El gobierno congoleño ha aprobado un proyecto de ley, que será remitido en breve a la Asamblea y Senado para su debate y aprobación definitiva en su caso, de amnistía de los ex rebeldes del movimiento, apoyado como se sabe por Ruanda y Uganda, el M23. Se trata, según Kinshasa, de cumplir con uno de los compromisos adquiridos el 12 de diciembre en Nairobi, donde la rebelión y el gobierno de la RDC firmaron el acta de defunción del conflicto armado que ha asolado el Kivu norte y que terminó en noviembre con la victoria de las fuerzas armadas congoleñas sobre los rebeldes. El proyecto de “amnistía por hechos insurreccionales, hechos de guerra e infracciones políticas” cubriría el periodo que va “del 8 de mayo de 2009 hasta la promulgación de la presente ley”.
Ya en mayo de 2007, de conformidad con lo acordado el 23 de marzo de ese año con el CNDP (rebelión anterior al M23), la Asamblea nacional había aprobado una ley de amnistía; ley que permitió la integración de numerosos miembros del grupo rebelde en las FARDC. Por otra parte, el CNDP se transformó en partido político para integrarse en las instituciones civiles y defender desde ellas su ideario y demandas; en las elecciones presidenciales y legislativas de noviembre de 2011, el partido CNDP se presentó como parte del conglomerado de fuerzas integrantes de la Mayoría Presidencial entorno a Joseph Kabila. El M23 surgió en abril de 2012, en un motín promovido por ex -miembros del CNDP.
La amnistía de 2009 fue general. Los beneficiarios de la prevista por el proyecto de ley de 2013 deberán solicitarla individualmente, solicitud que será estudiada caso por caso, tras asumir “el compromiso formal de no repetir los hechos por los que son amnistiados”. Quedan excluidos de la amnistía “los crímenes de genocidio, crímenes de guerra y contra la humanidad”, “la malversación de fondos públicos”, “el reclutamiento de niños soldado”, “las violaciones y violencias sexuales”. El gobierno congoleño considera que la aplicación de esta ley permitirá que varios centenares de combatientes del M23, refugiados en Ruanda y Uganda, podrán regresar e integrarse en la vida civil y/o militar, tras reparar los daños causados, pero que en torno a 70 dirigentes del M23, acusados de graves crímenes, quedarán excluidos.
Está por ver cuál va a ser tanto la reacción de diputados y senadores que deberán votar, enmendar, aprobar esta ley como la de la opinión pública congoleña ante este proyecto gubernamental. Por un lado, la satisfacción por el hecho de que el gobierno haya resistido a las presiones que desde distintos ámbitos se ejercía sobre él para que la amnistía fuera global y “generosa”, incluso con los dirigentes del M23, es evidente; no se ha caído en la trampa tradicional de resolver un conflicto integrando a los rebeldes en las estructuras del Estado, esto es, lograr la paz sobre la base de la impunidad. Por otra parte, a juzgar por lo que se publica en distintos medios que tratan de reflejar el pulso de la sociedad, existe una gran desconfianza y temor a que el gobierno se muestre débil y ceda a las presiones internacionales que apuntan a que se hagan concesiones al M23, y en consecuencia a Uganda y Ruanda, derrotado militarmente y transformado ahora en fuerza política, dispuesta a actuar exclusivamente en el terreno de las instituciones civiles.
Este temor se funda no solo en amargas experiencias pasadas y en la permanente actividad desestabilizadora que Kampala y Kigali han fomentado en el este del Congo, sino en informaciones recientes (Radio televisión francófona belga- RTBF, 17 de diciembre) que señalan que “según un informe confidencial de la ONU, los rebeldes del M23 siguen reclutando en Ruanda a pesar de su derrota”. Días antes, el enviado especial de Barac Obama para los Grandes Lagos, Russ Feingold, en declaraciones a RFI, había expresado su criterio sobre la necesidad de un diálogo inter-regional en el que pudiera abordarse el delicado tema de una redefinición de fronteras, clave, según él para avanzar hacia una estabilidad en la región. Este tipo de declaraciones no hacen sino reforzar la convicción de muchos congoleños de que sigue en pie un plan patrocinado por algunas potencias occidentales desde hace un tiempo para balcanizar el territorio congoleño: la zona del Ituri terminaría bajo el control o dependencia de Uganda y el Kivu de Ruanda. Ya en 1996, Pasteur Bizimungu, presidente de Ruanda, reivindicaba para su país parte del Kivu y reclamaba un Berlin II que corrigiera las arbitrariedades cometidas en 1885 por los países colonizadores en Berlín en la configuración de las fronteras de los territorios africanos. Es evidente que, al margen de otras consideraciones, se tocaría un tema “tabú”. Ya en los años 2000, Herman Cohen, antiguo subsecretario norteamericano para asuntos africanos, y el ex-presidente francés Nicolas Sarkozy se pronunciaron en ese mismo sentido. Estos pronunciamientos siguen irritando a los congoleños, que se sienten víctimas de conspiraciones malvadas, hasta tal punto que juzgan a su presidente Joseph Kabila excesivamente blando y complaciente si no cómplice y hasta “traidor”.
Me parece indispensable situar el difícil proceso de estabilización-normalización (eliminación de los numerosos grupos armados todavía activos, desmovilización, desmilitarización, reinserción de combatientes, reinstalación en sus tierras y posesiones de miles de desplazados, reconstrucción física y moral de una sociedad castigada por años de guerra…) que se abre en el rico este del Congo con la ley de amnistía en este contexto político cargado de desconfianzas y temores.
Ramón Arozarena – 22 de diciembre de 2013
