El 24 de febrero dirigentes de 11 Estados africanos, convocados por el Secretario general de las Naciones Unidas, firmaron un “Acuerdo-marco para la paz, seguridad y cooperación en la República Democrática del Congo y en la región”. Actuaron de testigos, además del Señor Ban Ki-Moon, el presidente de la CIRLG (Comunidad de los Grandes Lagos) y de la SADC (que agrupa a los países de África austral.
Para el intelectual Mbelu Babanya Kabudi (Congo Libre 27/02/2013), se trata de una imposición de la comunidad internacional occidental; El título de su escrito no puede ser más claro: “Como en los tiempos de la trata de negros y de la colonia”. Del mismo modo que en aquellos tiempos hubo “negros serviles”, este acuerdo ha sido también avalado por varios dirigentes africanos al “servicio de los negreros de los tiempos modernos”. Es muy posible que en la numerosa diáspora congoleña y en determinados círculos para los que todos los males de este mundo se explican por la codicia insaciable de occidente, esta posición, que nace de la convicción de la persistencia de una conspiración imperialista contra África, sea ampliamente compartida.
La aspiración a al menos cierta estabilidad tras tantos años de desolación hizo que numerosas organizaciones congoleñas e internacionales expresaran, incluso antes de conocer el contenido del acuerdo-marco y de su firma, la esperanza de que, esta vez sí, los compromisos tan solemnemente firmados en Addis-Abeba fueran de verdad el inicio de un camino hacia la pacificación definitiva.
Una vez conocido el contenido del acuerdo, se echa en falta una referencia explícita a los Estados vecinos del Congo, Ruanda y Uganda, acusados sin embargo unánimemente como actores y promotores de los conflictos. Bien es cierto que indirectamente se alude a ellos cuando se recomienda la “no injerencia en los asuntos internos del Congo por arte de los Estados vecinos; no tolerar ni suministrar asistencia o apoyo alguno a grupos armados y respetar la soberanía e integridad territorial”. Otro destacado silencio en el acuerdo es el relativo a la sin embargo previamente anunciada creación de una Fuerza Internacional Neutra (FIN) que debería controlar las fronteras entre RDC – Uganda – Ruanda y tratar de anular los numerosos grupos armados que pululan en el este del Congo. Es más que posible que todavía existan discrepancias sobre su composición, mando (fuerza integrada en la estructura de una MONUSCO cuyo mandato sea revisado para que pueda intervenir más ofensivamente) y financiación.
Las reacciones del gobierno de Kinshasa, no podía ser de otro modo, han sido de satisfacción contenida, si bien algunos entusiastas del régimen no han dudado en señalar que el presidente Kabila ha “vuelto a marcar puntos en el frente diplomático”.
La oposición política está ejerciendo una fuerte presión sobre el presidente Kabila basándose en que al firmar el acuerdo-marco, la RDC se ha comprometido en Addis-Abeba a “promover la reforma estructural de las instituciones del Estado”, como uno de los factores clave para alcanzar la paz, la reconciliación y la estabilidad del Congo. Vital Kamerhe, presidente de la opositora Unión por la Nación Congoleña (UNC) lo expresó inmediatamente: “El presidente Kabila debe respetar el acuerdo procediendo a la reestructuración de las instituciones del Estado, tal y como está previsto en dicho acuerdo”, para reclamar en nombre de su formación “un diálogo nacional inclusivo y pilotado por un mediador neutral”.
A mediados de diciembre, en los momentos más dramáticos de la rebelión del M23 en el este del Congo, ya el presidente Kabila había hecho un llamamiento a la concertación y a la unidad. La “concertación” se opondría a la exigencia por parte de la oposición de un “diálogo nacional” pilotado por mediadores internacionales. Esta reclamación significaría realmente la deslegitimación de las instituciones internas actuales y, en el fondo, la instauración de un nuevo periodo de transición constituyente tutelado desde el exterior (como sucedió de 2003 a 2006, con la transición vigilada por la Comisión Internacional de Apoyo a la Transición). Mientras los líderes de la oposición afirman que “el problema es Kabila y por lo tanto Kabila no puede ser a la vez el problema y la solución… debemos tener un mediador”, el portavoz del gobierno, Lambert Mende y el ministro de exteriores Raimond Tshibanda se han apresurado a descartar tales pretensiones. “Recuerdo que se trata de propiciar una concertación. Hay que olvidar eso del diálogo nacional. Es algo del pasado. No iremos al extranjero cuando el pueblo ya nos ha dado un marco institucional con la Constitución”. Concertación para proseguir y profundizar las reformas (ejército, seguridad, justicia, descentralización) tal y como ofrece el poder legítimo de Kabila frente a la reclamación de un diálogo nacional que exige la oposición, negando así la legitimidad del poder actual, surgido de las controvertidas elecciones de noviembre de 2011, para liderar el nuevo proceso: por ahora, un diálogo de sordos.
Las organizaciones de la sociedad civil congoleña se muestran más bien escépticas y, en algún caso, claramente temerosas de que el acuerdo sea papel mojado o incluso constituya un capítulo más del proceso de desintegración de la unidad nacional. Así lo expresaron la víspera misma de la firma en la parroquia Notre Dame de Fatima de Kinshasa algunos responsables de ONG como el sacerdote Richard Mugaruka que sospecha la existencia de una agenda oculta en el tutelaje de la RDC por parte del exterior con vistas a “la balcanización progresiva como en la ex Yugoslavia o en ex Sudán”. En el mismo sentido se expresó el profesor universitario Emmanuel Kabongo. El compromiso del respeto a la soberanía e integridad territorial está taxativamente expresado en el acuerdo-marco, pero la población congoleña ya no cree en las palabras.
Por su parte, RENADHOC (Red nacional de organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos del Congo) ha señalado que “el acuerdo-marco firmado en Addis-Abeba no aporta nada nuevo” con relación, por ejemplo, al Pacto a favor de la estabilidad, seguridad y desarrollo en la región de los Grandes Lagos firmado el 15 de diciembre de 2006 en Nairobi; numerosos protocolos (sobre no agresión, defensa mutua, democratización, buena gobernanza, cooperación judicial, crímenes de guerra, violencia sexual contra las mujeres, e incluso sobre lucha contra la explotación ilegal de los recursos naturales) no fueron respetados por los países que los firmaron. Para RENADHOC, “el pacto de Nairobi es más importante en cuanto a contenidos que el firmado en Addis-Abeba, pero ni Ruanda ni Uganda lo respetaron nunca”. Por todo ello, esta red de ONG subraya que “es capital que la ONU y la UA cesen de actuar con doblez y complacencia en la gestión de la crisis en los grandes Lagos y comiencen a aplicar la tolerancia cero con relación a Uganda y Ruanda”. Bastaría para ello, según RENADHOC, que se siguieran las recomendaciones indicadas en diversos informes redactados por expertos enviados por las mismas Naciones Unidas. Para que el acuerdo-marco, firmado por 11 países, la ONU, la UA la CIRGL y la SADC, alcance sus objetivos es ante todo necesario que exista una decidida voluntad política.
Ramón Arozarena
3.03.2013
