El año pasado el segundo país más poblado de África pospuso las elecciones de agosto atento la pandemia de Covid-19. A fin de año se decidió una segunda postergación, luego un ligero cambio. Hoy es el día clave. ¿Qué hay detrás de estas demoras?
El año 2020 tuvo de todo en Etiopía, cuyo equilibrio étnico es frágil y ese es el desafío principal del primer ministro, Abiy Ahmed, llegado al poder hace poco más de tres años, mientras avanza en su deseo de reelección, un reto que fue pospuesto por las condiciones sanitarias pero también por otras variables delicadas. El lunes 21, el Parlamento etíope renueva sus 547 bancas, a partir del voto de 36,2 millones de personas, y el líder del partido ganador pasará automáticamente a ser primer ministro de entre más de 40 partidos, la mayoría de base regional, y unas 9.000 candidaturas federales y regionales. Ahmed se la juega y el compromiso electoral funcionará como una forma de refrendar (o no) sus más de 36 meses en el poder si su partido consigue la mayoría.
Madre de las crisis, Tigray
Ahmed, tras obtener el Premio Nobel de la Paz 2019, a partir del 4 de noviembre de 2020 lideró una guerra contra una región insumisa, Tigray y su gobierno. Así enfrenta un conflicto en el norte, el cual pronto adquirió una dimensión internacional con la intervención de la vecina Eritrea, aliada luego de la recomposición de las relaciones con Addis Ababa, un motivo que le valió ese premio al mandatario de la etnia oromo, una de las principales dentro de la amplia diversidad cultural del país, que es un pivote regional y que supera los 110 millones de habitantes.
Las evidencias de delitos de lesa humanidad por ambas partes fueron abundantes con el correr de las semanas y ameritó opiniones disímiles sobre la necesidad de intervención para evitar más masacres con el fantasma del genocidio ruandés pululando en la memoria. La guerra en Tigray, que continúa al presente, al estallar fue la noticia más trascendente pero no la única sucedida en una nación con varios problemas. Estos suponen desafíos difíciles para la nueva coalición gobernante, el Partido de la Prosperidad (PP), del cual en 2019 el poder que administra Tigray fue excluido (el TPLF, Frente Popular de Liberación de Tigray, por su sigla en inglés). El deterioro de la relación entre Tigray y la administración federal de Addis Ababa generó el inicio de una guerra que desestabiliza toda la región desde noviembre pasado, provocando miles de muertes y entre un millón a dos millones de personas que debieron abandonar sus hogares, con más de 60.000 refugiadas en el vecino Sudán.
La crisis en esta área norteña no amaina y es muy grave. A los estragos de la violencia, que algunas voces equiparan con la tan temida limpieza étnica, acompaña una hambruna que ya afecta a unas 350.000 personas. Y hay más. Una cifra terrible incluye más de 5 millones en necesidad de ayuda humanitaria urgente, cerca del 90 % de la población de Tigray, según Naciones Unidas. Además, el estado actual de un conflicto sin desenlace, pero que Ahmed declaró haberlo ganado al poco tiempo, impide llevar a cabo comicios en esa región tan castigada y gobernada por una administración interina tras declarar el poder central ilegal el gobierno del TPLF y resultar este último reemplazado.
Etnicidad e inestabilidad
Si bien Abiy Ahmed es el primer oromo en llegar a un puesto de suma importancia en la historia del país y el PP tiene en su listado a un partido de esa extracción, las relaciones entre la coalición gobernante y la región oromo distan de ser buenas. Hace casi un año el popular cantante y activista Hachalu Hundessa, principal referente de la causa oromo y quien denunciaba la conflictiva relación entre su gente y el gobierno, fue asesinado por la policía desatando sendas oleadas de ira colectiva. El OLF (Frente de Liberación Oromo, por sus siglas en inglés) ha enfrentado al poderoso ejército etíope en varias ocasiones ante el pedido de autodeterminación de su pueblo. En su página web se listan las persecuciones al grupo que Addis Ababa, junto a su aliado Eritrea, clasifica como una agrupación terrorista desde mayo (al igual que el TPLF) deteriorando aún más las relaciones. Esta agrupación declaró en marzo que no se presentará a elecciones y llamó a boicotearlos, tras producirse el arresto de algunos de sus dirigentes y el cierre de oficinas, incluyendo la central en la capital. Otro importante partido regional también se retiró de la contienda.
