La pandemia de COVID-19 ha puesto en evidencia, una vez más, que vivimos en un mundo muy desigual en el que las personas de los países empobrecidos son siempre las más vulnerables. Durante este último año hemos conocido estadísticas sobre la carencia en muchos países de médicos, camas hospitalarias, medicamentos y material sanitario básico para hacer frente a la pandemia. Además, millones de personas en edad escolar han visto seriamente dificultados sus procesos de formación ya que los centros educativos han tenido que ser en muchos casos cerrados, y las posibilidades de formación alternativa en-línea no estaban al alcance de la mayoría del alumnado ya fuera por carencia de material informático, de conexión fiable o incluso por ausencia de suministro eléctrico.

En este momento, ante la dramática escasez de vacunas para combatir la pandemia de COVID-19 que están viviendo la mayoría de países, la Comisión General de Justicia y Paz de España desea unir su voz a la de todos los gobiernos y organizaciones que están solicitando a la Organización Mundial del Comercio (OMC) la suspensión temporal inmediata de las patentes COVID-19. Esta suspensión es legal y está contemplada explícitamente en los acuerdos de la OMC, que amparan en «circunstancias excepcionales» una suspensión temporal de los derechos de propiedad intelectual.

Dada la evolución de la pandemia, esta suspensión es la única forma posible de aumentar la producción de vacunas contra la COVID-19 al ritmo necesario para permitir su control, ya que muchas más industrias farmacéuticas podrían colaborar en la producción de los miles de millones de dosis que se necesitan con suma urgencia en todo el mundo a corto y medio plazo. Si esta producción masiva y sostenida de vacunas, test, medicamentos y equipos de protección no se lleva a efecto, el número de víctimas de la pandemia será aún mucho más terrible y el control de la enfermedad será imposible. En algunos países esto supondrá retrocesos sociales y económicos muy importantes que comprometerán en buena medida su futuro, ya que cientos de millones de personas pueden recaer en situaciones de pobreza extrema.

Los intereses corporativos de las industrias farmacéuticas, apoyadas por algunos gobiernos, no pueden prevalecer sobre una emergencia humanitaria, ni ahora ni en el futuro. La economía debe estar siempre al servicio de las personas y el beneficio económico debe ser proporcionado y estar supeditado a la consecución del bien común. Además, no es éticamente admisible que los habitantes de unos pocos países acaparemos unilateralmente la producción y el acceso de vacunas y medicamentos, porque cualquier persona de este planeta tiene exactamente el mismo derecho a disfrutar de una buena salud. En el caso del COVID-19, la única forma de que este derecho pueda ejercitarse es que la producción de vacunas crezca exponencialmente y, para ello, es imprescindible desprivatizar el conocimiento que ha permitido generarlas, así como compartir globalmente todas las herramientas de que disponemos con el fin de salir de la pandemia.

La garantía de la eficiencia de esta medida conlleva la financiación necesaria para que todos los países puedan recibir las dosis, medicamentos y material sanitario de urgencia que necesitan, mediante la iniciativa COVAX [1] o similares. Además es necesario contribuir a afianzar la confianza de las personas hacia las vacunas, fomentando una información clara y una gestión transparente sobre las mismas.

Como ha expresado recientemente el papa Francisco: «Todas las personas, especialmente las más frágiles, precisan asistencia y tienen derecho a acceder a los tratamientos necesarios. Esto es aún más evidente en este momento en que todos estamos llamados a combatir la pandemia, y las vacunas son una herramienta esencial en esta lucha. Por lo tanto, en el espíritu de un ‘internacionalismo de las vacunas’, insto a toda la comunidad internacional a un compromiso común para superar los retrasos en su distribución y para promover su reparto, especialmente en los países más pobres» [2].

Por ello, desde la Comisión General de Justicia y Paz de España pedimos a:


El Gobierno español y de la UE que:

• Defienda en la OMC una exención temporal de los Acuerdos sobre los Derechos de Propiedad Intelectual (ADPIC) aplicables al caso de las vacunas COVID-19.
• Ante la 74ª Asamblea Mundial de la Salud, del 24 de mayo al 1 de junio de 2021, la UE tome la delantera en cooperación mundial porque esta necesidad de inmunización generalizada y global requiere un enfoque multilateral.
• La escasez actual de dosis debida a las dificultades en la producción de vacunas se cargue por igual en todos los países y se logre proteger antes a los colectivos más vulnerables.
• La ciudanía que:
• Contribuya con su adhesión a cualquiera de las campañas [3] lanzadas para suspender las patentes de las vacunas Covid-19.
• Apoye las campañas de recaudación de fondos como COVAX [4] y la provisión de infraestructura sanitaria y de vacunación en los países más pobres: «Yo me vacuné, apoyo la vacunación de otras personas necesitadas».
  

Todo el mundo, sin discriminación, debe tener la oportunidad de recibir una vacuna segura y eficaz. Esto es una cuestión de justicia y solidaridad no sólo dentro de la Unión Europea, sino en otros continentes y países porque la salud es un derecho de todas las personas.

Comisión General Justicia y Paz

[1] Fondo de Acceso Global para Vacunas de Covid-19.
[2] Francisco, Mensaje «Urbi et Orbi» de la Pascua 2021.
[3] Como la campaña de Médicos sin Fronteras.
[4] Fondos COVAX se recogen desde Gavi y Unicef.

Comisión General de Justicia y Paz

[Fundación Sur]

Artículos relacionados:

– El cristianismo en el continente africano