Human Rights Watch pide al gobierno de Níger que investigue las masacres cometidas por grupos islamistas y por las fuerzas de seguridad del Estado

11/05/2021 | Opinión

human.pngEn una carta a los nuevos ministros de justicia y defensa de Níger, Human Rights Watch (HRW), ha recordado que “la nueva administración del presidente Mohamed Bazoum tiene la oportunidad de priorizar la rendición de cuentas por presuntos crímenes de guerra cometidos en Níger”.

Las masacres de presuntos grupos islamistas armados en Níger, que han matado a más de 310 personas desde enero de 2021, ponen de relieve la necesidad de investigar estos graves abusos. El 15 de marzo de 2021, en el ataque más mortífero contra civiles en la historia reciente de Níger, hombres armados atacaron varias aldeas en el área de Tillia, en Tahoua, asesinando al menos a 137 personas.

Jonathan Pedneault, investigador de crisis y conflictos de Human Rights Watch, ha declarado:

con un creciente número de civiles muertos, decenas de personas desaparecidas y el aumento de los ataques ilegales de los grupos islamistas armados, está claro que los abusos de un lado engendran abusos del otro. El gobierno del presidente Bazoum debe tomar medidas urgentes para revertir esta tendencia mediante la búsqueda de justicia para todos los crímenes de guerra, ya sean cometidos por combatientes islamistas o por las fuerzas de seguridad«.

En la carta, Human Rights Watch instó a la nueva administración a investigar 18 denuncias de abusos cometidos por grupos armados islamistas y fuerzas de seguridad gubernamentales en las regiones fronterizas de Tillabéri y Tahoua desde octubre de 2019. HRW concluyó que las fuerzas de seguridad son presuntamente responsables de, al menos, 185 de las 496 muertes reportadas.

La región de Tillabéri, que limita con Malí y Burkina Faso, es un punto focal de la actividad de los grupos islamistas armados en Níger, así como de las operaciones antiterroristas nacionales, regionales e internacionales. Desde 2015, grupos islamistas armados, presuntamente, han matado a cientos de aldeanos, han ejecutado a trabajadores humanitarios y líderes de aldeas, han atacado a funcionarios electorales y a las escuelas. Y desde 2019, las fuerzas de seguridad involucradas en operaciones antiterroristas, presuntamente, han ejecutado a decenas de sospechosos. Ha habido pocas investigaciones creíbles y poca responsabilidad por estos delitos.

En 2020, Human Rights Watch entrevistó de forma remota a 12 personas de Tillabéri que proporcionaron información sobre 12 incidentes en los que hombres uniformados que llegaban en vehículos militares arrestaron, torturaron y ejecutaron a civiles y presuntos islamistas de forma arbitraria. En total, Human Rights Watch ha recopilado los nombres de 178 personas que, presuntamente, fueron asesinadas ilegalmente o desaparecieron por la fuerza y que fueron torturadas por las fuerzas de seguridad de Níger entre octubre de 2019 y mayo de 2020.

Human Rights Watch ha declarado que solo tiene conocimiento de una investigación gubernamental sobre denuncias de crímenes de guerra por parte de las fuerzas de seguridad. En abril de 2020, el anterior ministro de Defensa ordenó una investigación sobre la presunta desaparición forzada de 102 hombres en la comuna de Inatès, en la región de Tillabéri. Si bien, los investigadores no encontraron pruebas creíbles de la participación de las fuerzas de seguridad en estos incidentes, no proporcionaron ninguna explicación de las desapariciones de los hombres, alegando que los «responsables pueden haber sido islamistas armados vestidos con uniformes militares robados«.

Sin embargo, una investigación posterior sobre las mismas denuncias, realizada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de Níger, encontró 6 fosas comunes que contenían 71 cuerpos y concluyó que las fuerzas de seguridad eran «probablemente responsables de los asesinatos«.

Human Rights Watch señaló que el hecho de que el sistema de justicia militar de Níger no investigue seriamente los presuntos abusos cometidos por personal militar contra civiles apunta a la necesidad de que investigadores y tribunales civiles se encarguen de estos casos. Tales investigaciones criminales deben cumplir con los estándares internacionales en materia de transparencia, imparcialidad e independencia.

Fuente: Africa Business

[Traducción y Edición, Isabel Garrido Celada]

[Fundación Sur]


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