Ha sido un camino muy largo el que ha tenido que recorrer Veronica Wangeci Maruhi para que le hagan justicia.
Durante los últimos tres años, esta mujer de 69 años no ha tenido motivos para sonreír ya que el terreno al que ella llamaba casa pasó a ser su peor pesadilla.
Los apuros de Maruhi empezaron cuando en 1974 su marido les repudió a ella y al hijo de ambos, de ocho años de edad, forzándola a abandonar la casa conyugal.
Buscó refugió en la Iglesia Gospel Furthering Fellowship (Hermandad de Promoción del Evangelio) cerca de la Maternidad Pumwani en Pangani, Nairobi.
Un año más tarde perdió su trabajo cuando una empresa surafricana para la que trabajaba cogió sus cosas y se fue del país.
Más tarde Maruhi empezó a buscar trabajo para sobrevivir y en 1982 el gobierno, a través del antiguo PC de Nairobi, Fred Waiganjo y después el jefe de ubicaciones de Stahere le asignó una parcela de tierra en la calle Muratina, cerca de Pumwani, frente a Central Kitchen.
Según Maruhi, que visitó nuestras oficinas, construyó once edificaciones temporales en la parcela.
Transformó tres de ellas en un taller y un almacén de carpintería, un quiosco y un lavado de coches. El resto lo compartió con sus hijos como vivienda.
“En noviembre de 1982, me dieron esta parcela que supuestamente iba a terminar con mi larga agonía e incluso iba a ayudarme a criar a mi familia de una manera sostenible. Pero ahora todo parece un sueño que se ha esfumado”, dice Maruhi, cuya arrugas en el rostro delatan el estrés.
Los problemas empezaron en diciembre de 2006 cuando, a medianoche, más de una treintena de jóvenes que, según ella, habían sido contratados por personas a las que sólo podía identificar como Hassan y Abdullahi de Eastleleigh, fueron y destruyeron todo lo que había construido.
“Hiyo usiku walikuja mawaria, zaidi ya thelathini na wakanibomolea, wakisema kuwa hapo haikuwa ploti yetu” (“Esa noche, más de treinta jóvenes de origen somalí fueron y destruyeron lo que habíamos construido, diciendo que estábamos ocupando ilegalmente la parcela”), recuerda Maruhi mientras llora desconsoladamente.
Una notificación adecuada
Desde aquel entonces, la anciana dice que ha tenido una serie de experiencias muy desagradables a la hora de ir a pedir justicia.
Dijo que informó del asunto a la OCS de Pangani que según ella, no hizo nada.
En julio de 2007, Maruhi, a través de Njiru, Boniface y cía. Abogados, escribió a la OCS para informar del desalojo brutal y cruel perpetrado por “Hassan” e “Ibrahim”.
En la carta, los abogados expusieron “Les pedimos que intervengan y salven a nuestra clienta de un desalojo violento de una parcela en la que el gobierno le autorizó vivir. Por consiguiente, nadie podría legalmente obstaculizarla en su uso hasta que el gobierno ponga fin a su estadía. En cualquier caso, tiene derecho a una notificación adecuada incluso si fuera a ser desalojada”.
“Hata baada ya barua hii OCS hakuchukua hatua yeyote” (“Incluso después de esta carta no hicieron nada”), dice Maruhi.
Comenta que la situación empeoró cuando uno de sus vecinos, Samuel Mwangi Ng’ang’a, según ella cómplice de “Ibrahim” y “Hassan”, empezó a hostigarla lanzando piedras a las construcciones demolidas, reivindicando que era su marido, con la intención de frustrarla para que dejara la disputa y se trasladase.
“Este hombre reivindicaba ser mi marido y decía que sabía que yo estaba loca, lo que no es verdad. Mi marido era Samuel Mwangi Gathong’wa, con el cual me casé en la oficinas del PC en Mburu y más tarde rompí”, dijo.
Edificaciones permanentes
Dice que informó de ambos casos de acoso y difamación a la Comisión de los Derechos Humanos de Kenia y al Departamento de Investigaciones Criminales, pero nadie fue a ayudarla.
Para colmo, Maruhi dice que este año sus desahuciadores han subdividido su parcela y están construyendo edificaciones permanentes.
“Incluso mis esfuerzos para continuar el caso con el Comisario de las Tierras han sido inútiles ya que los oficiales con los que hablo siempre desoyen mi caso”, dice Maruhi.
Comenta que sus esfuerzos para solicitar un mandato judicial e impedir que sus torturadores la desalojen de sus tierras han sido en vano.
Maruhi espera que algún día la justicia le sonría.
Por Ramadhan Rejab
(The Standard, Kenia, 21 de abril de 2009)
Traducido por Raquel Barrajón, alumna de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid Traducción /Interpretación, colaboradora en la traducción de algunos artículos.
