Las informaciones y análisis sobre la situación en Ruanda son contradictorios. Unos alaban los progresos en términos de infraestructuras, desarrollo económico, seguridad social e incluso política de reconciliación. Otros denuncian el abandono de zonas rurales, la corrupción, la ausencia de libertades, la represión, así como el foso creciente que separa a ricos y pobres. Que Ruanda está progresando es una evidencia. Si no lo hubiera hecho en los 18 años que el FPR tiene el poder sería algo totalmente anormal. Pero el hecho de que ese desarrollo va acompañado de importantes efectos perversos es, desdichadamente, algo también innegable.
En el artículo que sigue a continuación, vamos a ver cómo la yuxtaposición de políticas sociales, agrícolas, comerciales y otras, que individualmente son plenamente justificadas por las autoridades, conduce inexorablemente al empobrecimiento y a la marginación de la gran mayoría de la población ruandesa, la que vive en medio rural y no gravita en torno a las esferas del régimen que manda en el país. Ahora bien, estas políticas, en su gran mayoría, están financiadas y sostenidas más o menos directamente por la cooperación internacional, bilateral o multilateral. Por lo tanto, es esencial que los donantes de fondos capten la importancia de los perversos efectos de las políticas llevadas a acabo antes de que, empujadas al límite por la miseria, las poblaciones mueran o se rebelen violentamente.
En el terreno agrícola, el gobierno ruandés ha lanzado un vasto programa de revisión de cultivos con el objetivo de promover los más adaptados a cada una de las regiones, de manera que se pueda aumentar la producción agrícola en un mundo constituido en un 90% por pequeñas empresas familiares. Desafortunadamente, la exigüidad de las parcelas familiares es tal que para cumplir adecuadamente las directrices oficiales, los campesinos se han visto obligados a sacrificar los cultivos de autosuficiencia alimentaria en provecho de monocultivos, idénticos en cada una de las regiones agrícolas. Por otra parte, las autoridades, bajo esta misma óptica productivista de monocultivos, han requisado las zonas de marismas, las más fértiles y tradicionalmente reservadas para la producción de alimentos y de hortalizas. Los campesinos han sido expulsados de estos terrenos fértiles y empujados a los flancos erosionados de las colinas. El fenómeno se ha amplificado con los proyectos de cultivos para producir biocarburantes. El gobierno, que quiere navegar sobre “la ola verde” se ha lanzado a ciegas sobre este tipo de cultivos, cuando incluso desde instancias internacionales se alerta/denuncia sobre los perversos efectos que ello tiene sobre la alimentación de los pequeños campesinos.
El gobierno, en su deseo de racionalizar el comercio, ha comenzado a revisar las condiciones de acceso al comercio de los productos agrícolas. Al hacerlo, ha limitado el acceso al comercio al por mayor a unos cuantos comerciantes importantes, creando por ello un desequilibrio de tipo monopolístico, ampliamente desfavorable para los pequeños productores, que, no sólo no tiene capacidad alguna de fijar los precios, sino que no logran comprar las producciones de otras regiones a fin de equilibrar el régimen alimenticio familiar. Este fenómeno se agudiza más todavía con las directrices draconianas que limitan el acceso a los mercados. No solo no hay prácticamente más producción de hortalizas y productos alimenticios, sino que el acceso a los mercados está limitado por la exigencia de tasas prohibitivas que se perciben a la entrada, antes de la venta, a quienes desearían dar salida a su pequeño excedente de producción.
Como sucede en todos los países de fuerte presión demográfica, Ruanda está confrontado desde siempre a un problema de escasez de leña. La madera es no solamente el combustible casi exclusivo de la población rural, sino que además los árboles son los únicos medios eficaces para luchar contra la erosión masiva de suelos en pendiente de las colinas ruandesas. Por eso, es importante proteger el bosque y promover la reforestación. Con toda lógica, las autoridades han adoptado medidas para proteger el bosque; pero desdichadamente su puesta en práctica es más coercitiva que participativa y está produciendo efectos desastrosos. Hoy resulta extremadamente difícil para un campesino obtener el permiso para cortar un árbol de su propia reforestación, aunque se comprometa a replantarlo en otro lugar. Ni siquiera se le permite recoger leña seca. La consecuencia principal es que los campesinos se ven obligados a no cocer los alimentos más que dos o tres días y, sobre todo, a evitar alimentos que exigen una cocción prolongada, como las alubias o guisantes. Ahora bien, estos alimentos son los únicos que aportan proteínas a estas familias en las que la carne está ausente de su régimen alimenticio por razones económicas.
