La emergencia de la pandemia de la COVID-19 ha supuesto un factor de riesgo innegable a nivel global para el pleno disfrute de los DDHH en multitud de ámbitos, debido a la implementación por parte de los gobiernos de leyes de emergencia, estados de alarma y medidas excepcionales que por definición restringen la libertad de circulación, expresión y reunión pública, así como el derecho a la vida privada y familiar y el derecho a trabajar. Según datos de Freedom House, en más de 80 países la calidad democrática se ha deteriorado, dado que la aplicación a libre discreción ha sido con frecuencia utilizada como coartada para reprimir o discriminar a grupos específicos, reducir el espacio cívico y censurar voces críticas, y violar los derechos de las mujeres, personas migrantes u otros colectivos especialmente vulnerables.
A pesar de la comparativamente limitada incidencia de la pandemia en el continente africano –cuyas explicaciones diversas incluyen la juventud de la población, la rápida reacción ante la propagación que llevó a un cierre temprano de fronteras; la experiencia acumulada en la gestión de enfermedades infecciosas previas como el Ébola en determinados países, etc.– ésta ha tenido múltiples efectos en la región al sur del Sáhara. El informe del Índice Ibrahim señala el retroceso sufrido en términos de gobernanza de la progresión positiva de la última década, mientras que Amnistía Internacional recoge cómo gobiernos africanos han recurrido al uso de fuerza excesiva a la hora de la implementación de estas medidas, y realizado arrestos o detenciones arbitrarias, restricciones en el espacio cívico y negación general del derecho para buscar asilo.
A nivel institucional, los órganos de DDHH regionales (la Corte y la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y el Comité Africano de Expertos sobre los Derechos y el Bienestar del Niño) reaccionaron a la emergencia de la pandemia, siendo la Comisión Africana, de hecho, el primer órgano de DDHH regional a nivel mundial en publicar una declaración sobre la necesidad de articular la respuesta a la pandemia y la toma de medidas preventivas con un enfoque de derechos y proporcionalidad, la relevancia del acceso a la información y la centralidad de los grupos especialmente vulnerables.
Ante la incidencia que ha tenido la pandemia en la erosión de las garantías para el disfrute de los DDHH, a continuación señalamos algunos impactos concretos sobre los derechos de colectivos especialmente vulnerables, sobre las mujeres, así como el cariz represivo y violento de su implementación.
Impactos en colectivos vulnerables
Cabe destacar de manera especial el impacto específico de la utilización de manera represiva de las medidas sanitarias destinadas a controlar la pandemia de la COVID-19 contra sujetos de derechos especialmente vulnerables. El informe sobre los impactos de la COVID-19 en personas LGTBIQ presentado ante la Asamblea General de la ONU sobre la protección contra la violencia y la discriminación por orientación sexual e identidad de género, ha señalado que la pandemia ha tenido un impacto desproporcionado en estas personas, reproduciendo y exacerbando las dinámicas de exclusión social y violencia preexistentes, incluido en aquellos países en los que se han implementado medidas de despenalización, entre las que podemos destacar la violencia psíquica y física, mayor vulnerabilidad económica, y trabas para acceder a servicios y atención sanitaria, incluido el acceso a medicación para enfermedades como el VIH, relacionados con la salud mental, o tratamientos de reemplazo hormonal (TRH) para personas trans e intersexuales. Similar a los impactos en las mujeres y niñas, las medidas de confinamiento han incrementado la violencia psicológica y física contra estas personas por parte de miembros de sus familias y entornos. Por otro lado, las medidas sobre la movilidad y similares han aumentado el riesgo de sufrir abusos en los controles, arrestos selectivos y detenciones arbitrarias, y en general ser objeto de delitos de odio y maltrato en la esfera pública, incluido ser expuestos como chivos expiatorios del avance de la pandemia por líderes conservadores políticos o religiosos, en lugares como Ghana, Kenia, Liberia, Uganda o Zimbabue.
