La primera ministra marroquí, Fatima Ezzahra El Mansouri, anunció recientemente ante las dos cámaras su intención de tipificar como delito el enriquecimiento ilícito, endurecer las normas sobre conflictos de intereses y reforzar la declaración obligatoria de bienes. Estas medidas se enmarcan en los compromisos de mejorar la vida pública, promover la integridad y la transparencia y vincular la responsabilidad con la rendición de cuentas. Mansouri afirmó que el gobierno busca aplicar el artículo 36 de la Constitución, que prevé sanciones por infracciones relacionadas con conflictos de intereses, el aprovechamiento de información filtrada que perjudique la competencia leal y el uso de influencias o la gestión indebida de fondos públicos. El programa también contempla fortalecer los mecanismos para declarar activos y supervisar la situación financiera de quienes tienen esa obligación, así como castigar el uso de información no pública para obtener privilegios o beneficios privados.
El anuncio devuelve el enriquecimiento ilícito al centro del debate legislativo marroquí, como parte de la lucha contra la corrupción financiera y del control de aumentos patrimoniales injustificados, en particular cuando se relacionan con el desempeño de funciones públicas. A su vez, el endurecimiento de las reglas sobre conflictos de intereses busca separar las responsabilidades públicas de los intereses privados y limitar el uso de cargos decisorios para conseguir ventajas personales o afectar la competencia y la igualdad de oportunidades. La aplicación de estas medidas dependerá de los proyectos de ley que el gobierno presente al Parlamento y de que se definan mecanismos de supervisión y rendición de cuentas, sanciones y garantías legales.
Fuente: Laayoune Now
[CIDAF-UCM]