Ya no hay ninguna duda posible. Detrás del movimiento M23, está Ruanda en la sombra, teleguiada a su vez por potencias extranjeras que la abastecen de armas y municiones para desestabilizar permanentemente la parte este de la República democrática del Congo. Desde el genocidio ruandés de 1994, que ahora sirve como fondo de comercio a Kigali, a lo que se aspira es a la creación de un estado autónomo en el Kivu. Un plan macabro que le ha costado la vida ya a más de 5 millones de congoleños. La caída de Bunagana, seguida de la de Rutshuru, encaja dentro de este plan.
Como en 2009, se parte de un plan que, al final, obligará a la República Democrática del Congo a entablar negociaciones directas con los rebeldes del Movimiento 23 de marzo (M23). Si, por un momento, Kinshasa excluye cualquier idea de negociación con el M23, sobre el terreno, sin embargo, la situación no parece cambiar a su favor. La doble caída de Bunagana y de Rutsuru, en pasado fin de semana, abre directamente una vía para una posible toma de control de la ciudad de Goma. Razón de más para que Kinshasa refuerce todos los impedimentos militares entre Rutshuru y Goma para evitar que la capital de Kivu norte caiga en manos del M23. El efecto psicológico será tal que Kinshasa debe inevitablemente actuar para que este escenario no se repita.
Pero, esto es sin contar con la determinación de aquellos que están detrás del M23, y que han jurado llevar a término su plan. De hecho, aquellos que trabajan en la sombra en el proyecto de balcanización del Congo, han trabajado duro para fragilizar aún más el poder de Kinshasa. En última instancia, se trata de llevar a cabo el antiguo proyecto de secesión del Kivu, con la creación de un estado autónomo subordinado a Ruanda. Esta es la razón por la que Ruanda apoya más que nunca a todos los movimientos rebeldes que se han formado en la parte este: el RCD-Goma, el CNDP, etc, y hoy el M23, todos se han alimentado de los pechos de Ruanda. Desde el estallido de la guerra en el este, más de 5 millones de congoleños han perdido la vida. Durante este tiempo, la comunidad internacional, cuya complicidad se confirma día a día, guarda un silencio que le volverá algún día, porque la historia se preguntará qué pasó en el este de la RDC.
Guerra de baja intensidad
Las guerras recurrentes en el este encajan en un plan bien trazado, cuyos patrocinadores se encuentran más allá de las fronteras nacionales de la RDC –Kigali no sirve más que de excusa para la puesta en práctica de este plan que pretende, al final, la secesión de las provincias de Kivu para convertirse en un estado proxy de Kigali. Desde mayo de 2012, oficiales superiores del ejército ruandés han multiplicado las reuniones tanto en Gisenyi como en la prefectura de Ruhengeri, para pasar a la acción. Es de sus diferentes grupos armados de donde nació el M23, movimiento rebeldes constituido esencialmente de militares ruandófonos de la Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo, FARDC, integrados en el ejército nacional tras los acuerdos de Goma de marzo de 2009.
Sin embargo, al apoyar directamente un movimiento variado directamente contra Kinshasa, y que busca la secesión de los Kivu, Kigali opera a partir de ahora al descubierto, su apoyo al m”• ha sido confirmado en un primer momento por la ONU, después por Human Right Watch (HRW), antes de ser, con posterioridad, verificado por otras potencias extranjeras, como los Estados Unidos. Actuando así, Kigali intenta ante todo contar con un país adquirido en la parte este de la RDC para su causa, que garantice su acceso a los inmensos recursos naturales de la RDC, sobre los cuales Ruanda construye hoy su prosperidad. Por lo tanto, asistimos a una guerra de baja intensidad que pretende sobre todo crear el caos para obligar finalmente al poder de Kinshasa a doblegarse a las exigencias de la rebelión.
Para salvar esta situación, todo depende de la capacidad de Kinshasa de resistir. Pero ¿de qué manera? Y ¿con qué ejército?
Movilización general: las contradicciones de Kinshasa
En Kinshasa, el gobierno acaba de lanzar un llamamiento a la movilización general. El Consejo Superior de la Defensa y el gobierno, cada uno en lo que le respecta, han reiterado este llamamiento, invitando al pueblo congoleño a impedir el paso a los impostores del M23. Una actitud que probablemente no tranquilice a la población. Porque cuando se trata de hacer valer un derecho, es el mismo gobierno el que despliega todos los servicios antidisturbios de la policía nacional congoleña para reprimir la manifestación.
