Cuando Ken Saro Wiwa estaba ante las narices ya del ahorcador, en Port Harcourt, la capital del petróleo de Nigeria, habló no sólo de su inminente muerte, sino también de la campaña contra Royal Dutch Shell, que le había hecho atraer la atención internacional.
Sentenciado a muerte después de un juicio defectuoso en muchos sentidos, había llegado a ser considerado como un mártir por aquellos que se oponían a los supuestos abusos en los que estaba implicada la industria del petróleo en su país.
Según los compañeros activistas, sus últimas palabras antes de ser ejecutado fueron: “Señor, toma mi alma, pero la lucha continúa”.
Más de 13 años después, esa batalla ha cruzado el Atlántico y se ha convertido en un emblema de los esfuerzos internacionales por perseguir a las multinacionales por su supuesta involucración en las violaciones de los derechos humanos y otras maldades en lugares lejanos. La semana pasada, un tribunal de Nueva York comenzó la vista del juicio en el que se acusa a Shell de complicidad en la muerte de Saro Wiwa y la campaña de terror que organizaron las fuerzas de seguridad de Nigeria.
La acusación -que la compañía dice que es falsa y de la que se defiende- es una más de una serie de casos similares lanzados contra las grandes empresas por todo el mundo, industrias que van desde la fabricación de coches hasta la minería. Ahora planea en el aire el potencial de estos juicios para generar enormes perjuicios y una desastrosa publicidad, según uno de los abogados cuya firma defiende a grandes compañías, “muy cerca de la conciencia de la América corporativa que actúa en el extranjero”. El caso de Shell, lanzado en 1996, un año después de la ejecución de Saro Wiwa, es uno de una serie de ellos que se han desarrollado en el sistema de tribunales de los Estados Unidos, en los últimos años.
En diciembre, Chevron, la multinacional petrolera rival de Shell, fue absuelto en un caso por separado en el que se le acusaba de complicidad en la violación de derechos humanos en Nigeria.
También hay acusaciones de amplio alcance contra multinacionales e industrias como son bancos y farmacéuticas por supuestos abusos en la Suráfrica del apartheid. Estas acciones en los Estados Unidos son parte de un movimiento internacional mucho más amplio para hacer responsables a las compañías de los países ricos, por supuestas actividades dañinas en el mundo pobre. En ausencia de un tribunal civil mundial hecho a la medida para juzgar estos casos, los abogados están sacando maneras innovadoras de utilizar las leyes y procesos existentes nacionales.
Ha habido casos en Francia, los Países Bajos y Ecuador, mientras que en Inglaterra miles de marfileños han demandado a Trafigura, la compañías de transporte de petróleo, por el vertido de residuos tóxicos, por parte de una subcontrata, en su país, que supuestamente de provocó enfermedades. Trafigura niega las acusaciones de haber causado muertes o consecuencias graves para la salud.
Esta corriente de una expansión con paso firme de los litigios internacionales se ha abierto en gran parte por las provisiones recogidas en el Acta de Agravios Extranjeros, (Alien Tort Act), de 1789, que ha disfrutado un reavivamiento después de haber languidecido durante casi dos siglos, como una nota a pie de página olvidada, en la fundación del sistema de justicia federal.
El propósito original de este estatuto queda para la especulación, pero su efecto fue dar a los extranjeros un medio para entablar acciones en los tribunales civiles en los Estados Unidos, por supuestas violaciones de las leyes internacionales. Se cree que este acta pretendía actuar contra la piratería y ocuparse de los problemas sobre los casos en los que otros países considerasen que no se les había permitido obtener justicia, como un asalto a un diplomático francés, en suelo de los Estados Unidos, en 1984, que recibió mucha publicidad.
La primera conmoción por la reavivación del estatuto tan antiguo, llegó hace 30 años, cuando un tribunal de los Estados Unidos la utilizó para sentenciar que las autoridades paraguayas eran responsables de la tortura y muerte de un joven de 17 años. Eso abrió la puerta a una serie de procesos tanto contra funcionarios extranjeros como contra, a partir de los años 90, las multinacionales.
Se han presentado alrededor de 64 casos basados en la “Alien Tort Act,” contra corporaciones desde 1960, según Jeffrey Davis, profesor asociado de ciencias políticas en la universidad de Maryland, Condado de Baltimore, aunque la gran mayoría de los casos han sido presentados durante los pasados 15 años.
