INFORME DE LA ONG “HUMAN RIGHT WATCH”
La HRW (siglas en inglés) ha publicado un informe de 56 páginas titulado: “Si volvéis, vamos a mataros: Violencia sexual y otros abusos cometidos contra inmigrantes congoleños durante las expulsiones de Angola.” Este documento describe las violaciones de los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad de Angola contra los inmigrantes congoleños ilegales durante el proceso de su expulsión.
Mujeres, con frecuencia detenidas con sus hijos y niñas han sido víctimas de abusos sexuales, como violaciones en grupo y explotación sexual. También las obligaban a presenciar las violaciones de otras mujeres, a veces las propias madres. Palizas, tratamientos degradantes e inhumanos, arrestos arbitrarios y negación de un juicio justo han sido prácticas comunes durante las redadas de inmigrantes “sin papeles”, mientras estaban bajo la custodia de los policías.
La directora adjunta para África de HRW declaraba indignada:”Angola tiene derecho a expulsar a los inmigrantes en situación irregular, pero eso no justifica negarles los derechos básicos. La tortura, los apaleamientos, las violaciones y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes violan tanto la legislación angoleña como el derecho internacional.”
CUAL ES EL PROBLEMA
Desde 2003, Angola ha expulsado casi todos los años a grandes grupos de inmigrantes ilegales congoleños, siempre con el mismo contexto de violencias. En 2011, según cálculos de Naciones Unidas, la cifra alcanzó los cien mil irregulares. Según las confesiones de los expulsados, los mayores abusos acontecen en los mismos locales de detención. Sus autores son tanto policías, como militares y funcionarios de prisiones. Las condiciones de detención son a menudo aterradoras, apiñados en celdas abarrotadas y con falta de comida, de agua potable y de instalaciones sanitarias. A veces los alimentos son ofrecidos contra prestaciones sexuales. Los hijos e hijas presenciaban esos abusos sexuales cometidos contra sus propias madres y otras detenidas.
TESTIMONIO DE UNA DETENIDA EN CONDUEJI
Una joven mamá de 30 años, expulsada en junio de 2011, describió el calvario que vivió en la cárcel de Condueji, provincia de Dundo:”Éramos 73 mujeres y 27 hijos en la celda. Los carceleros estaban constantemente insistiendo para practicar sexo con nosotras. Las mujeres aceptábamos debido al sufrimiento, puesto había nada para comer, ni agua para beber o para lavarnos. A veces traían galletas para los niños, pero sólo las daban a las mujeres que aceptaban tener relaciones con ellos Los niños lo presenciaban todo y lloraban mucho a la llegada de los policías o soldados. A una mujer embarazada, que intentó resistirse la molieron a patadas en la barriga hasta que abortó.”
TAMBIEN EN EL ENCLAVE DE CABINDA
HRW entrevistó a más de cien víctimas y testigos de abusos durante las expulsiones del enclave de Cabinda y la rica provincia de diamantes Lunda Norte, los “sin papeles” venían de las provincias congoleñas de Bajo Congo y de Kasai occidental. La mayoría de estos inmigrantes habían entrado en Angola, para trabajar en las minas de diamantes o en el mercado informal.
ACTITUD DEL GOBIERNO ANGOLEÑO
El gobierno de Angola siempre ha negado estos abusos y ha quitado importancia a las acusaciones de violencias sexuales, torturas y tratamientos degradantes e inhumanos durante las expulsiones. En respuesta a las preocupaciones manifestadas durante las visitas a Angola de la relatora especial del Secretario General de la ONU , para la violencia sexual contra las mujeres en conflictos, Margot Wallström, y por el mismo Secretario General, Ban Ki Moon, en 2011, el gobierno angoleño se comprometió a cumplir sus obligaciones internacionales durante la expulsión de inmigrantes irregulares. Sin embargo Angola todavía no ha ratificado la Convención contra la Tortura, ni la Convención de los Trabajadores Migrantes, a pesar de las promesas que hizo, cuando fue candidata a miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2007 y de nuevo en 2010.
PARECE QUE LAS COSAS VAN CAMBIANDO
Abogados de Cabinda informaron a HRW que la policía abrió una investigación sobre la supuesta responsabilidad de tres funcionarios del servicio de Migración y Extranjería por tres muertes. Sin embargo, también han declarado que las víctimas fueron sepultadas inmediatamente después de la autopsia médica, sin que las autoridades permitiesen a los abogados acceder as la morgue y ni siquiera haber informado a las respectivas familias.
“Responsabilizar a los autores de estas muertes recientes en la prisión, – afirmó Lefkow – es un paso dado en la dirección correcta, pero las autoridades todavía deben realizar una investigación adecuada e indemnizar a las centenas de otras víctimas. Mientras que los autores de los abusos no sean llevados ante un tribunal, no habrá garantía contra futuros abusos.”
CONCLUSIÓN
Cuando nos enteramos de estos procedimientos entre africanos, no podemos menos de agradecer el vivir en un estado de derecho. Sabemos que los centros de internamiento españoles no son hoteles de “5 estrellas”, pero a pesar de las deficiencias conocidas, los “sin papeles” deben ser tratados como seres humanos que tienen derechos básicos fundamentales.
