Durante el acto de toma de posesión presidencial, algunos diplomáticos se retiraron de la sala ceremonial de Kololo (Uganda) en protesta por la presencia del presidente de Sudán, Omar al-Bashir, y por las declaraciones del presidente Yoweri Museveni, sobre la Corte Penal Internacional (CPI).
Los diplomáticos tenían libertad para salir en señal de protesta. Sin embargo, la diplomacia requiere un poco de civismo y los diplomáticos no deberían protestar de una manera que pueda poner en peligro las relaciones entre los países en otros frentes.
¿Tienen razón los jefes de estado africanos en sus acusaciones contra la CPI?
La CPI, con sede en La Haya, Holanda, es el tribunal de última instancia que tiene jurisdicción sobre ciertos crímenes internacionales, como el genocidio, los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra cometidos por estados miembro o dentro del territorio de estados miembro. Los estados miembro tienen la obligación legal de cooperar con la corte cuando se les requiera, como por ejemplo en la detención y traslado de personas acusadas o proporcionando acceso a pruebas y testigos.
La base de su fundación, el Estatuto de Roma, entró en vigor el 1 de julio de 2002. En esta última década, el tribunal ha logrado grandes avances. Hasta el 4 de marzo, 2016, 124 Estados se habían adherido al Estatuto de Roma y la corte había abierto investigaciones en ocho países, entre ellos Uganda.
La idea de tener un organismo con mandato internacional para hacer frente a los crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad se remonta a la Segunda Guerra Mundial. Los tribunales militares fueron puestos en marcha por las potencias aliadas en Nuremberg y Tokio, y los tribunales penales internacionales se establecieron más tarde en Yugoslavia y, después del genocidio, en Ruanda.
La extensión progresiva de un mandato global simbólico, capaz de juzgar crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, y ahora también el delito de «agresión» se corresponde con la aparición de una concepción teórica de los «derechos humanos» que aparece en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
A pesar del fracaso de la comunidad internacional con los genocidios en Ruanda y Yugoslavia, los tribunales penales tuvieron, una vez más, un papel destacado juzgando a los líderes responsables de las atrocidades más graves y mediando en la reconciliación social y de la sociedad. Sin embargo, hay quienes sostienen que sólo acentúan resentimientos y quejas ya existentes, promoviendo la violencia y el derramamiento de sangre. Sin embargo, el precedente establecido es, por lo menos, un pequeño paso hacia la creación de un mundo justo y pacífico.
Uganda firmó el Estatuto de Roma el 17 de marzo de 1999 y posteriormente lo ratificó y se adhirió el 14 de junio 2002 convirtiéndose en un estado miembro de la CPI. Las acusaciones de que la CPI ha perdido políticamente su integridad moral, ya que se dirige selectivamente a los estados africanos pobres, ha erosionado aún más su legitimidad. ¿Por qué la CPI no ha ido a por Irak, Afganistán, Israel-Palestina, México, Colombia, Siria y otros estados con problemas fuera de África? No hay que olvidar los muchos años de saqueo y tortura que ha vivido África sin la más mínima preocupación internacional.
Hasta el momento, 39 personas han sido acusados por la CPI: los líderes rebeldes de Uganda Joseph Kony, Dominic Ongwen y el fallecido Vincent Otti, el presidente de Sudán, Omar al-Bashir, el presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta y su adjunto William Ruto, el ex líder libio Muammar Gaddafi, el ex presidente de Costa de Marfil, Laurent Gbagbo, Bahr Abu Garda de Sudán, Mohammed Ali de Kenia. Otros más han sido: Abdallahbanda de Darfur (1), Jean-Pierre Bemba de la república Centroafricana (CAR), Charles Ble ‘Goude de Costa de Marfil, Saif al Islam Gaddafi de Libia, Simone Gbagbo de Costa de Marfil, Ahmed Haroun de Darfur, Abdel Rahim Hussein de Darfur, Saleh jerbo de Darfur , Germain Katanga de la República Democrática del Congo (RDC), Henry Kosgey de Kenia, Ali Kushayb de Darfur, Thomas LubangaDyilo de la RDC, RaskaLukwiya de Uganda, Almad al-Mahdi de Malí, CallixteMbarushimana de la RDC, SylvestreMudacumura de la RDC, Francis Muthaura de Kenia, Mathieu Chui y Bosco Ntaganda de la RDC, OkotOdhiambo de Uganda, Joshua Sang de Kenia, Abdullah Senussi de Libia, entre otros.
