Activistas de diferentes organizaciones han advertido que la ley propuesta por la Comisión Europea sobre aprovisionamiento responsable de minerales no es lo suficientemente fuerte como para prevenir que las compras de minerales por parte de las empresas europeas financien conflictos o abusos de los derechos humanos, y queda muy lejos de las expectativas.
En lugar de poner en marcha una legislación robusta, que requeriría a una gran cantidad de empresas basadas en la UE a hacer verificaciones en su cadena de suministros- conocido como diligencia debida- la Comisión anunció hoy medidas voluntarias, que serán aplicadas únicamente a las empresas que importen minerales procesados y no procesados al mercado europeo. La propuesta afecta a empresas que tratan con los sectores del estaño, tantalio, tungsteno (también conocido como wolframio) y oro. Los activistas advirtieron que la propuesta de la Comisión, un certificado voluntario, que afecta a un número limitado de empresas, tendrá un impacto mínimo en la forma que las empresas europeas se aprovisionan de los recursos naturales.
SophiaPickles, de la organización Global Witness, declaró: “La propuesta equivale a que la UE diga a las empresas que es correcto que elijan no actuar de manera responsable. Esto tiene el riesgo de debilitar el deber de los estados de proteger los derechos humanos, que están bien establecidos bajo el derecho internacional. La propuesta podrías incluso ser redundante. Los gobiernos de la UE ya se han adherido a una guía de diligencia debida voluntaria desarrollada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)”.
La legislación aprobada en los Estados Unidos en 2010 requiere que las empresas listadas en los Estados Unidos realicen verificaciones sobre los minerales procedentes de la República Democrática de Congo y países vecinos ya ha producido en la manera de hacer negocios de las empresas de la UE que tengan una diligencia debida- e informen sobre ella- la Comisión Europea fracasará en que las empresas de la UE cumplan los mismos estándares que sus competidores americanos en los que respecta al suministro responsable.
Gisela ten Kata de la organización SOMO dijo: “En lugar de aprovechar el momento tan significativo generado por la legislación de los EEUU, subiendo el estándar para un suministro global responsable, la propuesta de la Comisión amenaza con bajar los estándares internacionales y comenzar una carrera a la baja”.
SeemaJoshi, de Amnistía Internacional, reseñó que “Es absolutamente necesario que la UE refuerce los estándares internacional existente”. Cualquier cosa que no sea una obligación de informar por parte de las empresas basadas en la UE, que usan y comercian con recursos naturales, fracasará a la hora de prevenir que Europa actúe como un centro de comercio de minerales en conflicto. Tampoco asegurará que las empresas europeas eviten causar o contribuir a serios abusos de los derechos humanos cuando se aprovisionen de estas áreas de alto riesgo”.
Además, al optar por un esquema de ingreso voluntario dirigido únicamente a los importadores de metales y minerales brutos, la Comisión Europea ha perdido una oportunidad única para influenciar en el comportamiento de una sección mucho más amplia de actores globales. Para asegurar que los recursos naturales de áreas de conflicto o alto riesgo no entren en los mercados de la UE, la ley necesita dirigirse también a los productores y a las empresas que importan productos manufacturados. De forma habitual, están entrando en la UE metales procedentes de áreas en conflicto, manufacturados en productos como ordenadores, teléfonos, bombillas y coches.
“Una ley de la UE que obligara a las empresas a lo largo de toda la cadena de suministro, incluyendo a los usuarios que importan productos que contienen metales como el estaño y el oro, a que se cumpla con la diligencia debida, provocaría reformas en las cadenas de suministros más allá de Europa, donde son procesados y manufacturados la mayoría de minerales- incluyendo aquellos que han financiado conflictos- para convertirlos en componentes o productos finales”, dijo ZobelBehalal de la organización CCFD-Terre Solidaire.
Los activistas expresaron su decepción ante una propuesta de la Comisión que no hace referencia a otros recursos naturales y sólo se limita a cuatro minerales. “Al centrarse sólo en cuatro minerales, la Comisión se arriesga a fracasar a la hora de abordar otros recursos naturales que también están financiando los conflictos”, dijo Astrid Schrama de Pax. “Nuestras investigaciones muestran que en Colombia la extracción de carbón ha financiado la creación de grupos paramilitares armados que han causado las muertes de miles y ha conducido al desplazamiento de por lo menos 100.000 personas en la región del Cesar”. Los informes también indican que las piedras preciosas han financiado violencia en Zimbaue, Burma y Colombia.
