A comienzos del siglo XIX el Imperio español mostraba signos de agotamiento aunque el tráfico comercio esclavista se hallara en su apogeo. Sin embargo, por varios factores, las naciones que aprovecharon el inmenso rédito de ese tráfico en los tres siglos precedentes fueron poniendo término a dicha actividad para luego abolir la esclavitud al interior de sus dominios, en un proceso que abarcó la primera mitad del siglo XIX y más.
El camino no fue fácil. Dinamarca y Gran Bretaña fueron las primeras naciones europeas en abolir la trata (1803 y 1807, respectivamente). La segunda acabó con la esclavitud entre 1833 y 1834. Otra importante potencia, Francia, suprimió la trata en 1818 y, treinta años más tarde, hizo lo mismo con la esclavitud. Portugal, Suecia y Holanda imitaron los pasos. Pero en España la abolición de la trata y de la esclavitud se demoró.
Europa en transformación
Al calor de un continente en efervescencia revolucionaria, el primer intento serio de cuestionar la legitimidad de la trata en España y promover su abolición, así como de la esclavitud, provino de algunos de los diputados reunidos en las Cortes Constituyentes de Cádiz en 1811, autoras de la Constitución liberal de 1812. Sin embargo, concluyéndose que no era el momento propicio para tratar un tema tan importante, al proyecto se lo dejó caer en el olvido. Además, las voces opuestas al tráfico estaban en minoría en el Imperio.
El Congreso de Viena, iniciado en noviembre de 1814 y convocado para rediseñar el mapa de una Europa postnapoleónica, marcó el momento para retomar las intenciones abolicionistas británicas. Desde hacía unos años Gran Bretaña, dueña indiscutida de la supremacía naval, custodiaba el Atlántico, frente a la continuidad del tráfico esclavista, y de este modo ejerció presión en general sobre quienes continuaban lucrandose con el tráfico.
Esa preocupación fue llevada a la capital austríaca y el Congreso aprobó, entre otros puntos, una ratificación de la voluntad de acabar con el flagelo del comercio esclavista e imponer esa agenda en los años siguientes para que sucesivas naciones alentaran la erradicación definitiva. Se lee en el primer párrafo de la declaración: «el tráfico de negros de África es contrario a los principios de la humanidad y de la moral universal». Tras consultas, la monarquía hispana informó que velaba por el compromiso de finalizar la trata, no inmediatamente pero sí en un plazo no superior a los ocho años, pese a la disconformidad británica, cuyo emisario continuó insistiendo en apurar tiempos.
Como resultado de las presiones entre Gran Bretaña y España, así como con otros países, fueron firmados varios compromisos. El tratado anglo-hispano de septiembre de 1817 estipuló que para el 30 de mayo de 1820 la trata hispana debía quedar erradicada, concediendo cinco meses de plazo para cualquier embarcación de bandera española que hubiera participado en forma legal de la empresa antes de la fecha señalada y en curso.
El monarca Fernando VII firmó el acuerdo con sumo desagrado pues el tratado estableció que los perjuicios hacia los traficantes debían ser compensados con fondos del erario regio y que el monarca debía disponer un monto importante para combatir la trata. El movimiento en pos de la abolición no era nacional sino extranjero. En las colonias hispanas el avance del abolicionismo fue visto como una treta británica para trastocar los negocios millonarios de algunos de los súbditos del Imperio. Por caso, Cuba elevó sus quejas oficiales al gobierno español.
Abolición incumplida
Como se desprende de lo anterior, no fue para nada fácil abogar por el cumplimiento del tratado firmado en 1817. El negocio era más tentador que el respeto a la ley. Así fue que entre 1820 y 1821 se vieron algunos esfuerzos en España por legislar a favor de reprimir a españoles aun inmersos en el suculento negocio del tráfico humano.
Cuba no insistió más en la derogación del tratado pues el tráfico de piezas de ébano era floreciente en la isla, permitido por una muy débil vigilancia marítima británica. Con algunos antecedentes cercanos, el incumplimiento llevó a la firma de otro tratado, en 1835, con el fin de reforzar la lucha contra la trata. Este último instrumento hizo que el número de barcos requisados por Gran Bretaña aumentara, pero no pudo desarticular una red que llevaba siglos en funcionamiento. Otra ley de 1845 se mostró igual de inútil.
En forma paradójica, la abolición británica de la esclavitud de 1834 reforzó el circuito comercial transatlántico y la continuidad creciente de la institución en el Caribe español. En conclusión, el tráfico era fomentado incluso por quienes debían combatirlo. Nada nuevo en la larga historia del contrabando en el Imperio español.
Pervivencia de la esclavitud en el Caribe hispano
La aplicación de la abolición de la trata quedó muy desdibujada en la práctica y siempre pendiente de la voluntad británica más que de la iniciativa española. Con el término de la guerra de independencia hispanoamericana, España solo pudo conformarse con Cuba y Puerto Rico en América. El gobierno concibió que la continuidad del ingreso de mano de obra esclavizada fuera un antídoto contra la pérdida del poder imperial en esas islas.
Con el combate del tráfico ilegal y las requisas de «mercancías» resultantes, se asistió a la creación de la figura (casi ficticia) del emancipado en el Caribe español. En la mayoría de casos apenas se distinguió de la mano de obra esclavizada, pues las autoridades los recluyeron en depósitos y destinaron a obras públicas.
En 1865 la presión de la Guerra de Secesión estadounidense llevó a promulgar el fin de la trata. Para evitar un incidente con ese país, España decidió llevar a cabo una abolición gradual e indemnizada. Asimismo, el programa de la Revolución Gloriosa de 1868 presionaba por el fin de la esclavitud en Cuba y Puerto Rico. Ese año estalló la primera guerra de independencia cubana y Estados Unidos, a favor del abolicionismo, amenazó con reconocer a los insurrectos, por lo que Madrid avanzó sobre una ley preparatoria de abolición, aprobada en junio de 1870, que declaró vientres libres y el régimen de patronato, como fin del emancipado.
La abolición de la esclavitud en las Antillas hispanas fue tardía. Se dio recién en 1873 en Puerto Rico y en 1886 en Cuba, tras aprobarse en la última la ley en febrero de 1880 que dio lugar al patronato de ocho años. Sin embargo, el 7 de octubre de 1886 fueron liberados los últimos 25.000 patrocinados, los últimos esclavizados cubanos, por orden real. Así desapareció una institución de siglos de la América española. Solo Brasil la conservó en el continente, hasta mayo de 1888.
Original en: El Economista América
