Mientras el mundo forcejea con el aumento de los crímenes contra la humanidad, está saliendo a la luz que los sistemas judiciales nacionales deben tener poder para juzgar a los sospechosos, para combatir la cultura de la impunidad.
En la ceremonia de apertura del Foro de tres días de duración de fiscales nacionales e internacionales, políticos y miembros de la sociedad civil en Arusha, Tanzania, Justice Hassan Jalow, fiscal general del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, ICTR, declaró que los sistemas nacionales tienen un rol muy importante que desempeñar si se quiere alcanzar algún progreso en la lucha contra la impunidad.
“El desarrollo de la primacía legal del principio de complementariedad así como la estrategia para transferir los casos de los tribunales internacionales a los nacionales son reconocimientos de la enorme necesidad de una asociación cercana y efectiva entre los sistemas nacionales legales y las instituciones internacionales”, declaró ante más de 80 delegados en Arusha.
El fiscal añadió que las instituciones nacionales y los tribunales internacionales deben trabajar juntos para asegurar que no hay huecos en la lucha contra la impunidad; que no existen paraísos seguros para los sospechosos de crímenes internacionales; que cualquier trabajo que quede sin hacer por el mandato de un tribunal es retomado con efectividad por los sistemas nacionales.
Justice Jalow citó el tribunal de Naciones Unidas para Ruanda como ejemplo, alegando que algunas personas acusadas puede que no sean juzgadas dentro del tiempo que le queda al tribunal para terminar su mandato, pero que esas personas pueden ser transferidas a las jurisdicciones nacionales para ser juzgadas.
El tribunal de la ONU para Ruanda tiene plazo hasta diciembre de 2009 para terminar con los casos que tiene, incluyendo el arresto de 13 sospechosos que todavía están libres, pero está claro que por las fechas, algunos de los casos no habrán concluido, por lo tanto requieren ser transferidos a las jurisdicciones nacionales.
Sin embargo, las cámaras del ICTR en los últimos meses se han negado a trasferir a cuatro sospechosos de genocidio, detenidos en Arusha a Ruanda, alegando que allí, podrían no tener un juicio justo.
El presidente de ICTR, Dennis Byron, recordó que la jurisprudencia de los tribunales internacionales todavía no está muy bien vista. “La jurisprudencia debería servir de guía, como punto de referencia en la jurisprudencia y legislación nacionales, y en el trabajo diario de los fiscales con casos de crímenes internacionales”.
Según Justice Byron, el trabajo del tribunal continua teniendo un impacto en la conformidad nacional con las obligaciones internacionales en la esfera de los derechos humanos, refiriéndose en particular a la abolición de la pena de muerte y demás reformas judiciales que han tenido lugar en Ruanda, para permitir la futura referencia de los casos a los tribunales de Ruanda.
“Estas reformas tendrán un impacto también en las decisiones nacionales concernientes a la posible extradición de sospechosos a Ruanda”, añadió.
En la misma reunión, el secretario del ICTR, Adama Dieng, dijo que “vivimos en una época en la que no es posible cerrar los ojos ante los crímenes como el genocidio y los crímenes contra la humanidad, independientemente de dónde hayan ocurrido”, añadiendo que era un deber internacional de cada líder, fiscal y activista de derechos humanos, identificar los contornos legales de cada crimen internacional y ayudar a que sea procesado de manera efectiva.
El fiscal del Tribunal Especial para Sierra Leona, Stephen Rapp, dijo que en el nuevo orden de justicia internacional, no hay escondite seguro para los genocidas o para las personas que han cometido violaciones de los derechos humanos. “Quién iba a saber que un día Charles Taylor (ex presidente de Liberia), Slobodan Milosevic (ex presidente serbio) o Jean Kambanda (ex primer ministro de Ruanda durante el genocidio de 1994) y otros altos cargos de gobiernos se iban a enfrentar a la justicia de los Tribunales Internacionales… Pero ¿acaso no ha ocurrido?”, inquirió.
Rapp, un antiguo fiscal jefe del ICTR, dijo que los tribunales Ad Hoc han dado definiciones afirmativas del genocidio y otros crímenes humanitarios de nivel internacional que nunca antes habían sido abordados.
Catherine Riungu
East African