Más de sesenta organizaciones no gubernamentales publicaron un documento el año pasado señalando la necesidad de una legislación robusta basada en los estándares ya establecidos por la ONU y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Según Michael Reckordt de AK Rohstoffe: “Parece que la Comisión ha cedido ante un poderoso lobby industrial para reducir el alcance y hacer una propuesta más débil”. FrédéricTriest de EURAC dijo: “La resistencia de las empresas es infundada y muestra un fracaso a la hora de reconocer la necesidad y los beneficios potenciales de conocer lo que sucede en la cadena de suministro. El hecho que las empresas basadas en los EEUU, impulsadas por la legislación, están llevando a cabo una mayor diligencia debida muestra que es esto es posible”.
Chantal Daniels de Christian Aid dijo: “La comisión ha perdido la oportunidad de proponer una ley que supondría una diferencia real para millones de personas en países en guerra donde los recursos naturales están proporcionando un incentivo y son una fuente de ingresos para los actores armados. La propuesta también se queda corta a la hora de asegurar a los consumidores europeos que los productos que están comprando no han favorecido la violencia, inestabilidad y el abuso de los derechos humanos”.
Se espera que el Parlamento Europeo y el Consejo voten esta propuesta más adelante este año. En ese momento, los parlamentarios y los Estados miembro deben tener como prioridad el fortalecimiento de la legislación para que se adecue a las necesidades. En caso contrario, la UE seguirá siendo un centro para comercio dañino.
Firmantes del comunicado de prensa:
ALBOAN; AK Rohstoffe ; Amnesty International ; Association pour le Développement des Initiatives Paysannes, DRC (ASSODIP); Bread for All ; Burma Environmental Working Group; CCFD Terre-Solidaire; Centre Arrupe pour la Recherche et la Formation (CARF); Commission on Natural Resources of the DRC Bishops’ Conference (CERN); Christian Aid; Coopération Internationale pour le Développement et la Solidarité (CIDSE); Congo Calling ; Centre for Research and Investigation into the Environment, Democracy and Human Rights, DRC (CREDDHO); Le Réseau européen pour l’Afrique Centrale (EurAc) ; EarthWorks; Enough Project; Escola de Pau; Friends of the Earth; Global Witness; GreenIT.fr, France; Heinrich-Böll-Stiftung, Germany; Info Birmanie; India Committee of the Netherlands (ICN); Jesuit European Social Centre (JESC); Jesuit Refugee Service (JRS); Commission Justice et Paix Belgique francophone; Network Movement for Justice and Development (NMJD); Global Ignatian Advocacy Network- Governance of Natural and Mineral Resources; Lliga dels Drets del Pobles; Partnership Africa Canada; PAX, the Netherlands; Powershift, Germany; Students and Scholars Against Corporate Misbehaviour (SACOM), China; Save Act Mine; Save the Congo!; Centre for Research on Multinational Corporations, Netherlands (SOMO); Western Sahara Resource Watch.
Contactos:
AK Rohstoffe (PowerShift e.V.), Michael Reckordt, + 49 30 428 05 479, michael.reckordt@power-shift.de
Amnesty International, Maeve Patterson, +32 2 548 27 73, Mpatterson@amnesty.eu
Christian Aid, Chantal Daniels, +44 7446 499 839, CDaniels@christian-aid.org
CCFD-Terre Solidaire: Karine Appy, + 33659713108, k.appy@ccfd-terresolidaire.org
EurAc, Frédéric Triest, +32 490 43 76 70, Frederic.Triest@eurac-network.org
Global Witness, Sophia Pickles, +44 7703 108449, spickles@globalwitness.org
Jesuit European Social Centre, Emmanuelle Devuyst, +32 2 737 97 21, devuyst@jesc.eu
Commission Justice et Paix Belgique francophone, Santiago Fischer, +32 2 738 08 01, santiago.fischer@justicepaix.be
PAX: Astrid Schrama, +32 49 538 70 83, schrama@paxforpeace.nl
SOMO : Gisela ten Kate, +31619018825, g.tenkate@somo.nl
Nota:
1.Más de sesenta organizaciones no gubernamentales internacionales emitieron un documento conjunto el año pasado señalando la necesidad de una legislación Europea fuerte basada en estándares de debida diligencia de la cadena de suministros fijados por la UN y la Organización para el Desarrollo y Cooperación Económicos (OCDE) . Los estándares de la OCDE han sido respaldados por los gobiernos de la UE, a pesar de que actualmente muy pocas empresas basadas en Europa – si es que hay alguna – aplican e informan de prácticas de debida diligencia.
