Aumentan las presiones en España para que el parlamento investigue el escándalo de corrupción en la venta de armas a Angola, donde un general conocido del país africano ha sido involucrado
By Redacción
Diversos diputados españoles han reclamado la formación de una Comisión Especial para investigar las actividades de la compañía DEFEX, que supuestamente sobrefacturó al gobierno angoleño en más de 100 millones de dólares por la venta de armas y equipo a la Policía Nacional de aquel país angoleño. Fuentes parlamentarias de Angola vinculan este sobrecoste a comisiones entregadas a políticos corruptos del régimen del presidente Dos Santos. El ministro del Interior español, Jorge Fernández Díaz, se negó recientemente a responder a la pregunta de una parlamentaria de Izquierda Unida sobre el caso, aludiendo a que no podía desvelar datos de un empres que no guarda relación con el Estado y apelando la protección de datos.
Se sabe, sin embargo, que las autoridades judiciales decidieron extender la investigación que dio lugar a la detención de varias personalidades vinculadas a la empresa y también abogado, Beatriz García, quien desde Luxemburgo supuestamente habría creado un entramado de empresas y cuentas abiertas en varias partes del mundo para recibir los fondos desviados desde los que luego se ha estado pagando a políticos corruptos del gobierno de Angola.
De acuerdo con información divulgada previamente en el tribunal, dos empresas españolas, DEFEX y Cueto Comercial 92, formaron lo que en derecho comercial español se conoce como una empresas de la Unión Temporal (UTE), que en 2008 firmaron un contrato con Angola para el suministro de equipos la policía por valor de unos 207 millones de dólares.
Los datos revelados en la audiencia indican que cerca de 56 millones de dólares (€ 41,4 millones) fueron transferidos a un banco de Luxemburgo con ninguna razón comercial o actividad comercial justificación. Los acusados podrían tener facturas falsificados y otros documentos para tratar de «lavar» los fondos. Como beneficiarios de estos fondos incluyen la familia de los funcionarios públicos de la República de Angola «y los acusados ??españoles», todos ellos bajo secreto de un investigación judicial que el Gobierno de Angola se niega a abrir en su país.
Los estados de la acusación de que los detenidos «han puesto de acuerdo con funcionarios de Angola a la policía a través del contrato de suministro de material para llevar a cabo una apropiación patrimonial oculta desviada al extranjero a través de un complejo esquema de sociedades en paraísos fiscales.»
También se ha puesto de manifiesto en el juicio que una de las personas que supuestamente recibieron este negocio de fondos es el general Armando da Cruz Neto, que fue embajador de Angola en España, entre 2003 y 2008, y más tarde gobernador de Benguela.
La policía angoleña previamente confirmó la compra de equipos de España. Las autoridades judiciales españolas ordenaron investigaciones, aunque parece que existen otros asuntos de corrupción de DEFEX que la involucran a otros países de África y el Medio Oriente.
Fuente: . elmundofinanciero.com