A lo largo de los años, los potenciales demandantes han sido animados por las señales de que el acta puede ser una herramienta efectiva, no sólo para hacer campaña por un mejor comportamiento de las empresas, sino también para ganar dinero con ello. En 2004, Unocal, la multinacional petrolera, acordó pagar una suma no desvelada de dinero para disipar las acusaciones lanzadas por habitantes de una región de Burma, sobre que la compañía les utilizaba para realizar trabajos forzados y sufrían abusos de los soldados mientras trabajaban en un proyecto de construcción de un oleoducto para la compañía. En otro caso, Yahoo, la compañía de internet, se mostró de acuerdo en resolver de manera confidencial, en 2007, un caso de acusaciones de tener relación con la encarcelación de dos periodistas chinos, tras de haber identificado sus actividades on line ante las autoridades.
Este aprovechamiento de la ley de la era de la revolución francesa, en el mundo del capitalismo del siglo XXI ha provocado un amargo debate legal. Mientras que algunos abogados corporativos argumentan que el acta está siendo utilizada en casos para los que no estaba prevista originalmente, los que apoyan el estatuto aseguran que está siendo utilizada probablemente con el mismo espíritu ahora que cuando entró en vigor.
En 2004, el Tribunal supremo confirmó que las acusaciones podían presentarse bajo este acta, aunque añadió que no podían ser aceptados para un juicio los argumentos de los guardianes vigilantes, para asegurar que los supuestos crímenes han violado “normas definibles, universales y obligatorias” de las leyes internacionales.
Los oponentes al acta han ido más allá con sus ataques, calificándolo de una especie de imperialismo judicial, que permite a los Estados Unidos tener jurisdicción sobre reclamaciones que algunas veces son muy débiles y que, en todo caso, deberían ser vistas en los tribunales de los países en los que tuvieron lugar los hechos supuestos.
Bob Mittelstaedt, un socio de Jones Day y abogado principal en la defensa de Chevron, el año pasado, dice que el estatuto proporciona una plataforma muy fácil desde la que los reclamantes pueden hacer acusaciones muy perjudiciales ante la audiencia de los Estados Unidos, que a menudo resultan ser casi todo exageraciones, cuando hay que demostrarlo en el juicio. El abogado añade que la verdadera naturaleza del acta, que aborda las situaciones graves, hace que sea muy difícil para los tribunales de los Estados Unidos rechazar los casos, aunque la base sobre la que estén fundados sea débil. “La idea en general de las violaciones de los derechos humanos tiene un cierto aura de esto”.
No sorprende, que los activistas involucrados en la persecución de las grandes compañías por supuestos abusos no estén de acuerdo con esto. Ellos argumentan que el acta proporciona un antídoto sensato y necesitado ante la falta de responsabilidad legal ni a nivel internacional ni en los, a menudo raídos y corruptos, sistemas judiciales de los países pobres.
Jennifer Green, una abogada de la acusación en el caso de Chell, afirma que el Acta tiene su lugar en poderoso conjunto de la legislación internacional, datando del holocausto, que sugiere que las compañías pueden ser llevadas ante la justicia por complicidad con los abusos de derecha humanos en cualquier otra parte.
Aunque ningún demandante bajo el acta ha ganado todavía un caso, después del proceso del juicio completo, la abogada afirma que el pequeño número de juicios que han concluido ya, hasta la fecha, significa que es prematuro concluir que sean casos perdidos si llegan a juicio.
Pase lo que pase, en el caso de Shell, pocos esperaban ser los últimos de su clase, en un mundo en el que las acusaciones de abusos de derechos humanos, cometidos por las grandes compañías son numerosas, pero las investigaciones judiciales de los mismos son escasas.
La predicción de Saro Wiwa de que su lucha continuaría, resultó ser cierta, aunque él mismo podría haberse sorprendido de que su campaña contra una compañía petrolera anglo alemana, que trabaja en Nigeria, ha terminado en suelo americano.
Las provisiones del Acta de Agravios Extranjeros, según el profesor Davis, son “un vehículo extraño e imperfecto”, pero su popularidad es, en parte, una respuesta a la escasez de otras opciones para la gente que afirma que ha sufrido abusos por parte de grandes empresas.
Como él lo explica: “construye un dique en las aguas de la Justicia en un lugar, y el agua fluirá por cualquier otro sitio”.
(Business Day, Suráfrica, 01-06-09)
Traducido por Rosa Moro, de Fundación Sur.
