Miles de tunecinos se manifestaron de nuevo en la capital este pasado 13 de mayo protestando contra un proyecto de ley titulado “Reconciliación económica”, muy discutido desde que el presidente Beji Caid Essebsi lo anuncio en marzo de 2015. En él se incluye una especie de amnistía fiscal para los numerosos hombres de negocios que se habían enriquecido indebidamente durante la época de Zine el Abidine Ben Ali, el presidente destituido durante la “Revolución de los Jazmines” en enero de 2011. “No al perdón”, “Perdón sólo en los tribunales”, se leía en algunas de las pancartas. En circunstancias políticas y sociales muy complejas, les toca a los gobernantes tunecinos elegir entre dos males: una especie de amnistía fiscal éticamente reprensible pero que ayudaría a que aflorase el dinero oculto y a relanzar la economía, o la persecución de las numerosas transgresiones y crímenes económicos que se cometieron y siguen cometiéndose. En este segundo caso no cabe duda de que la economía sumergida y el dinero oculto se esconderán todavía más. Y ello en un país que sigue dependiendo de la ayuda extranjera para llegar a cada fin de mes y poder pagar los salarios de sus funcionarios. El “pueblo” pide justicia y el gobierno necesita dinero. ¿Qué hacer?
El tunecino no es el primer gobierno que tiene que elegir entre justicia y eficacia económica. En España, los gobernantes socialistas promovieron en dos ocasiones, 1984 y 1991 una especie de amnistía para quienes declararan el dinero oculto y el dinero depositado en el extranjero. Naturalmente, esos mismos socialistas se opusieron a medidas similares tomadas por el actual gobierno de derechas en 2012. Bélgica en 2004, Italia en 2008 y 2009, Malta en 2009 y Bosnia-Herzegovina en 2012 han puesto en marcha programas similares. En Estados Unidos, el Internal Revenue Service (Servicio de Impuestos Internos) lanzó en 2009 el programa “Tax Amnesty Program For Undisclosed Foreign Financial Accounts” (Programa de Amnistía Fiscal Para Cuentas Financieras en el Extranjero no Declaradas), prorrogado en varias ocasiones y todavía vigente. Numerosos países no occidentales han hecho lo propio. Entre otros Pakistán (2012), Indonesia (2012), Kazakstán (2014), e India (2015 y 2016).
Con la ley de “Reconciliación económica” el gobierno tunecino espera recaudar miles de millones de dólares. Necesita ese dinero para cubrir un déficit presupuestario del 5,9% y para devolver los préstamos del FMI como contrapartida de los cuales tendrá que activar severas medidas de austeridad, aumentar los impuestos y disminuir los gastos en infraestructura.
La experiencia de otros países indica que en materia de lucha contra la corrupción nunca se obtienen los resultados previstos, aunque en los países occidentales con administraciones eficaces los gobiernos se sienten ligeramente satisfechos. Así en España al finalizar 2014, 134.310 contribuyentes habían declarado la tenencia de 88.865 millones de euros en el extranjero. La operación fue calificada de ineficaz e insuficiente por la oposición, y de ejercicio inmoral según los populistas más puritanos. En realidad tanto en los países occidentales como en los del resto del mundo, la corrupción económica se ha democratizado y se manifiesta en todas las capas de la población. Ningún decreto económico puede cambiar a corto plazo nuestra mentalidad social. Pero sí, al menos, deben intentar los gobiernos recuperar parte de lo esquilmado por los más pudientes o mejor relacionados.
El caso de Túnez tiene características propias. Desde la época precolonial existe un servicio civil relativamente eficaz. Poco que ver con la India en dónde solamente el 0,1% de la población declara ingresos superiores a los 15.000 dólares, o con Indonesia en donde sólo 27 de los 258 millones de habitantes pagan el impuesto a la renta. Pero en Túnez también tienen sus raíces en la época colonial el clientelismo, el mercantilismo y la corrupción, que la Revolución de los Jazmines no ha conseguido reducir. Tampoco la formación de un gobierno de unión nacional ha podido contener un creciente sentimiento de exclusión socio-regional. Los negocios siguen estando en manos de las familias importantes de las cuatro grandes ciudades costeras, Sfax, Susa, Túnez y Bizerta. El resto es, económicamente hablando, una periferia en la que los nuevos empresarios se dedican a menudo a la economía paralela y al contrabando. Y están dispuestos a unirse a las protestas de los numerosos tunecinos que nada tienen que perder (el paro supera sin duda la cifra oficial del 15%), de las clases medias que ven cómo disminuye su poder adquisitivo y de los jóvenes que iniciaron la revolución de los jazmines y no ven sus resultados. Las protestas en el interior y en la periferia han llegado a tal extremo que el anciano presidente Beji Caid Essebsi ha decidido continuar con el proyecto de ley y confiar al ejército la vigilancia de las zonas industriales. “Está en peligro nuestro camino hacia la democracia”, ha declarado.
Hasta ahora, no obstante las manifestaciones, la discusión pública sobre el proyecto de ley, se han llevado a cabo “a la tunecina”, es decir, muy lentamente y a menudo “diciendo sin decir”. Los altos funcionarios del gobierno, conscientes de la necesidad urgente de liquidez han aplaudido la tozudez del presidente. “Hace falta una ley de reconciliación con tal de que haya consenso popular”, dicen por su parte los sindicatos a sabiendas de que según una encuesta de SIGMA el 72% de los tunecinos no se fían de sus políticos. Si la situación económica sigue empeorando, serán cada vez más numerosos quienes prefieran que se hunda el sistema, sin darse cuenta de que ellos serán los primeros en morir aplastados. Desahogo para hoy y hambre para mañana.
Ramón Echeverría
[Fundación Sur]
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