«No, la Corte Penal Internacional no está a sueldo de los Blancos»
Fatou Bensouda, de 57 años de edad, sucedió al argentino Luis Moreno Ocampo como Fiscal general de la Corte Penal Internacional, en junio de 2012. Es la primera africana que dirige un tribunal internacional. Continúa todavía en el cargo.
Su origen y vida privada
Fatou Bensouda nació el 31 de enero de 19671 en Banjul (Gambia). Criada en una familia musulmana y polígama (su padre tenía dos esposas), es hija de Omar Gaye Nyang, chofer del gobierno y principal promotor de la lucha libre en su país.
Su educación comenzó en Gambia donde hizo su escuela primaria y secundaria. A partir de 1982, cursó estudios superiores en la universidad de Ife, en Nigeria, donde, en 1986, se graduó, “cum laude”, en Derecho. Al año siguiente, obtuvo la calificación de abogada, registrada por la Escuela de Derecho de Nigeria y, más tarde, consiguió un máster en derecho marítimo, por el Instituto Internacional de Derecho Marítimo de Malta, convirtiéndose en la primera autoridad en Derecho Marítimo de Gambia.
Casada con un hombre de negocios gambiano-marroquí, es madre de tres hijos (uno de ellos difunto) y de una hija adoptada.
Vida profesional
Después de su formación en Nigeria y Malta, volvió a su país natal, en 1987, para trabajar como abogado y fiscal. Entre 1987 y 2000 sirvió en los gobiernos de Dawda Yawaea y Yahya Jammeh. En el gobierno de Yawaea, en 1994, ejerció, primero como consejera de Estado y después, como directora adjunta de la fiscalía pública. Ese mismo año, un golpe de Estado incruento, orquestado por el oficial del ejército Yahya Jammeh, acabó con el régimen democrático de Gambia. En los primeros años del nuevo régimen, Fatou Bensouda jugó un papel importante, primero, como fiscal general y consejera legal del presidente, a quien aconsejó restablecer cuanto antes el régimen democrático; lo que tuvo lugar dos años más tarde, cuando Jammeh fue elegido presidente. Fue entonces cuando, en 1996, Bensouda fue nombrada ministro de Justicia, cargo que ejerció hasta marzo de 2000, cuando fue destituida.
Sin duda, su servicio durante el régimen de Yahya Jammeh fue complicado, ya que éste ejerció durante un tiempo un poder despótico, ignorando por completo los derechos humanos. Con todo, la actividad jurídica de Bensouda durante este periodo fue apreciada por su rápido enjuiciamiento de los delitos cometidos contra mujeres y niños. Bensouda afirmó más tarde haberse llevado bien con el presidente Jammeh que apoyó su candidatura a la Fiscalía General del TPI.
En 2002, al cesar como ministro de Justicia, trabajo como Directora General de un banco comercial, en Gambia, aunque sólo por poco tiempo ya que, cinco meses más tarde, fue nombrada fiscal del Tribunal Penal International para Ruanda. También participó en las negociaciones sobre el Tratado de la Comunidad Económica de Estados del África Occidental, CEDEAO, en el Parlamento de África Occidental y en el Tribunal de ECOWAS (Economic Community of West African States). Ha sido delegada de la Naciones Unidas a conferencias sobre prevención de delitos contra los derechos humanos, en el contexto de Unidad Africana. También ha asistido, como delegada de Gambia, a las reuniones de la Comisión Preparatoria de la Corte Penal Internacional.
Toda esta experiencia fue, sin duda, una excelente preparación a su elección, en 2011, como miembro de la Corte Penal Internacional. En junio de 2012, remplazaba a Luis Moreno-Ocampo como Fiscal General de dicho Tribunal, con sede en la Haya, que juzga los crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
Casos tratados
Son muchos los casos investigados por la Fiscal General de TPI, Fatou Bensouda, aunque no siempre con éxito. Muchos casos siguen bajo investigación.
Bensouda se ocupa de la investigación de crímenes cometidos en las protestas de Venezuela, sobre los que ya se ha abierto un examen preliminar por la violencia utilizada por las fuerzas armadas durante la represión y los graves abusos infligidos a los detenidos.
