(Resumen del artículo publicado en Le Monde, por el abogado del Colegio de Paris, Vincent Courcelle-Labrousse)
El horror del genocidio de los tutsi en 1994 sigue neutralizando cualquier inventario suplementario del apocalipsis que ha golpeado Los Grandes Lagos. Hasta tal punto, que resulta delicado evocar la eliminación de centenares de miles de hutu por el ejército del general Kagame, so pena de verse tildado de malas intenciones.
Por muy aplastante que pueda ser el pre-informe de la ONU, divulgado por Le Monde, sobre los crímenes cometidos en RDC, podría generar falsas esperanzas entre quienes desesperan en que la tragedia de la muerte de centenares de personas en el Congo quede sin sepultura judicial. Queda un largo camino que recorrer hasta llevar a los responsables ante un tribunal y es posible que una vez más el asunto se cierre sin consecuencias.
En julio de 1995 hubo en Sbrenica de 6.000 a 8.000 muertos. Algunos de los autores han sido condenados. ¿Cómo es posible que hayan pasado tantos años sólo para que se empiece a esbozar la necesidad de castigar miles crímenes, como mínimo contra la humanidad por no hablar de genocidio, porque ello hiere a Kagame? El genocidio de los tutsi de 1994 lo ha convertido en intocable.
La misión del TPIR era la de juzgar también los crímenes perpetrados por el ejército de Kagame, pero ningún acusado ha sido llevado ante el tribunal. Ruanda ha practicado el chantaje y logrado que el nuevo fiscal sustituto de Carla del Ponte abandone cualquier veleidad de perseguir judicialmente a nadie del actual poder ruandés. ¿Se habrían atrevido a hacer lo mismo, a no perseguir más que a los serbios y a no interesarse por lo que croatas y bosnios habían hecho? Efectivamente los criterios son distintos cuando se trata de África y especialmente de Ruanda.
La eliminación organizada de al menos 200.000 ruandeses por el ejército de Kagame en 1996-1997 es conocida y documentada desde hace años. La comunidad internacional había asistido casi en directo a la desaparición de refugiados ruandeses en las selvas congoleñas. Emma Bonino había interpelado al Consejo de Seguridad sobre el peligro que corrían cientos de miles de personas. Se evocó el envío de una fuerza, proyecto saboteado por quienes apoyaban a Kigali, que, a su vez cerraba el paso a ONG y periodistas.
Una vez más, a pesar de lo inmenso y notorio de las masacres, se ha mirado a otro lado, e incluso negado. Mejor todavía, al no perseguir los crímenes del APR en 1994 en Ruanda y en 1996-1997 en el Congo, se ha otorgado al poder ruandés una auténtica licencia para matar. Y desde entonces su dossier criminal se ha alimentado con el pillaje de los recursos congoleños, con el mantenimiento de la guerra y el martirio de las poblaciones vulnerables de una zona llamada por los supervivientes: zona del diablo.
¿DOS PESOS, DOS MEDIDAS?
Todo ello dura desde hace 16 años. Kagame acaba de renovar su mandato de dictador. En el interior se resuelve el tema con lo que él llama negacionismo. El Fiscal del TPIR se niega a hacer justicia. El Secretario de la ONU corre a Kigali ante el temor de que Kagame retire sus militares de Darfur…y no es lo menos paradójico que el ministro de Defensa, general James Kabarebe, sea objeto de un mandato de arresto internacional emitido por la justicia española.
Pensar que la impunidad de la que goza el vencedor de 1994 vaya a contribuir a saldar las cuentas del horror, es ignorar terriblemente la realidad ruandesa. Las brasas de odio no se apagarán hasta que los crímenes del APR sean juzgados. La injusticia contra las víctimas hutu ya alimentan las excusas de los antiguos asesinos de los tutsi. El rencor fermenta en las colinas, lejos de Kigali.
Y ahora, cuando se hace un poco de luz sobre el osario congoleño, la diplomacia de pasillo va a lograr una vez más escamotear a los responsables. Es probable. Se prepara una fosa común judicial para enterrar definitivamente el asunto. Los hechos no entran en la competencia de ninguna jurisdicción internacional existente. Si no se crea un tribunal especial para el Congo, los asesinos no será ni perseguidos ni juzgados.
Tras el atentado en Líbano contra Rafic Hariri, la conmoción y la acción de los diplomáticos empujaron la ONU a instituir un tribunal para juzgar el asesinato de un solo hombre. ¿Tiene menos importancia la eliminación de grupos enteros de seres humanos? ¿Aplica la ONU dos pesos y dos medidas? Todavía hay tiempo para que el Consejo de seguridad nos muestre lo contrario.
Vincent Courcelle-Labrousse, abogado del Colegio de París
Resumen y traducción de Ramón Arozarena.