Esto demuestra que los países africanos cooperaron y respetan el espíritu del Estatuto. Sin embargo, otros estados miembros, con todos sus flagrantes delitos contra la humanidad dentro o fuera de sus territorios, hacen oídos sordos a las disposiciones del Estatuto.
¿Es correcto que algunos africanos vean un sesgo discriminatorio y racista en el trabajo de la CPI?
Sí, es correcto, sólo hace falta mirar las estadísticas.
Parece que existe discriminación y racismo ya que la mayoría de los casos que enjuicia la CPI son africanos. De los 39 autos de procesamiento, aproximadamente el 97% de ellos corresponden a estados miembro de África.
Con un historial como el de Estados Unidos o el de Israel, ¿por qué no hay ante la corte ningún estadounidense o israelita por lo que hicieron en Gaza, por lo que hicieron en el Líbano, por lo que hicieron a la indios de América del Norte?
Cuando la CPI entró en vigor en 2002, fue para llevar la justicia al mundo, no sólo a África, pero ha habido más de 13 casos diferentes de presuntos crímenes de guerra fuera de África en Crimea, Palestina, Siria, Irak, entre muchos otros que siguen sin investigación desde la creación de la CPI, y ahora están surgiendo muchos más. Entonces, ¿por qué tenemos una corte penal internacional que no ha llevado a cabo lo que dijo que llevaría a cabo cuando Uganda se adhirió al Estatuto de Roma?
Los Estados Unidos, junto con China, Irak, Israel, Libia, Qatar y Yemen, votaron en contra del Estatuto antes de firmar y en última instancia no firmaron (“unsigning”). En audiencias del Senado celebradas actualmente, el senador Rod Grams describió a la CPI como «un monstruo que debe ser matado» y el senador John Ashcroft denunció a la CPI como «una amenaza clara y continua para el interés nacional de los Estados Unidos.» En concreto, la CPI fue vista como una amenaza a la soberanía EE.UU.
Clinton expresó inicialmente la preocupación de que «cuando el tribunal se creara, no sólo iba a ejercer su autoridad sobre los estados que habían ratificado el tratado, sino que también podía reclamar jurisdicción sobre los estados que no lo habían hecho.» De hecho, bajo la administración Bush, la política de EE.UU. dio un giro hacia la hostilidad, debido en parte a la profunda preocupación de que la CPI podría ser utilizada para juzgar a los estadounidenses desplegados en Irak y Afganistán.
‘Sin firmar’ (unsigned) el Estatuto de Roma, se transmite formalmente a las Naciones Unidas que Estados Unidos no lo ha ratificado ni pretende hacerlo y, por lo tanto, no se consideran obligados por ningún mandato de la CPI. El establecimiento de acuerdos bilaterales de inmunidad, destinados a la prevención de que los estadounidenses puedan ser transferidos a la custodia de la CPI, protege aún más a los USA de este «monstruo».
En vista de todo lo anterior, los diplomáticos que abandonaron la ceremonia de toma de posesión en Kololo están totalmente equivocados, mal informados y deberían revisar algunos códigos básicos de la etiqueta diplomática. El comportamiento de estos desafortunados diplomáticos podría obligar a Uganda a solicitar a algunos gobiernos que retiren o reemplacen a sus representantes ya que no se comportan de una manera diplomática. Ningún país puede hacer esto por ejemplo, al Presidente de los Estados Unidos, ¿por qué deberían poder hacerlo con los demás?
(1) Darfur: zona situada en el Sudán occidental que limita con la República Centroafricana, Chad, Sudán del Sur y Libia
Por Richard Todwong, político ugandés del partido en el poder, el National Resistance Movement (NRM), conocido popularmente como “el Movimiento”
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