“La Corte Penal Internacional ha degenerado en una persecución contra los africanos por motivo de raza”. Cuando leí esta frase, pronunciada hace una semana al final de la cumbre de la Unión Africana por el primer ministro etíope Hailemarian Deselegn, me acordé Fire in Pabbo Camp 2de una escena que presencié hace 25 años, cuando servidor de ustedes trabajaba con inmigrantes africanos en Madrid. Discutían dos hombres nigerianos a la salida de un bar del que acababan de ser expulsados en medio de una pelea. “No hay derecho, me han echado por ser negro”, se quejaba uno de ellos. “No digas tonterías”, le respondió su compañero. “A ti y a mí nos acaban de echar porque estamos borrachos y hemos empezado golpes con los que teníamos al lado”.
Después de 25 años trabajando en África y de ver muchas situaciones de injusticia que claman al cielo, no voy a ser yo quien niegue que en el mundo se han dado, y se siguen dando, infinidad de formas de discriminación contra quienes han nacido en África. Pero aducir el argumento de “se meten conmigo porque soy negro” es algo que no debería usarse alegremente para cualquier situación que a alguien le resulte incómoda. Resulta que en la última cumbre de la Unión Africana, celebrada en Addis Abeba, en la que este organismo celebró por todo lo alto su 50 aniversario, los mandatarios presentes pasaron una moción por la que pedían a la Corte Penal Internacional que suspendiera los juicios del presidente de Kenia Uhuru Kenyata y su vice-presidente William Ruto, ambos acusados de crímenes contra la humanidad por el presunto papel de ambos en orquestar la violencia que siguió a las elecciones de final de año de 2007 en la que algo más de mil personas murieron y medio millón se vieron obligadas a abandonar sus hogares, en su mayoría después de que algunos políticos sin escrúpulos incitaran a milicias a matar o herir a sus rivales y a incendiar sus viviendas.
Poco tiempo perdió la fiscal jefe, la gambiana Fatou Bensouda, en responder a semejante majadería. Ha venido a decir que no permitirá que los politiqueos interfieran con los casos que la Corte juzga en la actualidad, y les ha advertido que en lugar de preocuparse por proteger a presuntos criminales más valdría que los dirigentes que han pasado esa moción se preocuparan de los millares (millones, diría yo) de víctimas, que son ciudadanos de los países que ellos dirigen. Nada menos que 43, de los 54 países africanos, han firmado el Estatuto de Roma (34 lo han ratificado), que dio origen en julio de 2002 a la Corte Penal Internacional, el primer tribunal permanente para juzgar crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y el crimen de genocidio. Con esta cifra, África es el continente que cuenta con más representación entre los firmantes de este tribunal que fue creado para poner fin a la impunidad con que suelen quedar en la mayoría de los casos estos crímenes horrendos.
Los dirigentes africanos, además, parecen tener una memoria muy corta: de los ocho casos que actualmente maneja la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, cuatro fueron referidos por los gobiernos de los países africanos concernidos: el primero de ellos fue el de los crímenes de la guerrilla ugandesa del LRA. Fue el presidente ugandés (que últimamente despotrica bastante contra la CPI) quien refirió el caso al entonces fiscal jefe, el argentino Luis Moreno Ocampo a finales de 2003. Un año y medio más tarde, la CPI emitió órdenes de arresto contra el líder del LRA Joseph Kony y cuatro de sus lugartenientes (dos de los cuales han muerto desde entonces). Segundo caso: el de los señores de la guerra de la República Democrática del Congo. Fue el gobierno de este país quien pidió la intervención de la CPI, la cual hasta la fecha tiene en sus celdas a dos de los peores criminales que han arruinado la vida a millones de congoleños: Thomas Luganba (el primer condenado en firme por la CPI, por reclutamiento masivo de niños soldado) y Bosco Ntaganda, quien se entregó en marzo de este año en circunstancias bastante extrañas, en la embajada de Estados Unidos en Kigali.
Tercer caso: el del antiguo señor de la guerra y exvice presidente congoleño Jean Pierre Bemba. Este personaje fue acusado por el gobierno de la República Centroafricana de haber enviado a sus milicianos del MLC a Bangui en julio de 2002 para apoyar al entonces presidente centroafricano Ange Felix Patassé, que estuvo a punto de ser derrocado por militares apoyados por mercenarios libios y chadianos. Durante los ocho meses sucesivos, las milicias de Bemba, en muchos casos formadas por adolescentes drogados, mataron, torturaron, violaron, saquearon e infinidad de viviendas de los barrios del Norte de Bangui y zonas rurales más allá de la capital habitadas por personas de etnias sospechosas de haber apoyado el fallido golpe de Estado. Bemba lleva casi tres años en La Haya, y a su detención contribuyó enormemente el gran papel que desempeñaron varias asociaciones de defensa de los derechos humanos de Centroáfrica que durante años recabaron minuciosamente abundante documentación gracias a la cual la CPI pudo actuar.
No conozco bien los detalles de los casos de Kenia y Costa de Marfil y por lo tanto no voy a analizarlos, pero en los otros dos casos: el de Darfur –que hasta la fecha ha acabado con una orden de detención contra el presidente sudanés Omar el Bashir- y el de Libia, fue el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas quien pidió la intervención de la CPI, y cuando se votó la resolución todos los países africanos que estaban representados en este alto organismo votaron a favor.
Estos son los datos objetivos, que hablan de que si la CPI se ocupa actualmente de casos que conciernen a ocho países africanos, esto se debe a que fueron los propios dirigentes de esos países los que pidieron la intervención de este tribunal de La Haya. Es una pena que se pierda tan pronto la memoria y que se utilicen argumentos de pata de banco como el tan manido de la “persecución por razón de raza” que no se sostienen por sí mismos. En cuestiones de justicia internacional, en la que está en juego el derecho de millones de víctimas, no se puede aplicar el principio de “donde dije digo, digo Diego”. Lo que sí sería discriminatorio y humillante contra los africanos no es que se persiga judicialmente a algunos de sus dirigentes que han cometido atrocidades sin cuento –por mucho que algunos de ellos tengan tratamiento de excelentísimo señor- sino que se abandone a los millones de sus víctimas que tienen derecho a ver justicia.
Original en : En Clave de África