A pesar de lo positivo de las tempranas medidas de cierres de fronteras para atajar la diseminación del virus, estas han provocado importantes impactos específicos en el disfrute de los DDHH de las personas en movimiento (personas solicitantes de asilo, personas refugiadas y migrantes) cuyos desplazamientos son fundamentalmente intraregionales, hasta cerca de un 80%. De acuerdo a datos del Africa Centre for Disease Control and Prevention, 43 de los 54 países africanos habían decretado cierres de fronteras hasta abril de 2020, provocando una modificación de las rutas de migración hacia otras más peligrosas. Es el caso de aquellas que cruzaban el Mediterráneo por su zona central y se han desplazado hacia el oeste, con la ruta hacia las Islas Canarias como una de las más mortales –una de cada 16 personas que han tomado esta ruta ha fallecido o desaparecido, según estimaciones hasta octubre del ACNUR–, o la del Cuerno de África hacia Yemen, cuyo flujo se ha reducido drásticamente debido a las restricciones de fronteras. También han dejado en situación de mayor vulnerabilidad y peligrosidad a estas personas en movimiento, o atrapadas en terceros países debido a detenciones y deportaciones forzadas desde Argelia o el este de África, acrecentando el riesgo de un incremento en el tráfico de personas.
Impactos sobre los derechos de las mujeres
La incidencia de la pandemia y de las medidas adoptadas por los gobiernos para reducir sus efectos, diseñadas sin considerar la perspectiva de género, han tenido importantes impactos específicos para la vida, salud y economía de las mujeres. Las restricciones de movilidad y confinamiento decretadas bajo los estados de alarma han incrementado exponencialmente las situaciones y nivel de vulnerabilidad de mujeres y niñas. También los impactos económicos son muy relevantes. Las mujeres en el continente representan hasta el 89% de la fuerza de trabajo vinculada a la mal llamada economía informal, lo que incluye trabajos como la venta ambulante, la prestación de servicios –incluido el comercio ilegal transfronterizo–, el trabajo doméstico, o el trabajo agrícola o industrial o de temporada. Estas alternativas laborales representan su medio de vida, especialmente en entornos urbanos, y en un alto grado, la seguridad económica de sus unidades familiares. Igualmente, el sector servicios emplea a un porcentaje alto de mujeres. La actividad en estos sectores se ha visto fuertemente reducida –la OIT estima que los ingresos de los trabajadores informales se redujeron hasta un 81% en la región solo en el primer mes de la crisis sanitaria– debido a la estricta respuesta a la COVID-19 con los confinamientos y cierres de fronteras entre países de todas las subregiones del continente, especialmente del este y el sur, impidiendo que las mujeres desarrollaran su actividad económica y, en la mayoría de los casos, sin una planificación alternativa que respondiera a sus necesidades. Cabe recordar que se trata de los empleos más precarizados, sin garantías ni capacidad de ahorro, así como con menor cobertura social en términos amplios (ausencia de protección de las leyes laborales, acceso a beneficios sociales como pensión, seguro médico o derecho a baja), así como con mayor exposición a acoso sexual. Los efectos de estas medidas, por lo tanto, no solo han significado una pérdida de ingresos puntual, sino que tendrán efectos a largo plazo, contribuyendo a un retroceso de la igualdad económica y el incremento de la feminización de la pobreza –las previsiones proyectadas por la OIT señalan un incremento de las tasas de pobreza de un 21% al 83%.
Desde el comienzo de la pandemia las activistas feministas del continente, tal como en el resto del mundo, han alertado del peligro de un incremento muy significativo de la violencia doméstica y basada en el género, así como violencia sexual y la violación de los derechos reproductivos de las mujeres y las niñas, debido a las medidas de confinamiento estricto y cuarentenas. Un incremento que los datos posteriores han confirmado como una tendencia generalizada. Por ejemplo, las instituciones keniatas de justicia reportaron un pico en las denuncias de violencia sexual, así como en Sudáfrica y Uganda también registraron incrementos importantes de denuncias por violencia basada en el género (VBG). Asimismo, se han exacerbado las limitaciones preexistentes al acceso de medidas contraconceptivas y, en general, de acceso a los servicios de salud sexual y reproductivos.
Por otra parte, la centralidad de la respuesta a la pandemia ha significado un estrés importante para los sistemas de salud de la región, impactando en el acceso a servicios de salud en general, y a aquellos de salud materno-infantil. También, en el caso de las niñas, el cierre de escuelas ha incrementado su vulnerabilidad a sufrir VBG, ser objeto de MGF o matrimonios infantiles, embarazos tempranos o infecciones de VIH y otras. De igual manera, las precarización de la economía familiar ha incrementado el riesgo de ser víctimas de trabajo infantil, así como de explotación, incluida la sexual.