En 2015, Bensouda fue alertada sobre crímenes de guerra presuntamente cometidos en el buque Mavi Marmara por comandos israelíes, que mataron a nueve hombres desarmados e hirieron a varios otros activistas. Bensouda consideró que el caso no era suficientemente serio para merecer la atención de la Corte Penal Internacional. También suspendió la causa sobre el genocidio de Darfur, en diciembre de 2015, ya que el caso estaba estancado desde 2009, sin ningún avance en la investigación.
La Fiscal ha abierto un examen preliminar sobre presuntos crímenes cometidos en Filipinas, sobre los que se han aportado numerosos testimonios independientes e imparciales.
Bensouda considera que hay evidencia de crímenes de guerra, torturas y trato inhumano, cometidos por soldados estadounidenses en Afganistán, en tiempos del Presidente George W. Bush. Pero el embajador norteamericano, John Bolton, argumentó que la Corte Penal Internacional no tiene jurisdicción sobre los EE.UU. ya que éstos nunca ratificaron el Tratado de Roma en el que se creó dicho Tribunal. En consecuencia los EE.UU. vetarían cualquiera de sus sanciones. Los EE.UU. tienen su propio sistema judicial para juzgar las acusaciones contra el personal militar estadounidense.
Como en el caso de los Estados Unidos de América, la CPI encuentra dificultades jurídicas para enjuiciar los crímenes que se achacan al ejército Israelí y a los terroristas palestinos. Israel no ha ratificado al Tribunal, como tampoco lo ha hecho la Autoridad Palestina, aunque esta última ha reconocido su competencia.
El enjuiciamiento del líder congoleño Jean-Pierre Bemba por la CPI ha dado mucho que hablar: condenado en primera instancia, ha sido absuelto tras un recurso de apelación.
Controversias
Se dan algunas situaciones controvertidas, que conciernen tanto a Fatou Bensouda como a la Corte Penal Internacional. En Octubre de 2017, la Fiscal General y dos miembros de su entorno fueron acusados, por los medios de comunicación, de facilitar información confidencial a su predecesor, Luís Moreno Ocampo, y solicitar su opinión en varias ocasiones, dejándose influenciar posiblemente por él.
El Tribunal mismo se ha visto acusado, por un cierto número de africanos, de ser una institución racista al servicio de los Occidentales para perseguir a los “malvados africanos”. Bensouda siempre ha rechazado enérgicamente ésta acusación, calificándola de “debate lamentable” y argumentando que son muchos los Estados africanos que han ratificado la Corte Penal Internacional, y que han solicitado su intervención en determinados casos. “No, la Corte Penal Internacional -nos dice- no es un tribunal de Blancos; es el porvenir de la Justicia criminal internacional. Permite evitar los crímenes más graves en el mundo entero… las víctimas son con frecuencia africanas y hay que protegerlas. Los Estados tienen el deber de hacerlo. Nosotros podemos ayudarles, o bien hacerlo en su lugar, cuando a ellos les resulta imposible”.
Con todo, hay que reconocer que numerosos gobernantes africanos son cada vez más reticentes en aceptar la CPI. La mayoría prefiere un tribunal africano para juzgar, en África, este tipo de crímenes.
Reconocimientos
La trayectoria de Fatou Bensouda como jurista ha sido reconocida en múltiples ocasiones: primero, con el Premio Internacional de Juristas 2009, que le fue concedido por su contribución a la legislación criminal, tanto a nivel nacional como internacional, y más tarde, le fue concedido el 2011 World Peace Through Law Award, por promover el imperio de la ley contribuyendo así a la paz mundial.
La Revista TIME, en la edición anual del año 2012, la incluyó en la lista de las cien personas más influyentes del mundo.
Por su parte, Jeune Afrique declaró a Bensouda la 4ª persona más influyente de África, en la categoría Sociedad Civil, y una de las 100 personalidades africanas más influyentes.
También la revista togolesa Africa Top Success la nombró en 2014 “Africana del Año”, precediendo a Isabel dos Santos, Angélique Kidjo y Lupita Nyong’o.
Bartolomé Burgos
Fuente imagen: Max Koot Studio-Wikimedia
[Fundación Sur]
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