Más de 1.600 personas migrantes detenidas actualmente en la isla italiana de Lampedusa corren el riesgo de ser devueltas a su país. Según una declaración oficial emitida por el ministro del Interior italiano el 23 de enero, desde el 1 de enero ya han sido devueltos desde Lampedusa 150 migrantes.
Todas esas personas que están en la isla corren el riesgo de ser repatriadas sin tener acceso a un procedimiento justo para el examen de sus solicitudes de asilo ni la oportunidad de impugnar la medida de expulsión.
En una conferencia de prensa celebrada el 28 de enero, el ministro del Interior declaró que, a lo largo de los próximos dos meses, serían deportados 500 migrantes tunecinos en virtud de un acuerdo al que Italia había llegado con Túnez en relación con la devolución de migrantes irregulares.
Además, el 3 de febrero, el ministro italiano del Interior anunció que 120 migrantes irregulares serían devueltos a Túnez inmediatamente. No se han hecho públicos datos oficiales sobre si alguna de las personas detenidas ha sido o será transferida a otros centros de acogida de Italia.
El centro de detención donde se mantiene retenidos a los 1.677 migrantes fue construido para albergar a 850 personas. El 23 de enero, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) manifestó su preocupación acerca de las condiciones en el centro de detención y pidió a las autoridades italianas que tomaran todas las medidas necesarias para abordar la difícil situación humanitaria de las personas detenidas.
Según una declaración del ACNUR sobre la situación en Lampedusa, emitida el 9 de enero, “[…] se debe permitir el desembarco en lugar seguro de quienes piden asilo para que puedan recibir información sobre sus derechos y tener la oportunidad de formalizar una solicitud de asilo que tenga [sic] una tramitación justa.”
“Devolver a los refugiados a países en los que no cuentan con una protección efectiva podría violar las obligaciones internacionales de los Estados –el principio de no-devolución (non-refoulement)–.”
Desde enero, más de 1.000 personas de distintas nacionalidades han desembarcado en la isla siciliana de Lampedusa. Según las cifras que maneja el ACNUR, solicitaron asilo alrededor del 75 por ciento de las 36.000 personas que en 2008 llegaron a Italia por mar; a casi la mitad se le concedió el estatuto de refugiado u alguna otra medida de protección para evitar su devolución.
En enero, el gobierno implantó una nueva política según la cual los procedimientos de identificación y asilo de todos los migrantes que desembarcan en Lampedusa se llevan a cabo en un nuevo centro de identificación y detención situado en la isla. Esta medida despertó una gran preocupación por lo que se refiere al acceso a un procedimiento justo y a una adecuada representación letrada.
Amnistía Internacional insta a las autoridades a no devolver a ninguna persona a un país donde esté expuesta a sufrir graves violaciones de derechos humanos, de conformidad con las obligaciones contraídas por Italia como Estado Parte en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y la Convención contra la Tortura.
“El derecho internacional de los derechos humanos y el derecho de refugiados obliga a las autoridades a permitir que toda persona migrante solicite asilo a través de procedimientos justos y satisfactorios y a garantizarle protección contra su devolución a un país donde esté expuesta a sufrir graves violaciones de derechos humanos”, ha declarado David Diaz-Jogeix, director adjunto del Programa Regional para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional.
(Amnistía Internacional, 06-02-09)