Por supuesto, el impacto de estas violencias es mayor en mujeres en situaciones especialmente vulnerables, como aquellas en zonas de conflicto, con discapacidades, o de población desplazada o refugiada. La organización Strategic Iniciative for Women in the Horn of Africa (SIHA), por ejemplo, denunció que los casos de violencia sexual en Darfur, principalmente en los campos de desplazados internos del norte, habían aumentado un 50% entre marzo y junio a partir de la aplicación de las medidas decretadas anti COVID-19.
Represión y violencia en la implementación de las medidas excepcionales
Si bien las respuestas de los estados para contener la pandemia de la COVID-19 han sido diversas, en general los gobiernos se han visto obligados a tomar medidas excepcionales que, en algunos casos, han incluido la restricción de manera desproporcionada de los derechos a la libertad de reunión pacífica y la libertad de expresión. En contextos donde las relaciones estado-sociedad no son sólidas, y el contrato social es frágil o está roto, la confianza en el estado de cara a la aplicación de medidas excepcionales es baja y las repercusiones en términos de recurso al uso de la violencia por parte de este han sido altas. A la desconfianza en las instituciones, se le suma el hecho de que diferentes regímenes han tratado de instrumentalizar políticamente la situación de excepcionalidad para reprimir protestas sociales y contener a movimientos opositores, tal y como ha sucedido en diversos contextos. Amnistía Internacional denunció que en muchos contextos, las autoridades han aprovechado el marco de excepción para adoptar medidas punitivas y coercitivas que han generado violaciones a los DDHH, a la par que han dividido sociedades y no han servido para abordar la crisis sanitaria. De este modo, se denunció que los cuerpos policiales en diferentes países africanos utilizaron fuerza excesiva e innecesaria en la aplicación de las restricciones para perpetrar cierres y toques de queda, reprimir las protestas pacíficas y la disidencia. En algunos países, miles de personas fueron arrestadas por infracciones relacionadas con la pandemia o colocados en lugares inhumanos y centros de cuarentena insalubres administrados por el estado. Las fuerzas policiales han convocado a interrogatorios o arrestado a periodistas, blogueros, defensores de DDHH, activistas políticos y usuarios de redes sociales por cuestionar las medidas sanitarias o compartir información. En la región subsahariana existen numerosos ejemplos de casos de abusos, torturas y violaciones (como en Zimbabue y Costa de Marfil) y uso excesivo de la fuerza con víctimas mortales en aplicación de medidas restrictivas (como en Angola, Etiopía, Guinea, Kenia, Níger, Nigeria, Sierra Leona, Sudáfrica, Zambia o Uganda).
A modo de cierre
Si bien África subsahariana ha avanzado notablemente en las últimas décadas a nivel normativo e institucional en pro de la ampliación de garantías de los DDHH, gracias al infatigable trabajo de defensores y defensoras en el continente –que se ha traducido en una progresiva creación y adopción de marcos, tratados y otros cuerpos legales regionales y nacionales de acuerdo a las necesidades de protección de la ciudadanía y los colectivos especialmente vulnerables en la última década– persisten importantes retos en algunas áreas cuyo avance o bien se ha estancado, o bien incluso ha retrocedido. La violación de los DDHH en determinados contextos continúa produciéndose con impunidad, mediante la represión brutal a la disidencia y la oposición política, y el estrechamiento de los espacios de defensa de estos y de la sociedad civil. Los escenarios de conflictividad armada, las crisis políticas prolongadas, los altos niveles de pobreza y desigualdad, la mala gobernanza y la debilidad institucional, el deficiente acceso a la justicia, los impactos de las políticas económicas y de la deuda externa, y en el último año, el impacto de la pandemia de la COVID-19, entre otros factores, representan importantes obstáculos que siguen impidiendo alcanzar el pleno goce de los DDHH en la región.
Celia Murias, en colaboración con Iván Navarro Milián y Josep María Royo Aspa
Original en: Africaye
