Decía Abdelmalek Sayad, famoso sociólogo argelino, que las migraciones son el fenómeno que mejor refleja la verdadera naturaleza del Estado pues éstas suponen un desafío a su orden, obligándole entre otras cosas a mostrar su carácter discriminador y represor. Esta lógica es válida también para los entes supranacionales pues las vergonzosas situaciones de Idomeni, Lesbos o Lampedusa no solo dan cuenta de la naturaleza represiva y excluyente de los estados griego e italiano, sino también de la Unión Europea.
Sin duda, estos casos son los más llamativos en la actualidad pues a su gran dramatismo se le une una enorme cobertura mediática que permite dar visibilidad a estas tragedias humanas. Por desgracia, otros casos de largo recorrido, más tapados, sin duda menos llamativos para los medios, pasan completamente desapercibidos para el gran público europeo. Pero algunos de ellos permiten visibilizar algunos graves problemas que padece la UE y el caso de Sekiné Traoré es uno de ellos.
La pasada semana, más concretamente el 8 de junio de 2016, un demandante de asilo maliense fue asesinado en San Ferdinando, Rosarno (Italia) tras recibir el disparo de un policía. No es la primera vez que Rosarno salta a la primera plana (al menos de los medios de comunicación italianos) por un caso similar, pues en 2008 y sobre todo en enero de 2010 con “la revuelta de Rosarno”, esta localidad calabresa fue el peor ejemplo de las degradantes condiciones de vida de los migrantes que trabajan la agricultura europea.
Si bien los hechos acontecidos en el campamento donde vivía Traoré siguen siendo confusos (las diversas versiones se contradicen) ello no debería opacar la realidad de una situación extrema. Traoré era bracciante, o jornalero, cobraba 25€ por jornadas laborales de 8-9 horas durante las cuales recogía bajo el sol y sin ninguna protección los cítricos típicos de la región. Tras aceptar con sometimiento las duras condiciones de trabajo (donde entre otras cosas, los descansos o el poder beber agua brillan por su ausencia) y haber pagado parte de su miserable salario al “caporale” (una figura ilegal que maneja gran parte del negocio de la intermediación entre la mano de obra y los empresarios en la agricultura del sur de Italia), Sekiné volvía al abandono del campamento y a su triste tienda de campaña. Algunas versiones dicen que el joven maliense tenía problemas mentales ¿acaso esta situación no es propicia para ello?
El último informe de Medici per i Diritti Umani, llamado Terra Ingiusta (Tierra injusta), donde reflejaban los resultados de sus trabajos con migrantes que trabajan la agricultura italiana, reflejaban que si bien el 77% de los migrantes que atendieron en Rosarno tenía un permiso de residencia, 83% trabajan en negro, 64% trabajaban con un caporale y la inmensa mayoría vivía en casas o fábricas abandonadas y en tiendas de campaña. El salario es siempre de 25€ por jornada.
La realidad de una gran parte de los africanos que llegan a Italia es esta, vivir miserablemente, trabajar en la agricultura bajo durísimas condiciones y hasta incluso correr el riesgo de ser asesinado. Es la otra realidad de muchos refugiados, no solo en Italia, sino en gran parte de Europa. La muerte de Sekiné no debe permanecer solo en la crónica de sucesos, debe servir para abrir un profundo debate sobre cómo está articulado el sector agrícola europeo, un sector donde la explotación de los más débiles es sistémica.
El caso de Sekiné nos lleva a hablar de Rosarno, pero podríamos hablar de condiciones similares en Murcia, Almería o Manolada (Grecia) por poner algunos ejemplos de enclaves agrícolas fundamentados en la explotación de los migrantes. En gran parte de la agricultura europea los estados practican la política del abandono, esto es dejar que el propio sector se autoregule y aplique las lógicas que mejor convienen a los empresarios sin que las autoridades apenas controlen. Sekiné es tan solo una víctima más de esta política, pero si no se empieza a cuestionar la lógica bajo la que funciona este sector casos como el suyo no dejarán de sucederse.
