Analizando los impactos ambientales de la obsolescencia programada.
La mayoría de nuestros dispositivos electrónicos tienen una vida corta. Aunque en el mejor de los casos impulsase el crecimiento económico y el empleo durante gran parte del siglo pasado, la corta útil vida de productos se ha convertido ahora en un importante problema a la luz de la crisis ambiental y de desigualdad que enfrenta la mayor parte del mundo. En un foco particularmente negativo está la “obsolescencia programada”, que se refiere a la práctica de diseñar productos para que tengan una vida útil más corta, con el fin de aumentar el consumo de nuevos productos y aumentar ganancias. Introducida como estrategia empresarial en la década de 1920, la práctica es emblemática de la búsqueda de ganancias independientemente de los costos sociales y ambientales. Dicho esto, no todos los dispositivos se convierten en residuos debido a una deliberada estrategia de los fabricantes para reemplazarlos; otros factores podrían estar en juego, incluida la cultura general de consumismo. Sin embargo, los investigadores han observado un aumento en las prácticas que reducen la durabilidad de los productos, así como en las prácticas que impiden las reparaciones que prolongan la utilidad, a medida que aumenta la proporción de productos que son reemplazados debido a defectos técnicos, no a preferencias de consumidores. Esto no es sólo una pérdida de dinero para los consumidores, sino que tiene devastadores impactos en el medio ambiente.
En Europa, los dispositivos electrónicos constituyen uno de los flujos de residuos de más rápido crecimiento. En 2021 se recolectaron alrededor de 4,9 millones de toneladas de desechos electrónicos, un aumento del 63 % con respecto a los 3 millones de toneladas en 2012. Se espera que esta cifra crezca sustancialmente en los próximos años, ya que en 2021 se comercializaron 13,5 millones de toneladas de productos electrónicos. Las etapas de extracción y procesamiento involucradas en la producción de productos electrónicos requieren un uso extremadamente intensivo de material y energía, produciendo enormes emisiones de gases de efecto invernadero. La producción de dispositivos requiere, por tanto, una increíble cantidad de recursos que, unos años más tarde, se tiraran a la basura. Además, el impacto ambiental no termina ahí, ya que los desechos electrónicos contienen toxinas que son perjudiciales para la salud de los seres humanos y los ecosistemas. Grandes cantidades de desechos electrónicos continúan enviándose ilegalmente a países que carecen de adecuada infraestructura o protección para las poblaciones locales o los trabajadores. La exportación de residuos electrónicos a países no pertenecientes a la UE ni a la OCDE está prohibida por la legislación de la UE desde 2006 y por el derecho internacional desde 2019; sin embargo, se estima que alrededor de 352.474 toneladas de residuos electrónicos europeos son enviadas a estas regiones cada año.
Los mayores impactos procedentes de dispositivos electrónicos ocurren durante la fase de producción, por lo que no son causados por la energía necesaria para alimentar el dispositivo. Esto significa que la única forma de reducir estos impactos es producir menos productos electrónicos haciendo que sea increíblemente importante mantener los dispositivos en uso durante períodos más largos, reduciendo la necesidad de reemplazarlos. Para resaltar la crucial diferencia que puede suponer incluso una vida útil un poco más larga, tomemos el ejemplo de los teléfonos inteligentes. El ciclo completo de vida de los 600 millones de teléfonos inteligentes de Europa es responsable de 14 millones de toneladas de emisiones de C02 cada año, de las cuales el 72 % se producen durante la fabricación, distribución y eliminación. La actual vida media de un teléfono en Europa es de sólo tres años. Ampliar esto solo un año ahorraría 2,1 millones de toneladas por año para 2030, el equivalente a quitar de las carreteras más de un millón de automóviles. Y eso es sólo para un tipo de producto.
Sin embargo, en lugar de aumentar la vida útil, estamos viendo una tendencia a acortar la vida útil de muchos productos, debido, entre otras razones, a la obsolescencia programada. Un ejemplo clásico de obsolescencia programada es el de las impresoras. Los fabricantes de impresoras obligan a los consumidores a comprar tinta increíblemente cara al incluir en sus impresoras chips que bloquean cartuchos recargados o no compatibles y, en el peor de los casos, les advierten que reemplacen el cartucho incluso antes de que se agote. Algunas impresoras muestran falsamente alertas de servicio después de unos pocos usos induciendo a error a los usuarios haciéndoles creer que la impresora está averiada. ¿El resultado? Se estima que cada año se desechan alrededor de medio millón de toneladas de equipos de imágenes en la UE, y otras 150.000 toneladas de residuos que consisten únicamente en cartuchos.
