Una zona habitada por los masái, en Tanzania, se está convirtiendo en una zona de guerra con el gobierno. Los masái acusan al gobierno de Tanzania de expulsiones ‘forzadas’ de sus tierras ancestrales.
¿En qué consiste el conflicto?
Todo depende de puntos de vista. Comunidades masái del norte de Tanzania dicen que el gobierno está cerrando servicios vitales para obligarlos a abandonar sus tierras ancestrales, y expandir las lucrativas reservas de caza. El área de conservación masái está constituida por 809 000 hectáreas de bosques y llanuras de pastoreo a las afueras del parque nacional Serengeti. El gobierno pretende que las comunidades masái están aumentado sus ganados y que ponen en peligro el medio ambiente en las inmediaciones del Parque nacional.
¿Qué hay de verdad en las quejas de los masái?
El año pasado, las comunidades masái en la zona protestaron cuando la policía comenzó a demarcar 1500 kilómetros cuadrados de sus tierras, para una reserva de caza. Según testigos, la policía abrió fuego, robó ganado y destruyó propiedades. Un oficial de policía murió, más de 30 masáis resultaron heridos y miles huyeron a Kenia. Un abogado de derechos humanos afirma: “El gobierno está tratando de asfixiar a las comunidades masái y hacer que la situación sea incómoda para ellas”. Un hospital, en gran parte financiado por la iglesia católica, vio reducido su personal sanitario por el gobierno de 60 a 17. Aunque se ha reducido el personal, el hospital continúa brindando todos los servicios médicos regulares. Los activistas de derechos humanos dicen que las acciones del gobierno son esfuerzos obvios para hacer que el área de conservación masái sea inhabitable. Un representante del gobierno lo niega.
¿No pueden desplazarse las comunidades cercanas al parque?
Los pastores masái están siendo reubicados a cientos de kilómetros de distancia. Según los funcionarios de reasentamiento, este desplazamiento es «estrictamente voluntario«. “A los que no están dispuestos a irse, nadie los ha evacuado ni desalojado”. Los masái, por el contrario se quejan de que el gobierno dice a la comunidad internacional que no están coaccionado aunque esto no es verdad, pero ellos no pueden exponer las mentiras oficiales. Se estima que 250 personas ya se han reubicado, pero el agua escasea y la escuela y otros los servicios no están todavía concluidos. Lo que es peor, según el Instituto Oakland, los sitios de reasentamiento ya están habitados por comunidades, a las que el gobierno no consultó antes de que comenzaran las actividades de reubicación. Los enfrentamientos entre los inquilinos y los recién llegados ya han comenzado, y se espera que empeoren a medida que escaseen los recursos para el ganado de ambas comunidades. El año pasado, más de 275 investigadores de todo el mundo firmaron una carta abierta pidiendo el cese del desalojo, sin mucho éxito. La sospecha es que el objetivo del gobierno es dar paso a las reservas de caza, y expandir el lucrativo sector turístico.
Bartolomé Burgos
CIDAF-UCM