¿Cómo pretende entonces el gobierno suscitar este impulso nacional en favor de movilización contra la guerra del este? Se pregunta la opinión pública.
Pero, lo más importante, a nuestro juicio, es recrear esta confianza, aparentemente rota, entre el pueblo y sus gobernantes. Los disturbios poselectorales no juegan a favor del gobierno, ciertamente. Pero esa no es razón para no intentarlo. Todo dependerá por tanto de las garantías que el estado esté dispuesto a hacer prevalecer, para reclamar cualquier clase de apoyo, del mismo pueblo que trató de la forma más cruel durante la crisis postelectoral.
Pasividad de la comunidad internacional
Además de este trabajo de la movilización de las fuerzas vivas, no debemos olvidarnos de perder el respeto a la comunidad internacional, cuya responsabilidad no se excluye de todo el drama que sufre en este de la RDC desde el genocidio ruandés de 1994. En efecto, en 1994, fue esta misma comunidad internacional la que obligó al gobierno zaireño de la época a aceptar a los refugiados ruandeses, civiles y militares, en suelo congoleño, ignorando que era una bomba de relojería colocada en esta parte de la RDC. Desde entonces, el este congoleño nunca ha conocido la paz. La comunidad internacional (Unión Europea, Estados Unidos y otros) debe hacer algo. Los muertos de la RDC, más de seis millones a día de hoy, legitiman una reacción de gran envergadura por su parte.
Los gobiernos occidentales tendrán una responsabilidad por su silencio cómplice ante los acontecimientos en los Kivu.
Una vez más, la muerte de un casco azul de la India después de la caída de Bunagana, ha despertado la atención del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Desde su sede en Nueva York, el Consejo de Seguridad, en un tono conciliador, el día 19 de julio, ha condenado los ataques a los cascos azules en la RDC, durante los cuales ha muerto un soldado indio. “Los miembros del Consejo de Seguridad han condenado en los términos más enérgicos los ataques perpetrados por el grupo rebelde M23, contra la misión de las Naciones Unidas, para la estabilización de la RDC, MONUSCO, en el Kivu norte, el 5 de julio”, declaró el Consejo de Seguridad en un comunicado. “Los miembros quieren expresar sus condolencias a la familia de la víctima y al personal de la MONUSCO, así como al gobierno indio”, agrega el comunicado.
Por otra parte, el Consejo de Seguridad ha apelado al gobierno congoleño llevar a los autores ante la justicia, y ha pedido al grupo M23 y a todos los grupos armados, que cesen inmediatamente toda forma de violencia.
La responsabilidad de Ruanda en la inestabilidad de la parte este de la RDC. Confirmada, como se ha visto antes, por el apoyo que Kigali da al M23, debe inducir a la comunidad internacional a utilizar un tono más duro, cuando se trata de nombrar a Ruanda. Lo que pasa en el este de la RDC no es ni más ni menos que una agresión de un miembro de la organización de las Naciones Unidas, que merece una reacción de las instancias dirigentes de la ONU.
Actuar de otro modo, es cubrir de manera tácita el instinto belicista de Ruanda, dando un apoyo moral a las acciones a escondidas que emprende Kigali para impedir la paz duradera en los Grandes Lagos.
Paises como Estados Unidos y Gran Bretaña deben utilizar su influencia cara a cara con Kigali para hacer que Ruanda entre en razón. De hecho, fuentes concordantes informan de que Ruanda ha recibido en 2011 de estas dos potencias extranjeras (EEUU y Gran Bretaña) 350 millones de dólares de ayuda bilateral. ONG internacionales, como HRW y Global Witness han exhortado al gobierno de estos países a utilizar esta influencia para incitar a Ruanda a abandonar la RDC.
Aunque el reglamento que regulan las sanciones determinadas, el embargo de armas y otras disposiciones internacionales pueden exigir procesos de larga duración, antes de que se puedan adoptar medidas coercitivas, una ley americana sobre la RDC, propuesta por el presidente Barack Obama, autoriza la acción a Estados Unidos, para intervenir directamente si el secretario de estado determina simplemente “si un país actúa para desestabilizar la RDC”. Los medios por lo tanto, están fácilmente al alcance de la mano de la administración estadounidense, pero Washington parece dudar a la hora de ejercer una presión directa sobre Ruanda. Lo cual hace pensar cualquier cosa.
LP
(Le Congolais, 23-07-13)