Si se yuxtaponen los efectos para los pequeños agricultores de los monocultivos forzosos, de la cuasi-desaparición de cultivos de huerta, de la pérdida de control sobre los precios de venta, de la limitación del acceso a los mercados y de la falta de leña para cocinar, se obtienen consecuencias desastrosas, no solo para el poder de compra de las poblaciones rurales, sino también para su salud, debido a los graves desequilibrios alimenticios. Vuelven a aparecer en Ruanda casos de Kwashiorkor (déficit proteínico) en adultos, enfermedad antes exclusiva de los niños en el periodo del destete.
Las autoridades ruandesas ponen de relieve su sistema de seguros sanitarios, universal según ellas, que garantizaría el acceso del conjunto de la población a la sanidad por medio de una cotización “módica”. El primer interrogante está en el carácter realmente “módico” de la cotización. Una parte amplia de la población no posee la suma necesaria para pagarla y esta parte es precisamente la que, a causa de su condición de pobre, es la más necesitada de atención sanitaria. Por eso, se constata una importante desafección de las estructuras de salud por parte de pacientes incapaces de pagar. La gente se queda en casa y sucumbe ante enfermedades perfectamente curables o fácilmente evitables, porque no puede pagar esa “módica” cotización. El segundo interrogante concierne la cobertura de la cotización a la mutua. Efectivamente, permite el acceso al centro de salud más próximo, pero no da derecho a ninguna intervención en caso de traslado hacia un hospital, esto es, en caso de patología más severa y de intervención quirúrgica, que implican gastos más elevados. En medio urbano, el hospital es a menudo el centro de referencia y en consecuencia la cobertura está asegurada.
Las autoridades ruandesas han emprendido un amplio programa de embellecimiento y limpieza de los lugares públicos. Uno no puede menos que alabar la desaparición de las inmundicias que jalonaban las calles de Kigali. Pero esta carrera hacia las apariencias se ha hecho en detrimento de las poblaciones más débiles. Los habitantes de barrios populares, que coexistían al lado de barrios acomodados, expropiados con cuatro perras, no logran realojarse y son expulsados lejos de los centros y de sus lugares de trabajo. Han sido expulsados de la ciudad quienes no calzan zapatos cerrados y las populares sandalias de plástico no son toleradas. Los taxis-bici, que transportan mercancías o personas han sido también eliminados de las carreteras asfaltadas, con lo que muchos han perdido su “ganapan” diario. En el medio rural, las campañas de ”salubridad” han arrojado a más de 400.000 personas fuera de sus viviendas en plena estación de lluvias, ya que los tejados de paja, según las órdenes del gobierno, debían desaparecer del paisaje ruandés. Estas casas redondas tradicionales, perfectamente adaptadas al clima ruandés, pertenecían en su mayoría a los sectores más pobres que no disponen de medios para comprar las tejas o las chapas onduladas exigidas. A estas medidas hay que añadir un número incalculable de impuestos de todo tipo, a menudo mínimos pero acumulativos y que si no son pagados llevan al infractor a la cárcel o queda privado de acceso a los servicios públicos y a la administración para obtener la documentación precisa en un Estado tan organizado como Ruanda.
El gobierno, que practica una intensa comunicación cara al exterior, parece que sólo conoce la coerción como medio para que sus medidas sean aplicadas en el interior. Numerosos proyectos de de desarrollo de zonas rurales están apoyados por fondos internacionales, concretamente europeos. Desafortunadamente, su distribución a grupos de población agrícola relativamente acomodados, pero muy poco numerosos, impide cualquier efecto redistributivo de mejora económica. Es lo que ha demostrado la investigadora de Amberes An Ansom (1). Para que la ayuda a los agricultores tuviera un efecto redistributivo y elevara el nivel de vida de la mayoría de la población, sería preciso que esta ayuda llegara al mayor número de campesinos, a esos que están en el límite de la supervivencia y que podrían mejorar de manera sustancial sus rentas con un pequeño empujón de ayuda. La afectación anual de la ayuda a los medios rurales más acomodados crea una desigualdad creciente entre ricos y pobres y refuerza la exclusión de la gran masa de ruandeses del sistema económico ruandés.
