“No fueron muy honestos. Cuando Ramatex cerró, se lo dijeron al Gobierno menos de 24 horas antes de cerrar sus puertas a los trabajadores ¿Cómo se puede negociar con alguien tan deshonesto?”, estas son las palabras del Minsitro de Comercio e Industria, Inmanuel Ngatjizeko, ante el parlamento, el pasado día 26. El Ministro tuvo que responder a las preguntas de la oposición, tras el cierre de la fábrica de textil malaya, hace dos semanas, dejando a 3.000 trabajadores en el paro. El Ministro declaró que el Gobierno se ha visto tan sorprendido y disgustado como los namibios, por la forma en que la compañía textil de Malasia cerró sus puertas a los trabajadores.
El Ministro explicó que Ramatex tiene la obligación de acatar lo estipulado en el Acta de Empresas de Namibia y el Acta de la Mano de Obra sobre el cierre de un empresa, debe reconocer los acuerdos firmados con los sindicatos y debe compensar adecuadamente a los trabajadores, tanto namibios como extranjeros, además de a los acreedores. Además debe responder ante la ley de Namibia de Medioambiente por los vertidos de agua realizados por Ramatex y sus empresas afiliadas, rehabilitando esas zonas. El Gobierno notificó todo esto a Ramatex cuando recibió el aviso del cierre y aseguró que tomará todas las medidas políticas y legales para asegurarse de que la compañía cumple con todas sus obligaciones.
En 2006, el Gobierno dio a la municipalidad de la capital de Namibia, Windhoek, 13 millones de dólares namibios (Casi 2 millones de euros), para que junto con la compañía malaya diseñasen e instalasen una planta de tratamiento de aguas residuales apropiada, pero aún no se ha construido, principalmente porque la compañía y las autoridades de la ciudad no se ponían de acuerdo sobre el dinero que debería cobrar el ayuntamiento a la compañía por el agua tratada.
Ramatex ya había comunicado al gobierno en 2006 que estaba teniendo pérdidas, culpando de ello al ambiente económico no competitivo de Namibia. Citaba además un ambiente industrial poco amable, mano de obra cara frente a la baja productividad, entre otros. Entonces la compañía malaya acordó con el Gobierno una estrategia para mejorar la situación, en el que se incluía la obligación de notificar el cierre 12 meses antes, en lugar de los 24 de antes.
(The Namibian, 27-03-08)
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