En todo el sur de la provincia de Kivu Norte, en el este de la República Democrática del Congo, el mantenimiento de la pena de muerte está en boca de todos, incluidos numerosos activistas de derechos humanos de Goma y sus alrededores. Que siguen organizando regularmente conferencias y marchas en apoyo de la Asamblea Nacional, que rechazó, en noviembre de 2010, el proyecto de ley de abolición de la pena de muerte. El proyecto de ley, que se había presentado para armonizar la legislación congoleña con el estatuto del Tribunal Penal Internacional, fue considerado “inapropiado en el contexto actual” de la RDC.
Para estos defensores de los derechos humanos, como para la población, la prioridad es combatir la impunidad. Los abusos, injusticias, discriminación étnica, politización de los conflictos comunitarios… Todo esto sigue teniendo lugar hoy en día, haciendo caso omiso de los derechos de las personas a vivir con seguridad y sin miedo. Para una vendedora del mercado de Nyabiondo, 100 kilómetros al oeste de Goma, en territorio Masisi, es evidente que la pena de muerte debe mantenerse: “¿ves a esos militares de allí? Son los elementos de la 213 brigada, susurra. Desde que fueron derrotados por las milicias en enero, se han lanzado sobre nosotros, nos acusan de haber colaborado con ellos”. Unos instantes más tarde, casi grita: “violaron a mis dos hijas, después las quemaron vivas en mi casa. ¡Ellos también merecen la muerte!”
Los partidarios de la pena de muerte denuncian a las Fuerzas Armadas de la RDC, FARDC, que cometen numerosos abusos. Según Human Right Watch, el ejército ha masacrado a cientos de civiles entre agosto y septiembre de 2009, en Nyabiondo. Estos crímenes dieron lugar después a que la misión de paz de la ONU suspendiera, dos meses más tarde, su apoyo logístico a la 213 brigada.
Evitar la justicia popular
Aquí, contrariamente a lo que pasa en otros lugares, los defensores de los derechos humanos del este de la RDC, donde la violencia sigue siendo endémica, han sido, paradójicamente los primeros en presentar argumentos para mantener la pena de muerte. “El país es todavía muy violento para considerar la abolición de la pena de muerte”, opina Jean Paul Lumbulumbu, presidente de RACID, un grupo de organizaciones de la sociedad civil del Kivu Norte.
La ausencia del Estado en el este del país y la ineficacia del sistema judicial refuerzan la postura de los que no quieren abolirla. “La gente ya no confía en el sistema judicial”, añade Lumbulumbu, por eso ellos mismos implantan justicia matando a los criminales. Es para evitar este recurso a la justicia popular por lo que los abogados quieren mantener la pena de muerte en la legislación. En la República Democrática del Congo, el homicidio, la traición, el espionaje y los delitos contra el estado pueden ser castigados con la pena capital. El presidente de la RACID opina que es “un medio de disuasión legítimo”, que el estado debería utilizar para impedir las atrocidades cometidas en el este del país, donde las milicias siguen cometiendo sus crímenes.
Sin ejecuciones desde 2003
Mientras tanto, aunque la pena capital se mantenga en la legislación congoleña, las últimas ejecuciones se remontan a enero de 2003: 15 personas fueron condenadas a muerte por el Tribunal superior militar, en Kinshasa. Por una moratoria, la pena de muerte actualmente es automáticamente conmutada por cadena perpetua.
En todo caso, la sociedad civil del Kivu Norte, está dividida sobre la pena de muerte. Algunas voces se elevan en apoyo de su abolición. Para juvenal Munubo, es un punto central en la red de la sociedad civil para la reforma del sector de la seguridad, en el Kivu Norte. La discusión en el Parlamento de un proyecto de ley para abolir la pena de muerte ha sido “un paso muy importante” hacia el cambio. Sin duda, será necesario mucho más tiempo para convencer a la población de la región.
(Syfia Grand Lacs, 18-04-11)