Estos casos de obsolescencia obviamente planificada incorporada, como en el caso de los “chips asesinos” de las impresoras, son raros, ya que las técnicas son raramente tan descaradas. Sin embargo, las prácticas más sutiles son igual de efectivas para limitar la vida útil de un producto y son más difíciles de probar. Estos incluyen prácticas antireparación, limitada durabilidad de los componentes o la interrupción del soporte para un determinado producto (piense en actualizaciones de software). Para quitarle énfasis a la intención, algunos prefieren “prematura” o “temprana” obsolescencia sobre obsolescencia “programada”, reconociendo la urgencia de abordar la reducción de vida útil de los productos, independientemente de las intenciones exactas del fabricante. Los consumidores quieren, a menudo, mantener sus productos en uso durante más tiempo: el 77 % de consumidores de la UE han indicado que preferirían reparar sus dispositivos que comprar otros nuevos, pero las barreras a la reparación impuestas por los fabricantes hacen, a menudo, que las reparaciones sean innecesariamente costosas. El hecho es que necesitamos mantener nuestros productos electrónicos en uso durante más tiempo y la legislación debería impulsar a los productores a permitirlo.
Centrarse en demostrar la intención ha sido un desafío a la hora de formular políticas exitosas contra la obsolescencia programada, como podemos ver en el caso de Francia. En 2015, Francia fue el primer país en penalizar la obsolescencia programada con una pena de dos años de prisión y una multa de 300.000 euros. Si bien se trataba de un importante primer paso, la ley hacía casi imposible su aplicación, ya que el consumidor debía demostrar no sólo que el fabricante acortó intencionadamente la vida útil del producto, sino también que esto se había hecho con la específica intención de aumentar la tasa de reposición del producto. Como se puede suponer, esta ley no ha visto ni una sola condena hasta 2022. Sin embargo, en 2021, la ley fue modificada y se eliminó la carga de prueba por la intención de aumentar la tasa de reemplazo del producto. Después de esta enmienda, los consumidores “sólo” necesitan demostrar que la vida útil del producto se acortó intencionalmente, no que esto se hizo específicamente para aumentar la tasa de reemplazo del producto. Aun así, seguirá siendo ciertamente muy difícil para los consumidores presentar una exitosa demanda contra una gran empresa.
Es crucial que estos desafíos se aborden mejor en los marcos legislativos pendientes de la UE que abordan la obsolescencia programada, como la Directiva sobre el empoderamiento de los consumidores para la transición ecológica y el Reglamento sobre diseño ecológico para productos sostenibles, que tienen como objetivo prohibir las prácticas de obsolescencia programada, como el uso de software para inutilizar un producto o el uso de dispositivos de hardware que impiden que un producto funcione después de un cierto período de tiempo. Además, la Directiva sobre normas comunes que promueven la reparación de bienes fortalece el derecho de los consumidores a reparar un producto y, con suerte, debería poner fin a las prácticas antireparación que reducen artificialmente la vida útil de un producto. Se espera que estas políticas aborden la obsolescencia programada de manera coordinada para tratar adecuadamente las múltiples formas de esta práctica, así como nivelar el campo de juego y crear oportunidades de empleo local en el sector de la reparación y renovación.
A nivel global, las cosas avanzan lenta pero constantemente. Ecuador incluyó medidas contra la obsolescencia programada en una ley de 2017 sobre requisitos para los fabricantes con respecto al suministro de información y repuestos, que exige inspecciones de bienes adquiridos públicamente. Tomando la iniciativa en América del Norte, la provincia canadiense de Québec propuso recientemente un nuevo proyecto de ley de protección al consumidor que prohíbe la obsolescencia programada, enmarcada como el uso de cualquier estrategia destinada a limitar la vida operativa normal de un dispositivo. El proyecto de ley, centrado en la electrónica, los electrodomésticos y los automóviles, también incluye una cláusula de derecho a la reparación, incluida una extensión de la disponibilidad de repuestos. En muchos países, las iniciativas de derecho a reparar abordan la obsolescencia programada garantizando la disponibilidad de piezas de repuesto o prohibiendo prácticas antireparación. Varios estados de EE.UU. están avanzando en esta dirección, Brasil ha introducido la obligación de proporcionar repuestos y componentes, incluso durante un cierto tiempo después de que se haya detenido la venta del producto, y los informes de la India también elogian los avances en este tema.
Todas estas son buenas noticias, y con la legislación de la UE avanzando actualmente, hay más en el horizonte, pero todavía tenemos que llegar allí. El movimiento es fuerte: las campañas por el Derecho a Reparar* en todo el mundo unen a ONGs, grupos comunitarios de reparación y empresas de reparación y remodelación en su lucha contra las barreras a la reparación. Ahora es un momento crucial para unirnos a ellos en sus esfuerzos por responsabilizar a los responsables políticos y exigir que mantengan altas sus ambiciones por una legislación sólida, sin lugar a lagunas jurídicas y vacías promesas, que beneficie al medio ambiente y a los consumidores.
*La coalición Right to Repair Europe lucha por eliminar las barreras a la reparación, de manera que los productos puedan durar más. Representando a más de 100 organizaciones de 21 países europeos reúne a ONGs medioambientales y actores de reparación, como grupos comunitarios de reparación, actores de economía social, distribuidores de repuestos, autoreparadores, empresas de reparación y renovación y ciudadanos que defienden su derecho a reparar.
* Este ensayo se ha publicado como parte de Big Tech & Society Media Fellowship 2022 de IT for Change – @ITforChange
Sonja Leyvraz – @LeyvrazSonja
Fuente: Bot populi – @PopuliBot
[Traducción, Jesús Esteibarlanda]
[CIDAF-UCM]