El OLF también ha denunciado la violencia estatal en la región vecina de Benishangul-Gumuz en la cual los ataques masivos son moneda corriente y constituye una de las regiones menos seguras del país ante la lucha por recursos que se da allí de la cual resultaron centenas de muertes. Por caso, a fines del año pasado en un solo ataque armado murieron más de 100 personas, y unos pocos días más tarde, durante la segunda semana de enero, producto de choques locales, se registraron al menos unas 80 víctimas más.
Un poco más al norte, la región de Amhara es otra que sufre de altos niveles de violencia local también explicados en base a la variable étnica que obligan a la expatriación a la vecina y cuya población alega la apropiación de tierras por amharas procedentes del norte. En consecuencia, se denuncian ataques gumuz a objetivos oromo y amhara. Todo lo anterior tiene su correlato electoral. La situación de seguridad tan delicada genera el impedimento del voto en parte de Benishangul-Gumuz, al no estar garantizadas las condiciones de seguridad mínimas, como en las regiones orientales del Ogadén y de Harar. En otras no se ha llegado a tiempo de empadronar a electores por diversas irregularidades y demoras. Sumado a temas étnicos y de seguridad, todo llevó en diciembre a postergar por segunda vez las elecciones, al 5 de junio. Finalmente, más demoras las retrasaron más de dos semanas.
Agua, cuestión central
La palabra faraónico siempre se ha asociado a Egipto, pero en este caso se puede utilizar en relación a Etiopía. Como si los frentes de inestabilidad internos fueran pocos, Addis Ababa emprende el proyecto hídrico más colosal de África, la denominada Gran Represa del Renacimiento Etíope, que ha generado varios roces con Egipto y Sudán en relación al aprovechamiento de las aguas del río Nilo, y en particular el cauce del Nilo Azul. Si siempre se pregona que las próximas batallas del futuro tendrán que ver con el acaparamiento del agua, se espera que el noreste africano no ofrezca un ejemplo. Por fuera de la tensión hídrica, Etiopía y Sudán mantienen diferendos territoriales que desencadenaron escaramuzas fronterizas entre 2020 y 2021.
Desde 2011, y con un costo de 4.800 millones de dólares, la conmoción en Egipto, producto de las “Primaveras Árabes”, ayudó a llevar a cabo en silencio esta colosal obra hidroeléctrica. Pero su avance comenzó a generar preocupación en Egipto y en Sudán. A comienzos de octubre de 2020 Addis Ababa tomó una decisión crucial, cerrar el espacio aéreo donde se emplaza la construcción, Benishangul-Gumuz, alegando cualquier eventual ataque aéreo desde el exterior. La queja mayor tanto de El Cairo como de Jartum es que la mentada Represa les arrebate agua. En su defensa, Etiopía argumenta que la construcción servirá para actuar en caso de inundaciones en Sudán, distante solo a 30 kilómetros del sitio en obra.
La amenaza de un nuevo conflicto armado se vivió como una posible realidad días más tarde. El expresidente estadounidense Donald Trump declaró que Egipto podía hacer volar el proyecto etíope si esta administración avanzaba con la obra. Como sea, Ahmed denunció la actitud nada pacífica del exmandatario de la potencia mundial. El desacuerdo llega al presente al fracasar a comienzos de abril negociaciones auspiciadas por la Unión Africana. La preocupación egipcia es patente: casi todo el riego y el abastecimiento de agua potable dependen del Nilo. En 2020 Etiopía completó el primer llenado de la Represa y, según anunciara, el segundo se hará con o sin acuerdo entre las partes. Mientras tanto, Rusia se ha ofrecido a mediar.
Original en: Africaye
