El lunes 12 de febrero de 2018, un tribunal de Sudán del Sur en Juba condenó a muerte por ahorcamiento a James Gatdet Dak citando varias disposiciones de la constitución como base sobre la cual los jueces llegaron al veredicto. El veredicto condenó a Gatdet por presuntamente incitar a la violencia que entra en cargos de traición según el artículo 64, por difundir información falsa en detrimento de la seguridad nacional de Sudán del Sur en virtud del artículo 75 y por insultar al presidente en virtud del artículo 76 del código penal de 2008, respectivamente. Por otro lado, el principal abogado defensor, Monyluak Alor Kuol, describió el veredicto como una decisión política del gobierno de Sudán del Sur sin base legal ni citaciones.
Evidentemente, audiencias de todo el mundo reaccionaron positivamente y solo unas pocas recibieron con beneplácito la sentencia condenatoria en varias plataformas de redes sociales. Cabe señalar que la sentencia o la pena de muerte no fueron verificadas de forma contrastada por jueces competentes en Sudan del Sur, al contrario, jueces incompetentes en todo el país continúan sentenciando casos que no están bien analizados. ¿Qué pueden hacer los sudaneses del sur con respecto a estos jueces? ¿Por cuánto tiempo tendrán que aguantar los sudaneses del Sur a estos jueces en el país? ¿Son, de verdad, jueces bien entrenados o políticos que trabajan en la judicatura en Sudán del Sur que se hacen pasar por jueces?
La Constitución de Transición de la República de Sudán del Sur de 2011, en virtud de la Carta de Derechos, establece que «toda persona tiene el derecho inherente a la vida, la dignidad y la integridad de su persona que estará protegida por la ley; nadie debería ser privado arbitrariamente de su derecho». La pregunta es sobre si los jueces han leído la Carta de Derechos de la Constitución de Transición de 2011 que afirman haber leído.
En la misma Declaración de derechos, clara y precisamente mencionada, todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección de la ley sin discriminación por raza, origen étnico, color, sexo, idioma, credo religioso, opinión política, nacimiento, localidad o estado social. Además, bajo la misma carta de derechos, se restringió o prohibió la pena de muerte a cualquier persona sin el debido escrutinio. La misma Declaración de derechos, precisamente, afirma que no se impondrá la pena de muerte a nadie. Los jueces en Juba impusieron una pena de muerte a James Gatdet Dak sobre una base tribal, no a través de buenos procedimientos legales.
De hecho, los jueces emiten juicios basados en suposiciones e intereses vinculados a sus procesos legales en varios tribunales del país. No hay equidad ni respeto a la Constitución de Sudán del Sur de 2011, especialmente a la Declaración de Derechos. El gobierno en Juba ha abandonado la constitución del país y los jueces actuaron únicamente bajo directivas del gobierno. No hay un sistema judicial independiente en el país.
Por lo tanto, es muy desafortunado que un país permita a la seguridad nacional y a los políticos, decidir o determinar casos judiciales, asesinatos o aterrorizar a todas las personas en el país. El asunto si no se maneja con cuidado puede desintegrarse en entidades pequeñas, donde cada comunidad tendrá que estar preparada para auto legalizarse o auto determinarse.
En resumen, las únicas personas suficientemente calificadas para condenas a muerte y cargos de traición son todos exministros, ministros actuales, generales del ejército y el mismo Kiir que han saqueado, matado a miles y desplazado civiles a diferentes partes del mundo. ¿Quién es más criminal entre alguien que hace su trabajo como portavoz de su partido y alguien que ha matado a millones de personas y saqueado los recursos del país durante casi dos décadas? Esto solo está sucediendo en Sudán del Sur, donde grandes criminales están sentenciando a un periodista inocente por pertenecer a una determinada etnia. Este es un tema muy polémico que debe denunciarse como malicioso por naturaleza.
En conclusión, Kiir Mayardit, Seguridad Nacional y políticos déspotas en Sudán del Sur deberían evaluar el juicio otra vez, de lo contrario, el caso de James Gatdet podría incitar más crisis en el país, ya que otros lo verán con diferentes lentes. A pesar de que los sudaneses del sur están buscando que la paz regrese al país en cualquier momento, el gobierno y sus aliados deben desistir de fomentar casos judiciales innecesarios que están generando más conflictos en el país.
Peter Gai Manyuon
* Peter Gai Manyuon es un autor, periodista independiente y columnista que ha escrito extensamente sobre derechos humanos y democracia en Sudán del Sur. Disponible en independentjournalistpgm@gmail.com.
Fuente: Sudan Tribune
[Traducción, Jesús Esteibarlanda]
[Fundación Sur]
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