perpetua de presos políticos saharauis (Grupo de Gdeim Izik) por un tribunal militar hace realmente más abundante el uso de la violencia», lamentó.
La coordinadora de la Misión General de Observación del Consejo General de Abogacía en España para el Sahara Occidental reiteró su organización, como las demás asociaciones y observadores internacionales intentamos «seguirán denunciando estos hechos porque realmente no pueden quedar inmunes el Consejo de Seguridad, ni la comunidad internacional con respecto a tales violaciones».
«La única conclusión que se puede sacar es que huían de la agresión que sufrieron los saharauis aquel 8 de noviembre de 2010, día del desmantelamiento del campamento», concluyó.
Sahara Press Service
