La Ministra de Educación Básica, Angie Motsekgha, ha prometido llevar a cabo una serie de reformas estructurales en las escuelas públicas antes del próximo 15 de mayo. La cuestión es si será capaz de hacerlo sin establecer una legislación previa que permita a su Departamento dotar de unos mínimos requerimientos a las escuelas públicas de educación básica.
Mothsekga publicó el pasado enero un borrador preliminar de normas y estándares en base a la infraestructura minima necesaria para estas escuelas.
Durante los dos últimos años, la ONG Equal Education (EE) se ha mantenido en la brecha para forzar a la Ministra a tomar esta decisión. Pero cuando la Ministra Motshekga lo ha hecho, el plan ha sido rechazado por la ONG, los sindicatos de profesores y enseñantes y las asociaciones de padres.
Estas organizaciones argumentan que las medidas que se describen en el borrador de la Ministra son insuficientes, vagas y adolecen de una falta de programación y agenda. Por ejemplo, el borrador no establece un umbral mínimo de requerimientos en cuánto a suministro de electricidad y conectividad informática. De hecho, afirma que todas las escuelas básicas deberían contar con algún “medio” energético e informático.
La preocupación acerca de la vaguedad de las reformas que se recogen en el borrador de la Ministra Motshekga han sido expuestas en una serie de conferencias impartidas por Equal Education a lo largo y ancho del país. Esta ONG recoge en su informe los puntos de vista acerca de cómo la normativa y los estándares reglamentados para las escuelas públicas deben convertirse en medidas aplicables mediante las cuales, tanto el Gobierno provincial como el Gobierno central, cuenten con la infraestructura mínima requerida.
El problema clave para la Ministra es que ha abierto la Caja de Pandora, y a partir de ahora todas las escuelas básicas pueden exigirle los mínimos estándares y requerimientos que ella misma ha establecido en su borrador de reformas.
Un informe del Gobierno confirma que tan solo el 55% de un total de 24793 escuelas públicas poseen lo que el borrador de la Ministra califica como “la mínima infraestructura básica necesaria” que las escuelas deben tener.
El Departamento confía que en 2012 el porcentaje se haya ampliado al 88%. “El Estado tiene la obligación de remediar esta desigualdad para con el pueblo sudafricano”, una obligación que no se ha cumplido con las actuales regulaciones, según declara la ONG. Otro dolor de cabeza para la Ministra Motshekga, es que el número de escuelas construidas desde 1994 no sólo no ha aumentado sino que ha disminuido.
El Arzobispo anglicano de Ciudad del Cabo, Thabo Makgoba, lidera una delegación de prominentes académicos y activistas de Derechos Humanos que llegará a la Provincia Oriental del Cabo antes del 15 de mayo. Esta visita intenta crear una concienciación pública y notoria hacia la casi inexistente infraestructura educativa. Entre los delegados se encuentran activistas y comisionados de Derechos Humanos como Eleanor Sisulu, Janet Love y Lindiwe Mokate, escritores como Sindiwe Magona y académicos como Njabulo Ndebele.
(Financial Mail, Sudáfrica)