Es la misma constatación que se hace en el análisis de los movimientos asociativos y cooperativos así como en el tema de la concesión de créditos y microcréditos. Las condiciones legales dictadas son tales que por una parte se desmotiva la creación de asociaciones sin ánimo de lucro en provecho de de agrupamientos cooperativos con vocación económica. Lo mismo sucede con las asociaciones culturales o sociales; las autoridades temen que se transformen en grupos de presión o de reivindicación política. Sólo son impulsadas las cooperativas con fines económicos, los grupos de producción, que seguirán estando bajo la estrecha vigilancia de las autoridades además de sometidas a una plétora de obligaciones legales y administrativas. Esto elimina a los campesinos pobres cualquier posibilidad de crear agrupaciones, dada la tecnicidad de las obligaciones previas indispensables.
Con el pretexto de racionalización de la administración territorial, los ruandeses han visto cómo el paisaje socio-administrativo sufría una importante mutación estos diez últimos años. Los municipios se han convertido en distritos y han sido totalmente redefinidos. Numerosas estructuras han perdido su referencia territorial de actividad, su homogeneidad e incluso su capacidad de funcionamiento. Pero, sobre todo, la ampliación de las colectividades territoriales ha tenido un efecto desastroso con relación a la accesibilidad de las poblaciones a la administración. Antes, cualquiera podía hacer en un solo día la ida y la vuelta a las oficinas administrativas para realizar gestiones, participar en reuniones; ahora, esto es imposible para la mayoría. De este modo, los contactos entre autoridades y población solamente se producen en el contexto de actividades de control o percepción de impuestos; las autoridades no pueden, materialmente, conocer a sus administrados, que se convierten en una masa anónima alejada por kilómetros de distancia.
Ruanda se vanagloria de que los establecimientos de enseñanza superior se han multiplicado. Numerosas funciones, incluso subalternas, están reservadas a los poseedores de diplomas universitarios (sea cual sea el valor real de éstos) Incluso un alcalde de distrito o un concejal de sector debe estar en posesión de un máster. Esto plantea la cuestión, ante todo, de la naturaleza de la función. ¿Se trata de funcionarios, en cuyo caso se puede plantear unas condiciones de acceso a la función, o, más bien, se trata de mandatarios y por lo tanto se planeta la cuestión del carácter democrático de su elección de candidatos seleccionados? La actual necesidad de poseer un diploma superior es un lujo inaccesible para los más pobres. Por otra parte, las autoridades, al suprimir 17.000 de las 22.000 becas, han privado a miles de jóvenes de origen humilde de cualquier esperanza de encontrar un puesto de trabajo. Es deplorable que no se haya hecho esfuerzo alguno para promover el acceso a la enseñanza técnica y profesional en un país que carece cruelmente de técnicos.
Este artículo, desdichadamente, no ofrece más que una ojeada sobre los perversos efectos de la yuxtaposición de las políticas aplicadas por las autoridades ruandesas. La lista está lejos de ser cerrada y podría alargarse rápidamente. Es indispensable que los donantes de fondos sean conscientes de que las ayudas que otorgan pueden convertirse en parte del problema más que servir a resolver o mejorar las condiciones de vida de las poblaciones más vulnerables, cuando dichos fondos sostienen políticas que generan tantos efectos perversos, como son la marginación de las poblaciones, el crecimiento de las desigualdades entre ricos y pobres, entre urbanitas y rurales. Queda por determinar si esta marginación y empobrecimiento son el resultado de una opción deliberada de las autoridades ruandesas o bien se trata de errores o de una falta de reflexión profunda. Sea como sea, nos parece urgente lanzar una voz de alarma. El empobrecimiento de la mayoría de la población, que es campesina y vive con ingresos inferiores a 1 dólar al día, no puede conducir sino a resultados desastrosos; en el mejor de los casos, a la lenta agonía de un pueblo que el miedo ha convertido en amorfo, y en el peor de los casos, a nuevas llamaradas de violencia por parte de una población desesperada, violencia que podría explotar provocada por cualquier chispa o por la influencia de algún agitador.
Hay que tener presente también en la mente lo que el general Paul Kagame dijo hace ya más de 10 años hablando de Ruanda: “Si es preciso, vaciaré el tonel con una cucharilla”. La inmensa mayoría de los ruandeses, que tiene una memoria colectiva muy viva, percibió en esta pequeña frase el designio del general Kagame de eliminar de Ruanda a todos los que no se casaran con sus objetivos políticos o que discreparan con él, a fin de crear en el seno de la población de Ruanda una nueva forma de “equilibrio”.
Bénédicte van Cutsem
Publicado en «Rencontres pour la paix», avril 2012.
Traducción de francés: Ramón Arozarena.
(1) An ANSOMS: “Resurrection after Civil War and Genocide: Growth, Poverty and Inequality in Post-Conflict Rwanda”, European Journal of Development Research, 17:3, pp.495-508, 2005.
