¿Son compatibles el mandato del poder civil o político y el ministerio sacerdotal?

En los últimos años, en varios países africanos, sacerdotes y obispos han ejercido un mandato de poder civil o político. Funciones que los apartan del ejercicio público de su ministerio sacerdotal, salvo que se les conceda una dispensa especial. En algunos casos, estos mandatos no se han ejercido sin problemas con la jerarquía católica. Por tanto, es legítimo preguntarse si estas funciones del poder civil o político son compatibles con el ministerio sacerdotal.

El 16 de septiembre, Joseph Owusu-Agyemang, un sacerdote católico de la diócesis de Kumasi, en el sur de Ghana, juró como juez del Tribunal Superior de Justicia. Accedió así a la más alta jurisdicción de su país en el poder civil. Una cita que no deja de plantear cuestiones relacionadas con el Código de Derecho Canónico. Esto estipula, de hecho, en su canon 285, párrafo 3, que «está prohibido que los clérigos desempeñen cargos públicos que impliquen la participación en el ejercicio del poder civil». Salvo que su Ordinario, juzgando que éste participaría en su crecimiento espiritual y el de la comunidad, les dé la autorización, como especifica el párrafo 4 del mismo canon: «Sin el permiso de su Ordinario, los clérigos no administrará bienes de laicos ni responsabilidades seculares que impliquen la obligación de rendir cuentas”.

Para el padre Joseph Owusu-Agyemang, la cuestión está decidida. Hasta que se retire de sus funciones como juez del Tribunal Superior, dejará de celebrar los sacramentos en público y no se le confiará la gestión de una comunidad eclesial.

Pero estos nombramientos pueden ser una fuente de tensión dentro de la Iglesia si no se realizan consultas para juzgar la utilidad o la necesidad de aceptarlos. Dos casos ilustran esta observación: el de los nombramientos de Paul Siméon Ahouana, arzobispo de Bouaké, en el centro de Costa de Marfil, para la Comisión Nacional de Reconciliación e Indemnización de Víctimas (Conariv); y Apollinaire Malu-Malu, sacerdote al frente de la Comisión Electoral Independiente (Ceni) en RD Congo.

Obispo Paul Siméon Ahouana

En Costa de Marfil, en 2015, el presidente Alassane Ouattara nombró a Paul Siméon Ahouana, arzobispo de Bouaké, presidente de la Comisión Nacional para la Reconciliación e Indemnización de las Víctimas (Conariv), una estructura fundada por indemnizar a las víctimas de la violencia postelectoral de 2010-2011. Siendo él mismo arzobispo, el obispo Ahouana no necesitaba la aprobación de un obispo para ocupar ese cargo. Sin embargo, en un comunicado de prensa fechado el 10 de mayo de 2015, al margen de su 101ª Asamblea Plenaria que había tenido lugar en Taabo, en la diócesis de Agboville, la Conferencia de Obispos Católicos de Costa de Marfil (Cecci) de la que es miembro, se desvinculó de su elección.

«Los arzobispos y obispos de Costa de Marfil desean informar a los miembros del clero, religiosos y religiosas y fieles laicos que su cohermano no los ha asociado, ni cercana ni remotamente, en este compromiso. Es por ello que en el espíritu del Canon 285 del Código de Derecho Canónico de 1983, desean aclarar que no son responsables de los actos que realizará en el ejercicio de su nuevo cargo al frente de Conariv«.

Dos años después, en 2017, el arzobispo de Bouaké dimitió de sus funciones en Conariv.

Padre Malu-Malu

Un caso similar se presentó en la República Democrática del Congo, donde el nombramiento del sacerdote Apollinaire Malu-Malu como jefe de la Comisión Electoral Independiente (Ceni) en abril de 2013 fue motivo de discordia. Efectivamente, la Conferencia Episcopal del Congo (Cenco) se opuso a que un clérigo ocupara un cargo político de este tipo, pero su obispo, Melchisédech Sikuli Paluku, ordinario de Butembo-Beni, lo había apoyado contra todo y contra todas.

El 13 de mayo de 2013 la Cenco reiteró la prohibición a los sacerdotes y religiosos y religiosas “de participar activamente en partidos políticos y asociaciones de carácter político, así como en la gestión de las instituciones estatales encargadas de la organización de elecciones, en todos los niveles «. En esto, el episcopado congoleño se basó en el canon 287, párrafo 2, del Código de Derecho Canónico que establece:

“no participará activamente en partidos políticos ni en la dirección de asociaciones sindicales, a menos que, a juicio de la autoridad eclesiástica competente, la defensa de los derechos de la Iglesia o la promoción del bien común lo requieran”.