Los esfuerzos para construir una fuerza de cinco naciones para poder frenar el yihadismo en la región del Sahel se enfrenta a un obstáculo de financiación, tras un aumento significativo de los ataques rebeldes que proporcionan un recordatorio urgente de la tarea en cuestión.

Hasta ahora, se han comprometido más de 350 millones de dólares para la fuerza del G5 en Sahel, reuniendo a Burkina Faso, Chad, Malí, Mauritania y Níger, países en la primera línea de la guerra contra los militantes islamistas en la región.

El dinero recibido hasta ahora ha permitido a la fuerza a establecer una sede y una estructura de mando y llevar a cabo dos operaciones, con apoyo de Francia, en la conflictiva zona de la «triple frontera» entre Malí, Níger y Burkina Faso; pero se necesita más para ayudar a la fuerza a alcanzar su objetivo de 5.000 hombres, agrupados en los ejércitos de las cinco naciones, proporcionar capacitación y equipamiento y restaurar de manera duradera la autoridad en áreas sin ley.

Con la intención de estar en pleno funcionamiento a mediados de 2018, la fuerza del Sahel G5 opera junto con los 4.000 soldados de Francia en la zona y la operación de paz de la MINUSMA de 12.000 efectivos de la ONU en Malí.

Los cinco países del Sahel harán un esfuerzo por obtener fondos en una reunión en Bruselas el viernes.

Fuerza del G5 Sahel

El impulso detrás de la creación de la fuerza del G5 Sahel se remonta a 2015, cuando el gobierno de Mali firmó un acuerdo de paz con coaliciones de grupos armados no jihadistas. Los insurgentes islamistas se mantuvieron activos: la violencia se extendió desde el norte del país hacia el centro y el sur, y luego se extendió a Burkina Faso y Níger.

Hoy en día, mientras la nueva fuerza antiyihadista comienza a tomar forma, los yihadistas se vuelven más sofisticados en sus operaciones. El 5 de febrero, el jefe de la inteligencia militar francesa, el general Jean-Francois Ferlet, informó de la oleada de ataques yihadistas en el centro de Malí. Los ataques «son un poco más letales porque (los agresores) están mejorando sus métodos», añadió.

Los yihadistas han llevado a cabo asesinatos de personal de paz de las Naciones Unidas y soldados malienses. En un incidente en enero, 26 civiles murieron cuando su vehículo chocó contra una mina terrestre en Boni, en el centro de Mali.

El progreso contra los rebeldes parece escaso. La segunda operación de la fuerza conjunta, que movilizó a los batallones de Mali y Burkinés en ambos lados de la frontera del 15 al 28 de enero, incluyó la confiscación de municiones, materiales explosivos y motocicletas, pero poco más.

En enero, 36 oficiales malienses desertaron y un sargento fue arrestado por publicar un vídeo en el que se quejaba de la incompetencia y la falta de una estrategia militar. El gobierno prometió proporcionar «las mejores condiciones» para las tropas y designó a varios altos funcionarios estatales en el centro de Malí, en una muestra de apoyo.

Un informe publicado a principios de este mes por la división de derechos humanos de MINUSMA encontró que «al menos el 20%» de los incidentes registrados en 2016 y en la primera mitad de 2017 que pusieron en peligro vidas civiles involucraron a las autoridades malienses, esencialmente las fuerzas de seguridad.

Fuente: The Citizen

[Traducción, Muriel Balda Aspiazu]

[Fundación Sur]

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