Los abusos continúan en Costa de Marfil, semanas después del final de la amarga lucha por la presidencia, según ha declarado un grupo de derechos humanos el día 7 de junio, demandando que ninguno de los dos bandos goce de impunidad.
“Todavía se están cometiendo abusos hoy en Costa de Marfil”, ha alertado la presidenta de la Federación Internacional de Derechos Humanos, FIDH, Souhayir Belhassen ante los periodistas.
“Todavía hay marfileños que tienen miedo. Incluso cuando han sufrido abusos, tienen miedo de acudir a la comisaría de policía, que muchas veces ni siquiera existe porque han sido quemadas o destruidas”, añadió.
Belhassen, que se ha reunido con el nuevo presidente de Costa de Marfil, Alassane Ouattara, durante su visita al país, reconoce sin embargo, que las autoridades están buscando soluciones a este terrible ciclo”.
Ouattara juró su cargo el mes pasado, después de casi cinco meses de batalla con el ex presidente Laurent Gbagbo, que rechazó la decisión de la Comisión Electoral, respaldada por la ONU, que declaró que él había perdido las elecciones presidenciales de noviembre de 2010.
El bando de Ouattara asegura que unas 3.000 personas han muerto en los enfrentamientos, que tuvieron su momento más duro en diez días de combates en la capital económica, Abiyán.
Se han producido ejecuciones sumarias, asesinatos en masa, violaciones y saqueos, y además decenas de miles de personas han huido de sus hogares.
El nuevo gobierno debe “comprometerse a iniciar acciones legales contra los responsables de las graves violaciones de los derechos humanos”, tanto del bando de Gbagbo como del de Ouattara, ha señalado Belhassen.
“No debe darse una justicia selectiva, una justicia de vencedores”, insistió el presidente honorario del grupo, Sidiki Kaba, acompañado de representantes de grupos de derechos humanos marfileños. “Esto podría ser una fuente de violencia en el futuro”, advirtió.
El conflicto terminó prácticamente cuando las tropas de Ouattara pudieron arrestar a Gabagbo, en Abiyán, el 11 de abril, con la ayuda de la ONU y las fuerzas francesas.
La presidenta del FIDH criticó lo que ella denominó “vaguedad” legal sobre Gbagbo y otros miembros de su régimen, que están bajo arresto domiciliario. “deberían ser acusados formalmente o puestos en libertad”, insistió.
(News 24, 08-06-11)
