El 1 de julio de 2012, Burundi y Ruanda celebrarán sus 50 años de independencia. El balance que podría hacerse hoy debe tener en cuenta el largo proceso, lento y doloroso hacia la democratización que los dos países han conocido. Este proceso de democratización ha estado ralentizado por una parte por el sistema de partido único (de 1966 a 1992 en Burundi; de 1965 a 1991 en Ruanda), y por otro por las violencias político-étnicas que han caracterizado siempre a los dos países, desde el régimen monárquico hasta nuestros días. Los procesos electorales que han seguido a los que debería haber sido el periodo de transición sufrieron de una fuerte carencia de cultura democrática por parte de los actores en el poder, lo que tuvo un impacto negativo sobre la capacidad de los partidos políticos de oposición para desempeñar su función en la vida política de los dos países. Al mismo tiempo, las organizaciones burundesas y ruandesas de la sociedad civil se batieron para obtener un espacio democrático que les permitiera ejercer su función de “perro guardián” de la democracia.
Con ocasión de los 50 años de independencia, el balance que se podría presentar no es, desdichadamente, muy positivo. En Ruanda, la falta de libertad de expresión y el cierre del espacio democrático son la causa de de la agonía de una sociedad civil que ya no se atreve a expresarse porque ha sido mutilada. Incluso sus representantes más valientes, que todavía osaban expresarse hace unos años sobre la vida política y social de su país, se han callado. Al mismo tiempo, la oposición política ha sido barrida prácticamente del paisaje político como consecuencia de las detenciones de la Sra. Victoire Ingabire, de las FDU-Inkingi, de Déo Mushayidi del PDP, que acaba de ser condenado a cadena perpetua, y de Bernard Ntaganda, del PS-Imberakuri, condenado a 4 años de cárcel. Hay, en consecuencia, en Ruanda una evidente necesidad de que se abra el espacio político y de que se garantice la seguridad para los representantes de los partidlos políticos.
En el caso de Burundi, ya se han evocado con frecuencia las amenazas que pesan sobre la sociedad civil y el debilitamiento de las libertades de expresión para los miembros de las ONG y los medios de comunicación. Hemos sido testigos de la marcha obligada al exilio de representantes de partidos políticos, lo cual ha vuelto a hundir el país en un sistema casi de partido único.
Frente a estas situaciones, observamos que con relación a Ruanda, La Unión Europea y sus Estados miembros practican una política casi ciega de “statu quo”, en nombre de un desarrollo económico del que, en realidad, no se beneficia más que una ínfima minoría de la población. Respecto de Burundi, la UE no se atreve a hacer una crítica abierta de la acción del gobierno y al mismo tiempo asistimos al abandono de este país en cuanto socio receptor de ayudas para el desarrollo. Nos parece que esta actitud de “dos pesos, dos medidas” quita credibilidad a la acción de la UE. Estamos más bien convencidos de que los socios internacionales de los dos países deberían seguir ejerciendo sobre ellos la misma presión para evitar que vuelvan a caer en la situación de 50 años atrás.
Donatella Rostagno, Secretaria Ejecutiva AI de EurAc
www.eurac-network.org
(Traducción de Ramón Arozarena)
